Es bueno recordar que para que un gobierno tenga una política efectiva de ciencia y tecnología es indispensable que antes tenga un proyecto político de país. Un proyecto que, habiendo ganado aceptación social, se sostenga, entre otras bases, y de manera orgánica y coherente, en el conocimiento científico, las ingenierías y la innovación institucional.

En cada elección presidencial, una pequeña comunidad de actores sociales intenta que el siguiente gobierno “cualquiera que sea” se aboque a incorporar la Ciencia, Tecnología e Innovación (en adelante CTI) en sus planes y, a esa leve presión social, suelen responder los candidatos con el gesto de incluir una líneas, sin vigor ni rigor, en sus planes de gobierno. Pero es errático lo que se hace fuera del marco de un proyecto político llamado a fijar prioridades con sentido estratégico.

El Plan de Gobierno del entonces candidato Ollanta Humala fue el único entre los partidos que se presentaron a la elección del 2011, en tener un capítulo de Ciencia y Tecnología que era, sin embargo, deficiente y parcial, puesto que lo central de su argumentación se refería al desempeño competitivo de las grandes empresas. El capítulo no trataba de las PYMES, los minifundios, la pesca artesanal, ni de los servicios públicos y la inclusión social, para cuyo fortalecimiento la CTI cuenta con privilegiadas herramientas.

¿Por qué debería tratar de todo esto el capítulo de la CTI del Plan? Sencillamente porque el 80% de la población del país vive de la economía de las pequeñas y medianas empresas que contribuyen con el 60% del PBI nacional. Y porque el 90% de los alimentos que consumimos todos los peruanos cada día lo producen los pequeños agricultores en sus minifundios y los pescadores artesanales con sus pequeñas embarcaciones. El plan no debía pues, esquivar la responsabilidad de la CTI en la promoción y el desarrollo de técnicas de producción, asociación y comercialización para las pequeñas empresas industriales y de servicios y para las unidades alimentarias agrícolas y pesqueras puesto que estas, no obstante producir lo más esencial para el sostenimiento del país, todavía lo hacen con tecnología ineficaz y escasa capacitación y promoción. La CTI cumpliría entonces tanto con asegurar y ampliar el consumo de la mayoría de peruanos, como con su legítima inclusión social.

El capítulo de CTI del Plan tampoco se refirió a los servicios públicos de la salud y la educación ni a las responsabilidades del Estado y las instituciones civiles en la prevención, mitigación y adaptación frente a desastres naturales, cada día más frecuentes en el Perú, y que tienen en la investigación científica y tecnológica y en la reforma de las instituciones un privilegiado ámbito de respuestas y soluciones en el que la perezosa clase política no asoma la mirada.

En efecto, frente a las enfermedades crónicas, epidemias y contaminación de la biósfera, la función de la CTI es poner la salud pública en pie de igualdad con los mejores servicios del mundo sobre la base de conocimientos científicos cuyas fronteras se extienden cada día, y del rico potencial de organización social de las comunidades del país. Asimismo, ante la eventualidad de inundaciones, sequías, deslizamiento de tierras, terremotos y pérdida de glaciares, urge concentrar la investigación científica y la organización poblacional en hacerles frente antes de que ocurran, o en la mitigación de sus efectos y en la adaptación a los nuevos escenarios ambientales. Y para aquellos otros desastres, generalmente más dañinos y de más largas consecuencias que los naturales, producidos por la sobreexplotación y mal uso del suelo, el mar y las aguas territoriales, la CTI y la organización social vuelven a ser la llave de la defensa de la población y de su territorio.

Pero, no obstante todo lo deficiente que fue el capítulo de CTI del Plan de Gobierno, fue el único realmente existente entre los partidos que competían en el 2011 para gobernar el país. Hoy, cuatro años después, debe decirse que se han dado pasos importantes, aunque no decisivos aún, en la orientación del Estado hacia la CTI. La prueba de que en el ánimo del gobierno estaba presente la valorización del intelecto para sustentar el desarrollo integral del país, es el fuerte incremento del financiamiento, desde el 2012 hasta el presente, a la investigación científica, la formación de mayores capacidades científico-técnicas y el fortalecimiento del vínculo universidad-empresa en una medida inédita en nuestra historia. Con todo, debe decirse que lo que discreta y efectivamente ha hecho este gobierno a través del CONCYTEC y de los Ministerios de la Producción y de Economía, contando con la activa participación de algunas universidades y empresas del país, es mucho en comparación con lo que hicieron los gobiernos anteriores pero, todo en uno, muy poco frente al esfuerzo necesario para que la CTI se exprese en todo su favorable potencial. No obstante lo avanzado, seguimos en la cola de América Latina en inversión en CTI, y nuestras debilidades mayores se encuentran, conforme con la estadística del Foro Económico Mundial, en los campos de la educación superior, la innovación institucional y la oferta tecnológica.

En el último año de gobierno del presidente Humala, son indispensables y posibles, dos decisiones: 1) Mantener durante el 2015 y el 2016 la tendencia creciente de financiamiento de la investigación y el fortalecimiento de su equipamiento e institucionalidad, la formación de capacidades humanas de excelencia en CTI y la relación Universidad-Empresa, aún en el caso probable de que la economía general se debilite en ese periodo, y 2) Lo más temprano posible en el 2015, dar un marco institucional más sólido a la CTI nacional, con la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Teniendo a la vista a los políticos que aspiran a sustituir al gobernante actual, no es verosímil que, de buena gana, el próximo gobierno vaya a mantener y fortalecer la acertada tendencia del actual en lo referente al financiamiento de la CTI. Si la voluntad política del gobierno del presidente Humala es suficiente como para no dejar que su modesta política de CTI se caiga, es indispensable que logre créditos de financiamiento de la CTI que vayan más allá del 2016, con lo que estará asegurada la continuidad del apoyo a la CTI en el tránsito de un gobierno al otro. Y, la creación del Ministerio de CTI es indispensable porque ninguna institución de menor jerarquía puede abordar con éxito las numerosas relaciones, compromisos y decisiones con la eficacia y la profundidad que se requieren. Esas dos, creo, son las decisiones fuertes que el gobierno debe tomar en CTI en su último año de gestión.