La renuncia de José de Echave al Viceministerio de Asuntos Ambientales desconcertó a muchos que vieron en el team Giesecke-Cabieses-De Echave una esperanza de respeto medioambiental. Las perspectivas eran alentadoras y se preveían políticas coherentes en el sector, un fortalecimiento de éste y nuevas reglas en relación con las empresas extractivas. Pero todo se derrumbó cuando el presidente Humala declaró que la propuesta de su Gobierno era agua y oro, declaración que remató el ex premier Lerner con su “Conga va, pero no de cualquier manera”, desestimando el pedido de las autoridades y pobladores de Cajamarca.

Mientras esto ocurría, la tarea del Ministerio era revisar el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa Yanacocha. De Echave trabajó intensamente con un equipo de veinte técnicos y Giesecke presentó un informe de once páginas en el que se señala que el Proyecto Conga transformaría de manera irreversible la cabecera de cuenca y que desaparecerían varios ecosistemas; que eliminar las lagunas y bofedales “es como meterle dinamita a los glaciares”; que no ha contemplado las posibles filtraciones en las cabeceras de cuenca. La recomendación es que se vuelva a evaluar del proyecto. Para ello se cita el artículo 75.° de la Ley de Recursos Hídricos, que reconoce las cabeceras de cuenca como zonas ambientalmente vulnerables, sujetas a ser declaradas como intangibles.

Bing-bang-buum
El informe creó fisuras al interior del Ejecutivo, porque contradijo abiertamente al entonces ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, quien acababa de declarar que el Estudio de Impacto Ambiental era correcto y tenía el visto bueno del Ministerio del Ambiente. “Nadie corre el riesgo de hacer algo irregular o que afecte severamente el medio ambiente cuando arriesga 4.800 millones de dólares”, aseguró Herrera.

No hay que ser muy perspicaces para imaginar lo que ocurrió a continuación. El desconcierto fue grande cuando apareció un contradictorio ministro Giesecke declarando que el informe que había presentado no afectaba al Proyecto Conga y que solo habían hecho sugerencias para evitar que se repita el error, pero que el Gobierno no variaría su posición. “Lo que hemos hecho es enriquecer el estudio, sugerir cómo se puede perfeccionar, cómo se puede hacer algo completo sobre la base de lo que ya fue aprobado por la autoridad competente, que es el Ministerio de Energía y Minas. De ninguna manera significa que hay que hacer otros estudios y empezar de cero. Como dicen: lo que ya fue cosa juzgada es cosa juzgada”, manifestó.

Esta actitud pusilánime de la autoridad ambiental, combinada con varias dosis de dignidad, motivó la renuncia de De Echave al Viceministerio. “Mi gran pesadilla era que esta gestión termine pareciéndose a la de Brack. Un Ministerio pintado en la pared”, manifiesta el ex funcionario. Justamente, la idea de los profesionales que decidieron colaborar con el Gobierno en la salvaguarda medioambiental era fortalecer el Ministerio del Ambiente; empoderarlo, como se dice en la jerga del sector público.

De Echave es enfático al señalar que en este país no existe autoridad ambiental. Comprobar que cada ministerio es la autoridad en su sector y que le corresponde al Ministerio de Energía y Minas aprobar los proyectos, es como asistir a una obra de teatro del absurdo: la parte interesada, la que promueve las inversiones mineras, es la misma que cautela el ambiente. Poner en sus manos semejante decisión ha sido y es un harakiri ecológico.

En esa misma línea, Carlos Monge, de Revenue Watch Institute, sostiene que los estudios de impacto ambiental deben ser aprobados por el Ministerio del Ambiente para evitar el conflicto de intereses. “El MINAM debe convertirse en un ministerio poderoso, al que debe estar adscrita la Autoridad Nacional del Agua que ahora está en Agricultura, y se debe aumentar el presupuesto del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental para que cumpla su función”, añade.

Debilucho
El temor de que el Ministerio del Ambiente se convierta en la casita de paja de Los tres chanchitos no es infundado. El Ejecutivo ha anunciado una medida que apunta en esa dirección: trasladar el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y la Autoridad Nacional del Agua a la PCM. Es decir, crear un Ministerio del Ambiente II.

Las ONG que trabajan el tema tienen una posición contraria. Javier Torres, del SER, declara: “Si crea una instancia adscrita a la PCM, matan al MINAM. Eso no debe pasar. Es un organismo nuevo, está en construcción. Debe tener recursos, ser un tigre con garras”.

Para Miguel Saravia, del Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina, “esta fusión en un organismo que dependa directamente de la PCM, significa crear una autoridad ambiental paralela, y demuestra que el Gobierno no sabe muy bien por dónde ir”. Saravia sostiene que no existe claridad para abordar la problemática ambiental, mucho menos la relacionada con el sector minero, que provee los recursos necesarios para sostener buena parte de los programas sociales. “¿Tiene el Gobierno una hoja de ruta ambiental?”, se interroga.

Pregunta final: ¿El prospecto de Charles Atlas se convertirá en alfeñique?