Si la reforma del transporte tiene un problema es que no todas las líneas que circulan en Lima tienen sus terminales en la capital. De hecho son incontables las rutas que tienen como base alguno de los distritos del Callao, cuyas licencias las da la Municipalidad Provincial, pero cuyo recorrido lo hace en Lima en un noventa por ciento.

Una de las luchas más duras que ha tenido la alcaldesa Villarán ha sido, precisamente, la de negociar con los transportistas chalacos. El caso de Orión es emblemático: las muertes de María Robles López y Suere Aquino la segunda semana de abril, la negativa a pagar una reparación a la familia de Ivo Dutra, los siete millones de soles en multas no pagadas, son hitos de una empresa que recién hace dos semanas, y bajo presión, decidió sumarse a la reforma del transporte.

Lima no ha podido sancionar a la empresa, al igual que no ha podido retirar de circulación al Chosicano, cuya licencia la da la Municipalidad Provincial del Huarochirí. Entonces, la pregunta es: ¿Cómo poner orden cuando al menos tres municipalidades manejan las licencias y rutas de transporte que circulan por la capital?

Una posible solución al problema la dio ayer la Comisión de Transportes del Congreso tras la reunión que sostuvo con el alcalde del Callao, Juan Sotomayor, para interpelarlo por la ola de accidentes de las empresas de transporte chalacas: crear una Autoridad Única Nacional que regule el transporte. 

Las ventajas son que se centralizaría la asignación de rutas de transporte y existiría una única autoridad a la que acudir y reclamar. Las desventajas: que la burocracia y el centralismo pueden terminar creando un órgano ineficiente que empeore el problema.

La salida puede ser crear una Autoridad Autónoma para Lima y Callao, que ataque el problema en la ciudad, que parta sobre la base de la reforma que ya está en marcha y quite el peso del transporte a las municipalidades.

De ser creada por el Congreso, la Autoridad debería contar con cuadros técnicos de la Municipalidad de Lima y del Callao, así como de la sociedad civil, y ser dirigida por una persona que no tenga vínculos políticos con ninguna autoridad municipal.  Gustavo Guerra García es la mejor opción, pero tendría que dejar de lado su relación con Villarán y mantenerse abierto al diálogo.

En este sentido, el trabajo de la Autoridad debiera ser continuar con la reforma, estableciendo las nuevas rutas y corredores tanto en Lima como en el Callao, sancionado a las empresas que no infrinjan las reglas y actuando como única cabeza responsable ante cualquier problema.

Es tiempo de que las municipalidades de Lima y Callao dejen sus diferencias políticas y aborden un problema que afecta a limeños y chalacos por igual.