El próximo 6 de noviembre se celebran elecciones generales en Nicaragua. El autor reflexiona sobre la situación de la violencia sexual en un país que ha sufrido desde 2008 un retroceso en la protección de los derechos de las mujeres.

El pasado mes de julio tuve la fortuna de visitar una casa muy especial en Managua. Me encontraba en Nicaragua como miembro de una delegación de Amnistía Internacional. Había muchas niñas y algunas mujeres. Recuerdo a una pequeña que bailaba disfrazada de princesa, y a otra ya adolescente que me enseñó las uñas pintadas de color morado fantasía, mientras una tercera me recitaba, orgullosa, un poema sobre la libertad que había escrito en su diario. Todo era alegría y bullicio. Esa era la parte visible. La invisible es que todas estas mujeres habían sido objeto de abusos sexuales y violaciones a manos de familiares u otras personas que se habían valido de su posición de poder sobre ellas. Los hogares en Nicaragua, nos dijeron, son con frecuencia lugares peligrosos para las niñas, ya que cuando sufren abusos sexuales a manos de sus familiares se ven además presionadas para guardar silencio. Uno podía sentir una tristeza adulta en las palabras de Estefany, violada a punta de pistola y con un hijo diminuto entre sus rodillas, cuando nos relataba que su agresor seguía libre, cerca.

Nicaragua es un país conocido por la revolución sandinista que derrocó y mandó al exilio en 1979 a la familia Somoza, tras gobernar el país más de una década. También por haber sufrido un conflicto armado interno, impulsado por Estados Unidos, tras la última etapa del régimen somocista, o por la devastación que causó en 1998 el huracán Mitch, con más de 4.000 muertos. Los turistas también lo aprecian por la belleza de sus volcanes e islas. Hoy Nicaragua debería ser conocido por ser el único país de América que ha sufrido un retroceso desde 2008 en la protección de los derechos humanos de las mujeres, al no permitir el aborto en ninguna circunstancia, ni siquiera cuando la vida de la mujer está en riesgo o cuando una niña sufre una violación y se queda embarazada.

Lo más preocupante es que este retroceso se ha producido en un contexto ya de por sí muy desfavorable para las mujeres. Según la policía, entre 1998 y 2008 se denunciaron en Nicaragua –un país con apenas 6 millones de habitantes- más de 14.000 casos de abuso sexual. Según la Comisaría de la Mujer y la Niñez, entre enero y agosto de 2010 se denunciaron 1.259 casos de violación. En dos terceras partes de estos casos las victimas eran menores de 17 años. También en 2010 se registraron un total de 3.778 denuncias de abusos sexuales, y 39 mujeres y niñas fueron asesinadas. A pesar de ello, muchos perpetradores quedan en la impunidad.

Aún así, estos datos son solo la punta de un iceberg escondido bajo toneladas de miedo. Las mujeres y niñas que sacan fuerzas para denunciar la violación o los abusos sexuales se encuentran a menudo con fiscales y jueces que no cumplen las normas nacionales e internacionales sobre el trato a las víctimas de abuso sexual. Durante nuestra visita, la Corte Suprema de Justicia hizo pública una sentencia que desafía al sentido común y a los derechos humanos, y así se lo manifestamos a uno de sus ponentes y a la presidenta de la Corte. Se trataba del caso de Fátima Hernández, una mujer muy joven que, después de ser violada por su compañero, pasó varios días ingresada en un hospital y tuvo que permanecer un tiempo en silla de ruedas. La Corte redujo la sentencia contra su violador, argumentando que a causa de la ingesta de alcohol, éste “no pudo controlarse”.