¿Le está yendo bien al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el ente encargado de seleccionar, ratificar o destituir del sistema de justicia a quienes no le hacen bien? La nueva composición del CNM, que se concretó a inicios de este año con la elección de los consejeros representantes del Poder Judicial y del Ministerio Público, abrió la cancha para que se pudiera escribir una mejor historia.

Recordemos que, por ejemplo, se venía de un anulado concurso de magistrados supremos, medida extrema pero saludable ante las diversas irregularidades que terminó con la separación (por primera vez en la historia del Consejo) de uno de los consejeros y representantes de los colegios profesionales, Efraín Anaya, quien postuló al cargo en su condición de colegiado del Colegio de Enfermeros del Perú. Había, pues, mucha necesidad, no solo por el bien en sí de la judicatura, sino también por la legitimidad del CNM.

En el año transcurrido ha habido, sin duda, avances en materia de sistematización de la información, publicidad de los nombramientos, convocatorias, resoluciones. La cantidad de plazas convocadas y de magistrados ratificados también ha sido un paso adelante, así como la publicidad de las actividades del Consejo, cuyo actual presidente, el ingeniero Gonzalo García Núñez, fue nombrado para presidir la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Ello, sumado a que algunos de los nuevos integrantes traían consigo un bagaje interesante en lo que a función pública se refiere, promovió la expectativa.

Acudimos hoy, por ejemplo, a diversos nombramientos de magistrados para las plazas “vacías” del sistema de justicia, lo que está bien, ya que la titularidad en el cargo (que la da el CNM con el nombramiento) es una garantía formal (ojo, solo una) de independencia judicial. Por otro lado, se ha tenido noticia de la no selección, ratificación y destitución de quienes tenían que salir del sistema. También se ha acudido a, por ejemplo, ratificaciones de jueces y juezas que lo han hecho muy bien en la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos. Bien por ello también.

La no elección de magistrados en los más altos cargos del Ministerio Público, por ejemplo, fue otro signo positivo de lo que este CNM podría y puede hacer: no se eligió al ex fiscal Mateo Castañeda, quien contravenía requisitos constitucionales para acceder al cargo, y tampoco se nombró al juez del Callao Hinostroza Pariachi, porque los cuestionamientos que sobre él pesaron atentaban contra lo esencial de un magistrado: la confianza sobre su apariencia de independencia e imparcialidad.

No obstante lo anterior, nos preocupa que el avance del Consejo no se haya consagrado con dos magistrados que, a todas luces, le hacen más perjuicio que beneficio al sistema. Hablamos de los casos del juez supremo Javier Villa Stein y el juez superior, que también estuvo en la Suprema provisionalmente, César Vega Vega. ¿Por qué el CNM “no pudo” con ellos? Varios rosarios de cuentas cuestionaban esas permanencias: quiebre de la separación de los poderes del Estado, resoluciones en contra de la lucha contra la corrupción, resoluciones en contra de la defensa de menores de edad en casos de violación sexual, discurso promotor de discriminación por género, clara vulneración de la independencia judicial al firmar comunicados a favor de una de las partes de un proceso aún pendiente, vulneración de la prohibición constitucional de no participar en vida partidaria, e incluso se tenía sobre el tapete una extraña coincidencia de casos que involucraban movidas de jueces, relevancia particular de la causa y decisiones cuestionables. Todo eso usted puede repasarlo, y convencerse de que no estamos ante dos jueces cualquiera, en: La ratificación de Vega Vega y La ratificación de Villa Stein.