Pasaron meses de múltiples reuniones con los funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima; de aparecer en varios medios de comunicación, expresando su reclamo; de presentar hábeas data contra la comuna limeña para ver si por medio del Poder Judicial podían conocer un documento que involucraba el destino de sus familias. Pasaron meses de cartas, de actas y del trajín para realizar todos esos documentos. Pero la comunidad shipibo-conibo de Cantagallo se cansó de esperar.

El contenido de este nuevo Master Plan del Proyecto Río Verde, que contemplaba el traslado de la comunidad de Cantagallo a Campoy y la construcción de viviendas dignas para sus pobladores, ha sido prácticamente anulado. No querían pensar lo evidente: no eran prioridad de la gestión de Luis Castañeda.

Pero tal vez lo debieron intuir cuando Jaime Villafuerte, gerente de Promoción de Inversión Privada, dijo que debido a la escasez de recursos dejados por la gestión de Susana Villarán para obras nuevas -según mencionó son S/.15 millones- la municipalidad se vio obligada a buscar fondos en otras concesiones, para implementar obras de envergadura que ayuden a aliviar la congestión vehicular en la capital. “En vez de beneficiar a unas cuantas familias [los shipibos de Cantagallo] que están ocupando un relleno sanitario”, dijo al diario El Comercio en marzo de este año.

Las esperanzas se mantuvieron, a pesar de que en la reunión del 30 de abril, Jorge Olazabal, Jefe del Proyecto Río Verde, confirmó verbalmente la existencia de ese nuevo Master Plan para el proyecto Río Verde. Además, el mencionado funcionario de la municipalidad recalcó que se priorizará el proyecto by-pass de la Av. 28 de Julio, con lo que se confirma que el proyecto habitacional shipibo no es importante para esta gestión.

Presentaron una demanda de hábeas data contra la Municipalidad de Lima para conocer el contenido de este nuevo Master Plan del Proyecto Río Verde, que fue aceptado por el Poder Judicial a inicios de julio. Pero la acción más rápida fue, semanas antes, cuando solicitaron a Scotiabank, administrador del dinero para la ejecución de este proyecto, información sobre su situación.

Fue la vía más efectiva y en una carta Jaime Villafuerte responde que las familias, afectadas por el trazo de las obras, fueron, en su momento, compensadas económicamente; pero que los demás pobladores no se ven afectados. ¿Y la escuela? ¿Acaso el único colegio que brinda una educación bilingüe, en shipibo y en español, no fue afectado por la construcción?

El Instituto de Defensa Legal también emitió una carta pidiendo que se conozcan los detalles de la adenda, eso fue el 7 de abril. Pasaron más de 7 días útiles, que es el tiempo de espera según ley, pero hasta el momento la Municipalidad de Lima no se ha pronunciado. No hay respuesta, solo un sospechoso silencio. Ahora se entiende por qué no se quería dar a conocer las cláusulas de ese nuevo contrato.

A estas alturas del año, el Ministerio de Economía y Finanzas ya aprobó la ejecución del by-pass de la avenida 28 de Julio en el Centro de Lima, a pesar de que el ministro Alfonso Segura, en su momento, advirtió de que la obra se realizó sin pedir autorización a su cartera. Este acto deja un subliminal mensaje: primero haz la obra, después pides el permiso. Total, de todas formas, te lo van a entregar.

Ahora Río Verde es una ruta de cemento. Nada de verde, nada de río. Y las esperanzas de esta comunidad se desvanecen poco a poco, pero se reabre una nueva, quizás no con las mismas expectativas pero, al menos, solución.

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Wilson Valles es dirigente de la Asociación Comunidad Urbana Shipibo de Lima Metropolitana (ACUSHIKOLM), que está conformada por familias que habitan en Cantagallo. Dejó el verdadero río verde en Ucayali para venir a Lima en busca de oportunidades. Él señala que este 4 de agosto, la comunidad se reunirá un vez más con los funcionarios de la municipalidad para ver el caso. Es enfático al decir que espera soluciones. “En las anteriores reuniones no ha habido ninguna”, cuenta. A la vez, expresa el sentir de la comunidad: quiere lo mejor para Cantagallo.

