Si escribir sobre el avance de reparaciones es un asunto que siempre provoca un sinsabor para quien no tuvo la desgracia de ser afectada directamente, se imaginan cómo se sentirán aquellas personas que están inscritas en el Registro Único de Víctimas, porque se les ha reconocido que sufrieron la pérdida de un familiar cercano: padres, cónyuge, hijos, en el contexto de la violencia política pero que además no estuvieron en ninguno de los grupos que estaban en armas, es decir, eran inocentes, y pese a todo, aun no se les reconoce sus derechos, y siguen exigiendo, reclamando, muchos ya se han ido muriendo, sin recibir respuesta.

Pese a lo que ya se ha dicho en el Informe de la Comisión de la Verdad, del alto número de víctimas, de la existencia de una ley de reparaciones dada en el año 2005, de la creación de una comisión de alto nivel encargada de la implementación, en el año siguiente, el Estado no hace los esfuerzos necesarios para implementar los programas de reparaciones de manera integral y pretende aplicar las políticas de reparación, a través de los programas sociales como “Beca 18” o el Seguro Integral de Salud (SIS), tratando a las personas afectadas por la violencia política como pobres. Lo que si bien es cierto en la mayoría de casos, ellas no necesitan solo políticas asistenciales para disminuir su pobreza, sino un apoyo integral, para poder recomponer sus vidas física, social y psicológicamente y mirar hacia el futuro con esperanza. Y eso es lo que aun cuesta incorporar en la mirada de los funcionarios y operadores de los servicios.

Un reciente estudio elaborado por diversos organismos de derechos humanos¹, que hacen el seguimiento a los programas de reparaciones no muestra por ejemplo cómo se está aplicando el de reparaciones económicas, que ha sido exhibido por el gobierno actual como un éxito². Este consiste en la entrega de un monto de dinero, 10 mil soles (aproximadamente 3,300 dólares al tipo de cambio actual) a los familiares de la victima fallecida o desaparecida (padres, cónyuge, hijos), a las víctimas de violación sexual y a los que tienen una discapacidad física o mental parcial o total producto de atentados o tortura.

El estudio mencionado da cuenta que entre el periodo de ejecución del programa (julio 2011 a setiembre 2014) se han reparado a 72,446 personas, de los cuales el 5.02% son víctimas directas y el 94.98 % familiares, con una suma total de 230’279,141.27 soles.

Pese a que estas cifras podrían sonar asombrosas si se analiza en detalle lo que ha recibido cada familiar de la víctima, nos daríamos cuenta de la falta de equidad.

Sólo el 11.40% recibió los 10,000 soles completos por la pérdida de un familiar, el 21.78% recibió 5,000 por el mismo concepto, mientras que el 34.94% recibió entre más de 1000 soles y menos de 5000 soles, y el 29.88% recibió menos de mil soles por este mismo hecho.

Por ejemplo, 12 hijos/as han recibido 333.33 soles por la pérdida de su padre/madre, 69 hijos recibieron 357.14 soles, mientras que 94 de ellos recibieron 384.62 y 256 recibieron 416 soles.

Esta desigualdad en los montos recibidos responden al sistema de reparto establecido en el decreto 051-2011-PCM, según el cual el monto de 10 mil soles, deberá ser repartido entre los familiares directos de la victima fallecida o desaparecida, correspondiéndole al cónyuge el 50%.

De ello resulta que un número significativo de hijos estaría recibiendo un monto totalmente insignificante, pues al ser repartidos los 10,000 soles entre familiares de las víctimas fallecidas o desaparecidas, y existir un número mayor de hijos/as, que de padres sobrevivientes o cónyuges, aquellos terminan recibiendo montos que no responden al fin de la reparación, ni pueden ser considerados dignos frente a la pérdida sufrida. Por ejemplo, 21,212 de hijos/as han recibido una cantidad menor o igual a 1000 soles por la pérdida de sus padre/madre.

Si este monto, se supone es el reconocimiento que otorga el Estado por la pérdida sufrida, ¿nos podemos imaginar lo que pensarán y sentirán estas personas al recibir un cheque por esta cantidad? ¿No se estará haciendo más daño que beneficio al entregar esta cantidad? ¿Podemos decir que este es un programa de reparación que dignifica a las víctimas?

Incluso el acto del pago de la reparación se hace de una manera impersonal, la CMAN (comisión de alto nivel encargada de las reparaciones) informa de acuerdo a su programación cuándo pueden acercarse los beneficiarios del programa al Banco de la Nación, adjuntando copias del certificado de acreditación de víctima para la cobranza. De esta manera, no hay un encuentro con el Estado, porque este no da la cara, es solo una ventanilla.

Al pago irrisorio que están recibiendo las victimas nos hace volver a mencionar otra grave situación, la Secretaría Ejecutiva de la CMAN basándose en una errónea interpretación del artículo 44 del reglamento de la Ley 28592, donde se establece la imposibilidad de que la víctima reciba más de una reparación por una misma afectación, y si tiene derecho a recibir más de una, recibirá la más ventajosa, ha dejado de reparar a más de 5,000 víctimas que tienen más de una afectación.

En esta situación está por ejemplo los esposos Morales Mansilla, que perdieron a dos de sus hijos en el Cuartel Los Cabitos y la Sra. E.G.CH. quien fue violada sexualmente, perdió a sus padres y esposo, en ambos casos, la CMAN solo les ha reconocido una de las afectaciones mencionadas, las otras entonces “no existirían” pues les está negando el reconocimiento.

Esta grave situación ha merecido que las víctimas patrocinadas por el IDL interpongan una demanda de amparo contra la CMAN la misma que ha sido admitida en el Poder Judicial.

Así también otro situación que desmoraliza a los afectados es la vigencia del decreto el DS 051-PCM ya citado, no solo por la forma que ha establecido el pago y el monto que resulta irrisorio, sino porque además en él se definió el cierre del registro para los beneficiarios de estas reparaciones en diciembre del 2011. Ello ha implicado que muchas personas que podrían ser beneficiarias de las reparaciones económicas, no lo sean porque simplemente no llegaron a inscribirse antes de esa fecha. Lo que también ha sido sujeto de una demanda de acción judicial, interpuesta por la ANFASEP (Asociación de Familiares de de Desaparecidos y Secuestrados por el Ejército Peruano), la misma que también se encuentra a la espera de una decisión en el Poder Judicial.

Tenemos muy poco que decir, de los otros programas que están establecidos en el plan integral de reparaciones (Ley 28592): salud mental, educación, reparaciones simbólicas, apoyo para rehabilitar la vivienda, los derechos de propiedad, la regularización de la identidad, las reparaciones a los desplazados, porque es poco lo que se ha avanzado hasta la fecha.

Estos son temas que los organismos de derechos Humanos desde el grupo de trabajo de reparaciones de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos hemos seguimos impulsando, pese al poco apoyo financiero que existe para los mismos.

¹¿reparaciones dignas? Reporte de avance del programa de reparaciones económicas 2011-2014
²Publicado: 11/11/2014 http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-peru-lidera-reparaciones-a-vict...