Las relaciones sociales en nuestros vecindarios, entre comunidades, entre empresas y comunidades, etc. pueden estar afectadas por desencuentros, tensiones y disputas. Sobre todo en nuestro país, una sociedad de post conflicto interno, donde aún no han quedado reconciliadas las relaciones sociales, sanadas las heridas, cambiado los patrones de conducta intolerantes, etc., ¿quiénes pueden decir que en su entorno no se viven tales situaciones? Nuestro mayor esfuerzo ha estado dirigido a manejar las situaciones de crisis, a pesar de que todos coinciden en que es mejor la prevención. Sin embargo, es más fácil decirlo que poner en práctica el cambiar el manejo de crisis por la prevención. Quizá esta es una pregunta a la que hay que dirigir nuestra mirada y esfuerzos de investigación para identificar las condiciones en las que las personas y grupos humanos aprenden a convivir armoniosamente, y así previenen la ocurrencia de los conflictos. En aquellos casos, los actores han desarrollado buenas prácticas, pauteado sus relaciones, creado mecanismos y procedimientos para conversar, aprender conjuntamente, des escalar y o resolver el problema de fondo en torno a situaciones difíciles de conflictos. Las investigaciones en nuestro continente y alrededor del mundo muestran variedad de experiencias a nivel local y regional en la que los actores han logrado ser más efectivos -y con menor costo humano, social, cultural, económico y político- en la prevención y en la solución de los conflictos.

Sin embargo, en aquellas otras situaciones en las que las personas no han logrado convivir armoniosamente y resolver sus problemas, el elemento en común es que de no ser atendidas oportuna y satisfactoriamente pueden desencadenar situaciones más complejas de conflictos y hasta crisis entre las personas, grupos, Estado, empresas. Además del problema de fondo sobre el que están reclamando o disputándose una solución los diferentes actores, hay un trasfondo de malas relaciones entre las partes. Muchas veces este relacionamiento tiene meses, años y hasta décadas de deterioro y desconfianza. Mientras los actores y los técnicos pueden buscar entender la problemática y decantar la mejor solución, el relacionamiento conflictivo entre los actores es de mucha preocupación y sigue minando todo esfuerzo de diálogo y búsqueda de solución conjunta.

En el campo de la transformación de conflictos, las intervenciones que han considerado impactar el relacionamiento conflictivo han intentado: acordar nuevos comportamientos entre los actores mientras exploran las opciones de solución; sensibilizar y educar para mejorar las actitudes de unos a otros; y, cuestionar y cambiar las percepciones que se crean y endurecen durante el proceso del conflicto. Lo cierto es que los cambios en el relacionamiento conflictivo entre los actores que ha probado ser más sostenible es cuando se generan los compromisos y las transformaciones en esos tres niveles de la relación entre las personas. Este tipo de compromiso y convencimiento entre los actores se ha categorizado como la “fuerza más poderosa” en el tratamiento pacifico no-violento de los conflictos.

Sin embargo, por ahora, es la otra definición del uso de la fuerza la que nos trae a la reflexión en este artículo, la de la intervención de las instituciones del Estado que están legitimadas para usar la fuerza en situaciones de conflicto. Este tipo de uso de la fuerza puede lograr ‘parar’, ’pausar’ y ’contener’ los comportamientos confrontativos entre los actores en el corto plazo, pero, no logrará impactar o cambiar las actitudes, ni mucho menos las percepciones. Por el contrario, investigaciones en la psicología social en los conflictos nos indican que las actitudes se endurecen y se generan percepciones, narrativas y racionalizaciones que justifican las acciones más extremas de ataque y o defensa, lo cual acelera la espiral de escalamiento del conflicto. Por tanto, si el uso de la fuerza puede tener estos efectos negativos en el desarrollo de un conflicto ¿cuál es su utilidad?

