El expresidente Alan García tomó con meses de anticipación la trágica determinación de matarse y como dijo en su última carta, dejar a su partido ese gesto de orgullo y a su familia la dignidad de sus decisiones. Quiso sacrificar su vida no para escapar a la justicia como hoy proclaman sus enemigos sino para impedir la indignidad de ser encarcelado sin pruebas como iba a suceder. Truncó los designios políticos de quienes lo consideraban un enemigo temible y un gran trofeo tras las rejas. Los turbulentos días posteriores a su desaparición demuestran que su gesto postrero fue insuficiente para que dejen de perseguirlo y masacrarlo moralmente, aunque ya es cenizas de culto para sus seguidores, que lo admiran y lo seguirán siempre.

Ya hay un antes y un después de la muerte de Alan García no solo en la política, que ya no tendrá su presencia, sino también en el ámbito judicial donde ha surgido una protesta general por el uso indiscriminado de las medidas cautelares de prisión preliminar y preventiva que dejaron de ser la excepción para ser la regla.

El extremo de este abuso se dio contra Pedro Pablo Kucyznski a quien no le respetaron la presunción de inocencia ni su derecho a la vida menos aún su dignidad cuando llegaron a encadenarlo en su lecho de enfermo en una clínica. Y fue peor todavía contra Alan García a quien obligaron a elegir entre su derecho a la vida y su dignidad. Un dilema jamás planteado por una justicia democrática. Y si esto ha sucedido con ex presidentes que en su momento recibieron el honor y la confianza de todo el país que les entregó su destino, que podríamos esperar los ciudadanos de a pie.

La muerte de Alan García es un doloroso no a la lucha contra la corrupción tal como se está llevando, sin respeto a la presunción de inocencia ni al debido proceso que permitirá al imputado argumentar en el juicio oral y actuar pruebas para obtener una sentencia motivada si le toca ir a prisión.

Si hay peligro de fuga la solución no está en encerrar más imputados sin pruebas, el Estado debe asegurar su vigilancia mientras los fiscales se abocan a la debida acusación para iniciar los juicios orales que determinarán la culpabilidad.

El Apra es el histórico partido que perdió las elecciones presidenciales del 2016 con menos de 6%. Aquel en el  que García militó toda su vida, donde tenía sus raíces afectivas y políticas. El Aula Magna se llenó de peregrinos que durante tres días con sus noches, en plena semana santa, lloraron a su líder en una gran movilización. Es cierto que no todos eran jóvenes pero de seguro quienes estuvieron a la cita, los miles de compungidos y llorosos seguidores, ya han decidido impulsar el gran partido que fue, el que logró un presidente durante dos periodos.

El Apra, único partido peruano que pertenece a la social democracia internacional, pasa por una crisis no ideológica pero sí moral. La campaña para asesinar éticamente a García no cesará y sus seguidores tendrán que batallar fuertemente para limpiar el nombre del ex presidente al tiempo de manejar sus rencillas internas para recuperar confianza y legitimidad y superar los problemas judiciales.

Los funerales de García han unido a la oposición y han impulsado a su partido en momentos en que el huracán Lava Jato amenaza con dejar un páramo de líderes y de partidos para que nuevas fuerzas y dirigentes llenen los espacios vacíos. La liquidación política se da a través de la perversa criminalización de los partidos y la desaparición ética de los líderes a quienes colocan chalecos de detenidos sin pruebas mientras son liquidados por los procesos mediáticos que encuentran culpables antes que los jueces. A ello se agrega el efecto de la prohibición de la reelección parlamentaria.

La detención preliminar sigue siendo una medida cautelar excepcional y así debe ser aplicada con suficientes elementos de convicción. No puede ser usada como instrumento de coacción que se impone a los familiares de los investigados, para obligarlos a declarar contra una persona especifica. Eso podría haber sucedido con Miguel Atala y antes con Rolando Reátegui, con delaciones fruto de una estrategia fiscal punitiva. Veremos qué valor dan los jueces a estas declaraciones  en los juicios orales. Mientras tanto el rechazo del juez al pedido del fiscal para encerrar preventivamente al ex Ministro Enrique Cornejo y a su equipo técnico, parece ser una positiva señal de cambio y de reflexión. Que así sea porque la justicia anticorrupción tiene que ser éticamente impecable, respetuosa de las garantías constitucionales. Y su sustento no puede ser la persecución política ni la grita callejera o mediática.