En esa reunión, toda la comunidad ha puesto su última esperanza. Y es que Wilson tiene una noticia: la gestión de Castañeda no tiene intención de abandonarlos. Quiere –expresa- mejorar las condiciones de vida de las personas de Cantagallo.

Añade que también recibió información de que el terreno de Campoy tenía 5 mil metros cuadrados y no 7 mil, como se pensaba. “Y en ese espacio no entramos, porque la comunidad tiene cerca de 19 mil metros”, recalca el dirigente.

¿Pero por qué creer a la Municipalidad de Lima, una institución que no se sinceró, ni siquiera por consideración, les informó oficialmente de que iba a realizar estos cambios? ¿Dónde está el respeto por el acuerdo firmado? ¿Es posible de que los shipibos tuvieran que enterarse de la medida por un diario local?

Ruidos, desagües rotos y polvo
Ningún vecino de Lima quisiera que la construcción de una vía afecte sus derechos, que dañen los desagües cerca a su casa y su salud esté en riesgo, que los ruidos de la maquinaria de construcción no lo dejen dormir –recuerde que mañana temprano tiene que ir a trabajar- y que la polvareda no solo se impregne en los muebles de su hogar, sino también en sus alimentos y se introduzca en sus vías respiratorias. El traslado no es un capricho de las familias de Cantagallo. La construcción de la estructura vial ha afectado seriamente a la comunidad.

Doña Manuela Fernández Mayna es una de las personas más ancianas de Cantagallo. No quiere decir su edad, quizá por vanidad, pero las líneas en su piel la delatan. Ella es artesana, hace coloridos collares con semillas y adornos con huairuros. Mientras enseña sus trabajos, señala que se siente mal a causa del polvo.

“La obra levanta mucha tierra y hace que me sienta mal. No se imagina, cómo ha sido esto al inicio que todo estaba lleno de polvo. Los niños también están siendo afectados”, señala la anciana.

Este y otros daños y perjuicios han sido constatados por la Defensoría del Pueblo. En noviembre de 2014, durante la gestión de Susana Villarán, realizaron una primera inspección. “Y comprobamos que sí existen afectaciones a la vivienda y que los trabajos provocaron que se rompieran algunas tuberías de desagüe. Los desechos transitaban por las calles de la comunidad pudiendo provocar una infección a los niños”, señala Daniel Sánchez, jefe del programa de Pueblos Indígenas de las Defensoría del Pueblo.

Por estas constataciones, la Defensoría recomendó la urgente reubicación. Sin embargo, en la municipalidad limeña les mencionaron que hubo un retraso en el traslado porque hasta en dos oportunidades fracasó la compra del terreno. Eso fue el año pasado y la recomendación se mantiene, pero la gestión de Luis Castañeda Lossio ha preferido cambiar de planes y ha redistribuido el dinero para la construcción de las viviendas de los shipibos para otros fines. Total lo que más le importa al alcalde son las obras de cemento y no los compromisos con la cultura viva.

Más afectaciones
Desde que comenzaron las obras en 2012, la comunidad cambió. El espacio recreativo, que era la canchita deportiva, donde también realizaban las ferias y actividades artísticas o simplemente donde los niños jugaban, ya no existe. “Ahora ya no tenemos un lugar donde hacer nuestros festivales y ferias. Nosotros usábamos esos espacio para esparcimiento y en ese aspecto nos perjudica”, recalca una de las pobladoras de esta comunidad, que mantiene sus costumbres, sus manifestaciones artísticas y su lengua nativa.

