Las encuestas que tocan el tema de la corrupción arrojan un resultado preocupante: la ciudadanía en su gran mayoría considera que las instituciones públicas son corruptas o carecen de vocación de luchar contra la corrupción. La mayoría son corruptos (se salvan la ONPE, la Defensoría y alguna otra). Esta imagen tiene algo de injusta, en la medida que contamos con casos de instituciones profesionales y políticos honestos en todos los niveles de gobierno. Además, en los últimos años y tal vez por el trauma de los noventa, varias instituciones se han vuelto muy cuidadosas en sus procesos de compra. Sin embargo, considero que la imagen todavía tiene mucho de cierto. Probablemente nace de la experiencia directa de los ciudadanos en su trato con la administración pública así como de las noticias sobre conductas corruptas que le llegan en abundancia.

Lo que muestran estas respuestas es que para los peruanos estas conductas ilegales no son excepcionales, sino de formas de corrupción normalizadas que plagan al Estado. Lo que perciben los ciudadanos es la existencia de espacios donde los intereses privados y políticos se imbrican con los intereses de funcionarios estatales para torcer las reglas en beneficio de particulares. Lo que me interesa resaltar en este artículo es que, a pesar de saber que existe corrupción, los ciudadanos muchas veces no conocen la dimensión y particularidades de la misma. Probablemente al responder están pensando en tipos de corrupción que pueden conocer directamente o que suelen ser resaltados por la prensa: corrupción judicial, grandes licitaciones amañadas a todo nivel, conductas ilegales en la policía, mafias en la provisión de servicios sociales, entre otros.

Sin embargo, al lado de estas conductas conocidas hay otros espacios corruptos que recogen menor atención. Mientras el ciudadano común sabe o intuye dónde se localiza parte de la corrupción, sea por su experiencia o por lo visto en prensa, también hay otros lugares con los que está menos familiarizado. Estos espacios no suelen tener contacto con el público en general y recogen menos atención en prensa. Al no recibir atención, estas zonas de corrupción quedan libres de fiscalización, invisibles, y por tanto con mayor impunidad.

Les propongo tres espacios de corrupción que están menos presentes en la opinión pública y que también causan daños enormes al país. Pero sin duda hay muchos más. No quiero atribuirme el descubrimiento de estos espacios, expertos en corrupción, burócratas honestos y académicos trabajando en estos temas los conocen bien. De hecho, aprendí sobre ellos conversando con estas personas y en un par de investigaciones que vengo realizando sobre temas distintos a la corrupción.

El primero son las obras públicas a nivel regional y local. Se suele señalar al mal gusto como el principal responsable de monumentos y plazas monstruosas en todo el país. El gusto “cultural” es lo que explicaría todos esos monumentos y bulevares a la nada: fierro y cemento cada diez metros. No seamos ingenuos. Más importante que el mal gusto es el costo de la obra. Un secreto a voces en regiones y municipios es el cobro del llamado “diezmo”, un pago que recibe la autoridad de quienes ganan la ejecución de la obra. Y a más cemento y fierro, más diezmo. Cuando usted vea un alcalde desesperado por renovar su plaza no solo piense en afanes electoreros populistas salpicados de un gusto infame: el cemento paga, permite beneficiar a privados que te apoyaron en campaña e incrementar la cuenta de banco. 

Una segunda área que merece más atención son las oficinas encargadas de adquisiciones en el gobierno central, donde también los intereses de políticos, burócratas y privados se mezclan. Hay proveedores que siempre ganan los concursos, aunque no siempre bajo el mismo nombre. Oficinas que son más ágiles para comprar que para reparar equipos malogrados. Y las reglas formales diseñadas para darle transparencia al proceso son instrumentalizadas para simular concursos y buenas prácticas. El problema no se soluciona con más rigidez, por supuesto: siempre hay espacio para sacarle la vuelta al proceso. El problema se soluciona con mejor control y mejor burocracia, pero sabemos que es más fácil decirlo que hacerlo.

Finalmente, las universidades públicas. En este caso es una corrupción distinta, menos dirigida al enriquecimiento que al control de recursos y mantener el statu quo. Las redes de clientela que permiten la elección de autoridades pertenecientes a la misma argolla son una tara de la universidad pública. Estos grupos, en los que también se incluyen a representantes estudiantiles, terminan afectando la meritocaria y la calidad académica pues toda reforma es un peligro contra el control de las argollas. Estos grupos dan preferencia a la fidelidad sobre el mérito. Me topé con una elección de rector en la que el tercio estudiantil votó en bloque por un candidato. Más que casi imposibles coincidencias ideológicas, lo que se menciona es la negociación en bloque. Por supuesto, en la universidad privada también encontramos conductas abusivas de sus dueños, sumada una débil fiscalización que ha llevado a que florezcan universidades-garaje de calidad ínfima. Sea por deficiencias del sistema público o de la universidad privada, no estamos educando al capital humano necesario para escapar de la trampa de ingreso medio. En vez de pensar pragmáticamente sobre cómo mejorar la calidad y atraer buenos docentes, ambos espacios andan más preocupados en defender su mal entendida autonomía.

La prensa tiene especial culpa en este caso. Presentan al radicalismo, senderista o maoísta, como el principal problema de la universidad pública. Pero dejan de lado la calidad de la misma y la corrupción a su interios, en mi opinión el problema mayor. Radicales obtusos hay, pero son pocos frente a una mayoría de estudiantes que merece una mejor educación. Apunten sus cañones a esas argollas que usan el discurso de la autonomía para oponerse a la meritocracia.

Con seguridad hay otros espacios donde se ha normalizado lo tramposo y lo ilegal que suelen escapar a la percepción de la opinión pública: beneficios penitenciarios, peritajes oficiales, entre otros. Un aspecto clave para enfrentar esta normalidad es dejar de repetir que los problemas son de algunos malos elementos, no de las instituciones. Los incentivos del sistema real que se esconde tras la formalidad llevan que hasta los buenos elementos tenga que aprender a jugar el juego corrupto. El problema es mucho más profundo que detectar a esos malos elementos. Entender así la corrupción nos lleva a reconocer el enorme esfuerzo necesario para enfrentarla adecuadamente y lo inadecuado de muchas respuestas actuales.