El 2015 volvió a ser un año de protestas, enfrentamientos e infortunados desenlaces. Pero también un año de insistencia en el diálogo, discretos logros y titubeos institucionales. Aquí un recuento de lo ocurrido desde la perspectiva de Rolando Luque, responsable de esta tema en la Defensoría del Pueblo.

En el Perú los conflictos sociales no son episodios de exaltación pasajera en los que un sector de la sociedad cuestiona una decisión del Estado o se pone en guardia frente a alguna amenaza al agua, la tierra o el bosque. La frecuencia e intensidad con que se presentan denotan que estamos ante un mecanismo de impacto que revela, de un lado, una dinámica económica y social vigorosa, con una multiplicidad de intereses que pueden entrar en contradicción; y, de otro, la subsistencia de viejas limitaciones de un Estado que no logra aún encausar problemas complejos por las vías regulares.

La conflictividad social es, entonces, una condición de funcionamiento de las relaciones entre la sociedad, el Estado y el mercado. Es en ese escenario que se afectan o protegen derechos, o que la gobernabilidad democrática sale fortalecida o debilitada, o que las oportunidades de desarrollo se concretan o frustran. Como se ve, es mucho lo que está en juego. Y entretanto no se pongan en marcha reformas institucionales (sistema político, administración pública y administración de justicia) más vale comprender bien la conflictividad social y diseñar formas efectivas de intervención basadas en el diálogo y la ley.

No olvidemos que hasta hace unos años la actitud frente a los conflictos era de negarlos o minimizarlos. Enseguida se fraguaron hipótesis reduccionistas que veían el conflicto como conspiración política, chantaje económico o simplemente disturbios. Hoy, creo, estamos avanzando hacia elaboraciones más complejas que ponen el ojo tanto en la pobreza y las desigualdades como en la precariedad institucional -particularmente la del mundo rural-, o en las exigencias de respeto a las culturas diferentes. Hay que ampliar la visión del conflicto, dejar de verlo como un hecho aislado, sujeto a una causalidad lineal y atado a la violencia.

¿Qué hubo el 2015?
El total de casos registrados es de 258, catorce menos que el 2014. La mayoría son conflictos que se vienen arrastrando de años anteriores. El 2015 se presentaron 47 casos nuevos, diez menos que el año anterior y se resolvieron dieciocho, a diferencia de los 28 del año pasado. Se han retirado 24 casos. La Defensoría del Pueblo depura su registro principal cuando constata que las partes han perdido el interés en mantener las diferencias.

Desde el año 2010 (362) se presenta una disminución del número de los conflictos pero nada que nos lleve -alborozados- a afirmar que estamos pasando a un nuevo momento. Las razones de la disminución no son necesariamente atribuibles a reformas institucionales de gran impacto ni a prodigios de negociación. El terreno sigue siendo inestable, el rato menos pensado se prende la mecha en cualquier lugar del país.

Los conflictos socioambientales son los más numerosos desde el año 2007 y los más difíciles de tratar. El último mes representaron el 69% del total, la mayoría de ellos vinculados a la minería. Las causas de este tipo de conflicto tienen que ver en un 56.4% con problemas ambientales y sociales; en 24.8% de los casos, la población rechaza el inicio de las actividades extractivas; y, en un 18.8% la causa es el incumplimiento de compromisos contraídos por el Estado o las empresas.

Pero, la consecuencia más lamentable de los conflictos sigue siendo la violencia. En el 2015 murieron 19 personas (16 civiles y tres policías) y 872 resultaron heridas (422 civiles y 450 policías). Este último es de lejos el resultado más alto en los catorce años de trabajo especializado en conflictos que tiene la Defensoría del Pueblo. El recuento de los últimos cinco años da una cifra alarmante: 90 muertos y 2367 heridos. Este año se promulgó la ley de uso de la fuerza (una recomendación defensorial del año 2012), pero la especialización de la policía en reposición del orden público en el contexto de conflictos sociales sigue siendo literalmente una asignatura pendiente.

Los actores responden
Hay que reconocer avances. En el Estado, la creación de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad como un órgano articulador de las entidades del poder ejecutivo y con línea abierta hacia las regiones, es un paso en la dirección correcta y un punto de apoyo para pensar en términos más sistémicos. Es preciso, sin embargo, tonificar su presencia venida a menos en el último año. Un debate franco al interior del ejecutivo sobre los alcances de su papel, y protocolos de actuación comunes a todos los ministerios ayudarían mucho.

En los gobiernos regionales se ha avanzado más en lo nominal que en lo real. Hay oficinas de conflictos sociales en doce regiones pero con limitados recursos y capacidades. Si bien la mayoría de los conflictos son de competencia legal del gobierno nacional (65.1%), los hechos ocurren en las circunscripciones de los gobiernos regionales y locales. Mirar a un costado puede significar que la ola del conflicto termine arrastrando malamente a las autoridades electas. Más aún cuando los frentes de defensa o comités de lucha les disputan en las calles la representatividad de los intereses de la población.

En cuanto a las empresas mineras y petroleras principalmente, creo que van saliendo de una visión puramente económica a una más social; algunas de ellas se han adscrito a los principios voluntarios de seguridad y derechos humanos y a mecanismos de transparencia como el EITI. Demoraron en comprender que alrededor o encima de las minas y los pozos hay comunidades cuyas culturas y expectativas se debe respetar. Vale mencionar, igualmente, los conflictos por minería ilegal e informal. Es un problema de una gran dimensión pero que despierta la sensibilidad y el interés de agricultores afectados, madereros legales y protectores del bosque sean estos ambientalistas urbanos o etnias compenetradas con su entorno.

Pero también observo una evolución en los liderazgos sociales, son cada vez más pragmáticos y dialogantes. Esto no quiere decir que no haya minorías radicalizadas. Las hay y pueden convertirse en protagónicas cuando la gestión del conflicto va a la deriva. En el caso Las Bambas (Apurimac), la inmensa mayoría de la población quiere el proyecto pero demandan transparencia. Todo cambio de última hora se notifica al pueblo para no avivar sospechas. En Tía María (Arequipa) ni las autoridades electas ni los dirigentes quieren dialogar. La violencia llegó a extremos y las negociaciones bajo la mesa de un dirigente con la empresa le dio al caso un giro judicial. A la fecha todo está estancado. En las cuatro cuencas de la amazonia se inició en serio el cumplimiento de los acuerdos. Agenda histórica, persistencia indígena y promesas de desarrollo, titulación, remediación que empiezan a fluir.

Ojo al proceso electoral
Los electores suelen distinguir cada vez mejor las protestas sociales de las campañas políticas; pero no faltan los candidatos o sus adláteres que buscan aprovechar los descontentos de la gente para llevar agua a su molino electoral. Esta es la primera precaución que hay que tener. Los conflictos sociales en tiempos electorales presentan dudas. La segunda es que las sospechas de penetración de las mafias auspiciando con dinero sucio a candidatos y partidos, es fuerte. Es el turno del servicio de inteligencia, de los fiscales, del sistema electoral. Estamos ante una amenaza que podría sembrar los poderes del Estado de intermediarios del crimen organizado. La tercera, vinculada a la anterior, es que los métodos del hampa –intimidación, chantaje, atentados- se usen contra candidatos, partidos, medios de comunicación, electores, autoridades, con el fin de torcer por la fuerza la voluntad de los ciudadanos.

El 2016 tendremos conflictos sociales, qué duda cabe, pero los próximos cuatro meses serán de una responsabilidad especial. Tranquilidad social, garantías electorales, neutralización de la violencia, es la agenda de los actores democráticos.