Solo durante la etapa en la dinámica del conflicto de eminencia de la crisis, de crisis, y de post-crisis, el uso de la fuerza tiene sentido como manera de recuperar la situación parando, pausando, y conteniendo a los actores que están en una vorágine de acciones altamente confrontativas y con grave riesgo a los derechos humanos de la vida y la seguridad de las personas. La intervención en ese momento es para generar treguas, establecer zonas de paz, realizar ayudas humanitarias, negociar el inicio de un proceso de diálogo, reestablecer la calma, etc. El uso de la fuerza es para darle el paso o la oportunidad a un proceso distinto de diálogo, no es para tomar posiciones en defensa de unos y en perjuicio/represión de otros. La normativa internacional para la intervención en crisis ha incorporado una perspectiva de transformación de conflictos que considera en el uso de la fuerza los valores como la proporcionalidad, la oportunidad y el principio del respeto a la vida que está puesto en juego. Por tanto, el uso de la fuerza es legítimo y creíble solo en esos contextos y condiciones. Sin embargo, cuando el uso de la fuerza es utilizado como metodología en el manejo del conflicto para “neutralizar” comportamientos, actitudes y percepciones, se convierte en ilegítimo. Cuando el uso de la fuerza es usado para proteger las instalaciones de uno de los actores –como es el caso de los contratos entre el Estado y la Empresa-, se convierte en parcializado. Cuando el uso de la fuerza es utilizado como estrategia de manejo del conflicto –como los estados de emergencia prolongados- este pierde efectividad, y posiciona aún más a los actores.

No es de extrañar que miembros de la PNP se hayan sentido utilizados como ‘parches’ para las situaciones que no han podido resolver los políticos o funcionarios. El caso de Bagua demuestra trágicamente la pretensión de resolver por la fuerza una situación que evidenciaba la incapacidad y posicionamiento de los políticos de aquel entonces. Por el contrario, el caso del General Jordán en el Puente Montalvo demuestra la inteligencia, buen criterio y coherencia para resistirse a la presión política del mismo ex presidente García para manejar una crisis con el uso de la fuerza cuando no era apropiado, ni razonable. La “solución del caso Conga en unos cuantos meses” aplicando el uso de la fuerza como lo proclamó el Primer Ministro Valdez, es otro ejemplo de mala gestión de conflictos, en las que su estrategia llevó a una crisis social, económica y política extrema, y sin ningún resultado positivo para ninguna de las partes involucradas.

Todos estos casos son un buen ejemplo del cálculo político que realizan algunos sectores y que llevó a la ilusión de poder lograr sus objetivos a través de las estrategias del uso de la fuerza en el corto plazo. Esa tendencia en el razonamiento ha sido identificada como una de las dinámicas psicológicas que se desarrolla durante los conflictos en el que los actores refuerzan al interior de su grupo la idea del éxito cercano, de invencibilidad, de la derrota inminente del otro, etc. Nada más peligroso que desarrollar percepciones que se autoafirman y que los alejan de la realidad.

Un instrumento que está por lanzar la Defensoría del Pueblo, el Índice Multidimensional de Costos de los Conflictos Sociales, permitirá monitorear sistemáticamente los costos generados por los conflictos en determinadas áreas o regiones geográficas, y a partir de eso, medir el impacto de las estrategias del sector público para gestionar los conflictos. Como ha ocurrido en varias situaciones, parte de las estrategias utilizadas para la gestión de los conflictos –incluyendo la del uso de la fuerza del Estado- ha sido basada en estilos personales, protagonismos, objetivo político, frustración, criterio personal, mitos profesionales, etc. pero con poca evidencia empírica de por qué el uso de la fuerza no puede ser la perspectiva, la estrategia, ni la metodología para resolver un conflicto. El reducir el rol de la policía al uso de la fuerza, o como dicen algunos a ser “carne de cañón” durante los conflictos es perder de vista su verdadero potencial de contribuir al desarrollo y a la paz social a través de la buena aplicación de sus funciones, y de otros posibles roles como de policías mediadores, policía comunitaria, etc. Desde entonces, se han dado algunos pasos importantes como ciertos aprendizajes institucionales, nuevos protocolos en la PNP, y capacidades fortalecidas en los oficiales para incorporar la prevención y el manejo de conflictos en su quehacer durante los conflictos.