Se estima que el 20% de la población peruana pertenece al sector rural. De esta, el 40% es pobre y otro 40% se encuentra en situación de vulnerabilidad, lo que significa que puede verse afectada fácilmente. Uno de los principales problemas que afronta  este sector son los deficientes servicios de salud con los que cuenta.

La prevalencia de enfermedades infectocontagiosas, por ejemplo, no han variado significativamente en las zonas alejadas en los últimos años, así como las causas de mortalidad. Y no tendrían cómo hacerlo si los servicios que se brindan y la falta de acceso a los mismos se han mantenido casi inalterados por décadas. Las barreras económicas, geográficas, culturales, y los factores condicionantes de insalubridad siguen castigando a esta zona. Así tenemos que mientras que casi el 90 % de viviendas en área urbana se provee de agua por red pública, en el área rural solo lo hace el 71,3% de las viviendas. No es extraño, entonces, que siga siendo importante la presencia de enfermedades infecciosas como diarreas, malaria, dengue, leptospirosis y  hepatitis virales. Si agregamos a ello la escasa educación, factor indispensable para la promoción de la salud y prevención de enfermedades, la situación se explica sola. Hasta un 80 por ciento de los adolescentes con lenguas nativas distintas al español, quechua o aymara, no culminan la etapa escolar a tiempo, lo cual afecta su situación frente a temas de salud mental y salud sexual. Las altas tasas de embarazos en adolescentes, en zonas rurales, acentúan la pobreza de estas regiones y suponen una mayor dificultad para su desarrollo.

De otro lado, la deficiente oferta de servicios de salud a nivel nacional que ha ido empeorando en el área rural cobra mayor relevancia. A la falta de infraestructura adecuada, insumos y medicamentos suficientes, se suma la brecha irresuelta de profesionales de salud que puedan brindar la atención adecuada, oportuna y de calidad a la población más vulnerable.

En el Colegio Médico del Perú se tienen registrados ochenta y seis mil médicos, de los cuales alrededor de setenta mil se encuentran activos. Es un número aparentemente adecuado; sin embargo, la desigual distribución en las regiones es alarmante. De cada diez médicos colegiados, seis se concentran en Lima y Callao. El 40% restante se distribuye también inequitativamente entre algunas regiones, dejando en  mayor desventaja a las zonas más alejadas y dispersas del país.  Esta situación se hace más notoria en los casos de los médicos especialistas. Algunas regiones solo cuentan con un solo cardiólogo, o solo un psiquiatra. Las regiones más afectadas son Madre de Dios, Cajamarca, Amazonas, Huánuco, Loreto,  que son, coincidentemente, las que poseen amplias áreas con poblaciones en quintiles de pobreza y pobreza extrema.

Esta situación de inequidad para las regiones, se explica, en parte, como consecuencia de la falta de políticas de recursos humanos que apunten a reclutar a profesionales de salud a zonas alejadas y, sobre todo, generar condiciones e  incentivos económicos y no económicos para retenerlos. La realidad muestra lo inverso, se ofertan plazas laborales bajo la modalidad CAS, con remuneraciones muy inferiores a las ofertadas en las zonas urbanas, a veces la mitad o menores inclusive. Esta situación no solo denota insensibilidad ante el problema, sino maltrato a los profesionales de salud, que pretende institucionalizarse en las entidades públicas. Así se ha denunciado en varias regiones del país, y en el mismo Minsa, que incurre en esta falta.  Aun cuando el mismo Estado ha demostrado que la dotación adecuada de recursos humanos impacta positivamente en el control y solución de problemas sanitarios, tal como ocurrió en algún momento en regiones como Apurimac y Ayacucho con la muerte materna, por ejemplo.

Uno de los factores que han mantenido esta situación de desventaja en las zonas rurales es el servicio rural urbano marginal en salud (Serums), que fue concebido sustituyendo al servicio civil de graduandos (Secigra) como respuesta a la carencia de recursos humanos en zonas rurales y urbano marginales, para mejorar el acceso a la salud de esta población y contribuir con su bienestar.

Después de cuatro décadas operando, se ha convertido en un sistema perverso que no solo no contribuye al desarrollo de las zonas rurales, sino que perpetua su condición. Algunas consideraciones que lo explican son: los médicos jóvenes recién graduados se ven obligados a cumplir con el Serums durante un año, porque si no, no se les permite participar de los programas de especialización, limitando el  derecho a su desarrollo profesional, además de ser excluidos para laborar en los servicios de salud públicos. Ambas situaciones son  inconstitucionales. La  alta rotación del personal de salud, que cada año deja el puesto a un nuevo serumista, impide que la población tenga la posibilidad de un mayor desarrollo, no solo de sus servicios de salud sino de su desarrollo general. Pero lo más inverosímil es que se mantenga la modalidad de “serums equivalente”, es decir que el médico que labora bajo esta modalidad lo hace sin remuneración. Es decir,  el Estado incumple flagrantemente con una condición laboral básica: remunerar un trabajo realizado.  Cada año el Ministerio de salud presupuesta alrededor de un tercio de sus plazas como equivalentes para serumistas, cabe entonces preguntarse si al Estado le interesa realmente mejorar la situación de salud de la población rural y urbano marginal del país con estas consideraciones y presupuestos.

Urge la necesidad de un cambio drástico en la política de salud en el país, especialmente en lo relativo a los recursos humanos. Debe diseñarse un plan de desarrollo integral, como parte de las políticas públicas, que además contemple la implementación  de infraestructura adecuada en el primer nivel de atención, que como se sabe puede controlar y resolver hasta el 80% de problemas de salud.

Próximos a celebrar el bicentenario de la patria, pareciera que desde el Gobierno no se ha considerado cabalmente resolver esta situación de peruanos de distintas clases, que en zonas alejadas y dispersas como en Iquitos y Madre de Dios fallecen de enfermedades que fácilmente pueden ser resueltas en zonas urbanas. Inequidad que en este tiempo resulta inaceptable.