Entre la continuidad monárquica y la ruptura independentista

Tratar de entender el dilema catalán tiene varias aristas y diferentes ángulos. Por donde se le mire es un tema que trasciende lo político y que se instala en los diversos planos de la vida cultural, social y económica de esta región, una de las más ricas de España.

Lo que dejó el “Generalísimo”

Acabada la cruel y sangrienta dictadura del general Francisco Franco, que duró 36 años, se instaló el gobierno de la transición liderado por Adolfo Suárez, quien tuvo el encargo de darle a España un nuevo ordenamiento jurídico y una nueva Constitución que plasme las exigencias y demandas de profundas reformas políticas y sociales que exigía el pueblo español.

Una de estas exigencias fue el reconocimiento de un Estado Plurinacional para España planteada por los catalanes, vascos y gallegos. El Estado Centralista, el de la Monarquía, les negó el derecho a la afirmación de su identidad como Nación, y en cambio, les creó las condiciones jurídico-políticas para que esas regiones ejerzan cierta autonomía con algunas competencias para autogobernarse. Desde luego, eso no satisfizo nunca a los catalanes, los vascos y los gallegos, logrando, en el caso de los vascos, un Estatuto Especial con más autogobierno y una mejor capacidad negociadora, en parte por la movilización popular y el conflicto creado por el accionar terrorista de ETA.

El rol de Zapatero

Fue el expresidente de Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), quien por el año 2005 empieza a abordar de manera integral el problema catalán a través de la negociación y aprobación de un Nuevo Estatuto de Autonomía, que contemplaba, entre otros aspectos, el reconocimiento de Cataluña como nación, un nuevo sistema de financiación y mayores competencias para el gobierno de la Generalitat.

Esta medida, que en su momento fue audaz, fue negociada en el gobierno de Zapatero y aprobada por todos los sectores políticos, sociales y económicos de Cataluña, siendo ratificado por el Parlamento Catalán en abrumadora mayoría, sólo con el voto en contra del Partido Popular, y luego fue refrendando por el pueblo vía un referéndum estatutario.

Aprobado el Nuevo Estatuto, que guardaba similitudes al Estatuto del País Vasco, y ratificado por el Congreso Nacional en Madrid, el Partido Popular impugna esta medida mediante un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y detiene todo el proceso político orientado a dotar de mayor autonomía y competencias a Cataluña.

Esto último indignó al pueblo catalán y los partidos nacionalistas radicalizaron su mensaje independentista al entender que no se lograría más autogobierno en el sistema político español actual. Este hecho es lo que le puso la cereza al pastel y lo que hirió de muerte todo el proceso estatutario, sumada a las decisiones políticas del presidente Mariano Rajoy, del Partido Popular, de no permitir la consulta sobre el futuro político de Cataluña, que es lo que finalmente acabó agravando la situación.

Izquierda y derecha unidas, jamás serán vencidas

En Cataluña se expresa una particularidad en el tema independentista. El Partido Demócrata Europeo Catalán, PDeCAT, antes Convergencia y Unión de Jordi Pujol, es uno de los partidos nacionalistas de la burguesía catalana que más tiempo ha administrado la Generalitat y gobernado Cataluña.

De esta misma tienda política son Artur Mas y Carlos Puigdemont, ambos exjefes de gobierno que jugaron un rol decisivo en el proceso independentista y son piezas claves para comprender el entramado político por el que atraviesa la sociedad catalana.

Pero si estos son los principales cuadros del partido de la burguesía catalana, la izquierda también aportó lo suyo, y fue a través de Izquierda Republicana de Cataluña, ERC, y su figura principal, Oriol Junqueras.

Ambos partidos, de ideología diametralmente opuesta y que incluso votan diferente en el Parlamento Europeo sobre temas económicos tan sensibles como por ejemplo la desregulación laboral y los derechos de los trabajadores, coinciden y pactan en el tema territorial o independentista. Tanto el PDeCAT como la ERC han sido los partidos que han sostenido en el Paramento Catalán todo el proceso independentista que ha puesto contra las cuerdas al gobierno de Mariano Rajoy y el Partido Popular.