Ahora en ese lugar está la escuela, que fue desplazada, porque la obra vial se iba a construir donde estaba ubicada. Se trata de la única escuela intercultural bilingüe en Lima, que fue creada por la iniciativa de los shipibos para mantener su lengua originaria y que además está reconocida por el Ministerio de Educación.

Al igual que el colegio, varias familias fueron trasladadas a otros espacios en el mismo Cantagallo; unas cuantas reubicadas, porque la empresa les pagó por sus terrenos y se mudaron a diversas zonas de la capital. Los que se quedaron aún viven en la incertidumbre.

Primera piedra: sueño de la formalización
Si bien en los últimos meses, los shipibos de Cantagallo han aparecido más veces en los medios de comunicación, su interés por vivir en un lugar con condiciones no es de pocos años, sino de varios y siempre el resultado es el mismo: una eterna espera.

Cerca de un río -que no evoca ni por un instante al caudaloso Ucayali- rodeado de un paisaje cubierto de tierra -y no de vegetación como en su zona natal. Así se pintó este nuevo hogar para los shipibos en Lima. Eran los inicios de los noventa y aceptaron ese terreno con todos sus desperfectos. Se trataba de un relleno sanitario, vale decir, un basurero; pero este espacio contaminado no fue inconveniente para que con el tiempo cultivaran su cultura ancestral. Lo bautizaron con el nombre de Cantagallo.

Está ubicada en el distrito del Rímac, al frente del Mercado de Flores, en pleno de la transitada vía Evitamiento. Durante todos estos años, miles de peruanos hemos pasado muy cerca de esta comunidad que permanecía invisible; al igual que sus problemas, que no son recientes.

Cantagallo tiene un área de aproximadamente 19 mil metros cuadrados y está divida en tres etapas, las segunda y la tercera está ocupada por los shipibos. Como comunidad nativa formal tiene más de 15 años de existencia, pero los primeros pobladores se asentaron a inicios de los noventa. Algunos llegaron por la falta de oportunidades en su localidad, otros por diferentes circunstancias.

Los pobladores realizados todos los intentos de la comunidad por mejorar su situación. Desde entonces han pasado 10 años, y aún sus problemas no han sido resueltos. En el 2005 tuvieron un primer acercamiento con la Municipalidad de Lima, específicamente con la Gerencia de Desarrollo Urbano, para solicitar la formalización. No pasó nada. En el 2009, Alan García nos dijo que, en menos de 6 meses, les vamos a dar su título de propiedad. Confiaron.

El tiempo convirtió esas palabras en promesas incumplidas. Y por ese entonces, ya en el 2010, una nueva gestión municipal, los incorporó en sus proyectos. Con Susana Villarán lograron lo que tanto querían, pero ahora, varios meses después, esa sensación de impotencia ha regresado.

Para el jefe del programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, la Municipalidad de Lima toma como excusa la falta de presupuesto para cambiar el destino de los fondos y usarlos en el bypass de 28 de julio. “Sin embargo, la Municipalidad tiene la obligación de cumplir con la comunidad, más allá del fondo de fideicomiso o de donde se obtengan los recursos. Eso no entra en discusión”, agrega Sánchez.

El jefe de la Defensoría del Pueblo recalcó que lo compromisos que hace una institución no son por gestión. De esta forma, la Municipalidad debe de responsabilizarse por la situación de la comunidad. “El principio de derecho señala que el que afecta, repara”, señala.

Mientras tanto la comunidad tiene la última esperanza de que la gestión de Castañeda Lossio repare los daños en su comunidad y puedan solucionar los problemas ocasionados. De momento, se sabe que para la comuna limeña pudo más la prisa de hacer una obra, que el bienestar de la comunidad de Cantagallo, que mantiene viva su cultura ancestral, en una ciudad como Lima, que con su ritmo de vida suele desintegrar a los grupos nativos. De repente, ahora sí son prioridad en la agenda del burgomaestre. ¿O se repetirá la historia?