El progresismo atrapado en su laberinto

Cataluña es una de las autonomías donde una coalición de partidos de izquierda agrupados en el bloque En Común Podemos gobierna la ciudad. Ada Colau es su lideresa y actualmente es alcaldesa de esta ciudad portuaria.

En Común Podemos, participan EIUA (Izquierda Unida de Cataluña); PODEMOS; Barcelona en Común; e Iniciativa por Cataluña. Esta alianza fue la más votada en las últimas autonómicas en Cataluña y aquí viene otro dato a tener en cuenta.

En las dos autonomías donde hay más independentismo como en el País Vasco y Cataluña, la izquierda y la centro izquierda apoyaron En Común Podemos, y pasa que los independentistas perciben que este bloque de izquierda podría ganar nuevamente las siguientes elecciones y tener mayor presencia en el Parlamento Catalán y deciden radicalizar su discurso político y se van a confrontar abiertamente con el gobierno nacional del Partido Popular.

En la contradicción entre Independencia o Monarquía, los términos medios se debilitan, y eso es lo que ha pasado. La postura por un referendo legal y pactado con el gobierno español para decidir el destino de esta región que era la postura de los sectores progresistas agrupados En Común Podemos ha sido relegada y difuminada por los acontecimientos y vaivenes políticos.

Sin embargo, el derecho a decidir de los catalanes si quieren seguir formando parte de España o ser una nación independiente tal y como pasó en Escocia respecto a Reino Unido o en Quebec respecto a Canadá, nunca fue aceptado por el gobierno Rajoy. 

Lo demás es conocido, el gobierno catalán organizó el referendo por su cuenta, el gobierno de Rajoy lo reprime e impide, y los catalanes proclaman una independencia que conduce a su Presidente Puigdemont a Bruselas, y ha parte de sus consejeros a la cárcel acusados del delito de sedición.

21D

Luego de la intervención de la autonomía al gobierno catalán por parte de Mariano Rajoy y el Partido Popular a través de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, se han  convocado a elecciones parlamentarias para el 21 de diciembre.

Esto sin embargo no garantiza que se resuelva el problema catalán, ya que la situación probablemente se vaya a mantener. Asistirán a las elecciones los mismos bloques, por un lado el bloque monárquico que rechaza que Cataluña tenga mayor autogobierno, el bloque independentistas y la izquierda que reclama el derecho a decidir, el derecho a la realización de un referendo. 

Lo más cercano a la realidad es que el sector independentista gane las elecciones, que les dé o no la mayoría absoluta para formar gobierno dependerá de cómo orienten y conduzcan el proceso electoral, ahora matizado y agravado por las órdenes de detención y prisión dictadas desde Madrid en contra de los principales líderes independentistas.

En Cataluña se corre un trascendido en relación a que ERC y PDeCAT, que no van juntos en estas elecciones, puedan pactar un nuevo gobierno con Puigdemont al frente de la Generalitat y Junqueras como Vicepresidente. En esas condiciones, ¿que haría el gobierno de Rajoy? ¿Negociar con los mismos a los que ordenó prisión?

Monarquía versus República

Lo que queda claro y evidenciado en el tema catalán es la crisis del sistema político nacido de la transición. Pero para dar una salida viable y sensata al problema solo hay dos caminos posibles, como son la conformación de un nuevo gobierno liderado por el PSOE de Pedro Sánchez con el apoyo de Unidos Podemos -la formación de Pablo Iglesias-, que reconozca el derecho de la plurinacionalidad del Estado Monárquico; o la refundación del Estado vía una Asamblea Constituyente para instaurar un Estado Federal y Republicano. La segunda es la propuesta de Unidos Podemos y es la más complicada y de difícil realización porque supondría impulsar un nuevo proceso constituyente republicano que llevaría a confrontar directamente contra la Monarquía y su institución, algo para lo cual la sociedad española aún no está preparada, aunque diversas encuestas como la del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) señalan que el apoyo ciudadano a la instauración de una República cada vez adquiere más simpatías y apoyo.