La Universidad Nacional del Centro era un polvorín. Así la recuerdan los deudos de los estudiantes y docentes asesinados a finales de la década de los 80 y principios de los 90 en Huancayo. Sendero Luminoso y el MRTA se enfrentaban ideológicamente en el campus, pero el enfrentamiento armado se daba afuera del territorio estudiantil. En las calles aparecían los cadáveres de unos y otros. Según relata la Comisión de la Verdad, a partir de 1991, las fuerzas contrasubversivas iniciaron una política sistemática de desapariciones y ejecuciones en respuesta al accionar de estos grupos.

El exrrector Gonzáles Pisa recuerda que recibió una llamada telefónica que le informó de una incursión militar en la universidad. Cuando llegó vio muchos estudiantes, profesores y personal administrativo inmovilizado en una fila, con las manos en la nuca. Diez estudiantes estaban enmarrocados y con el rostro cubierto por sus propias chompas. Los soldados los separaron del grupo y los subieron a un camión portatropas con rumbo desconocido.

Dieciocho años después, en una reunión realizada en Lima están sentados alrededor de la mesa Eleuterio, padre de Peter David Ureta, quien fue secuestrado a seis cuadras de su casa por 15 personas; Norma Tenicela, hermana de Cori, quien desapareció de un día para otro; Juan José Palomino, hermano de Griselda, quien fue secuestrada y cuyo cadáver nunca se ha encontrado; el padre de Marilú  Hurtado, quien fue secuestrada en la facultad de ingeniería química; Berta Rojas de Cerrón y Vladimir Cerrón, madre e hijo de Jaime Cerrón Palomino, exrector de la Universidad del Centro, quien fue torturado y secuestrado extrajudicialmente el 8 de junio de 1990; y Miguel Ángel Cieza, víctima de secuestro y tortura el año 1992, uno de los pocos sobrevivientes de estos tenebrosos años.

El abogado del IDL, Carlos Rivera, que está llevando el caso, les habla a los familiares de las víctimas: “Los unen estos hechos horrendos que han marcado sus vidas. Este es uno de los casos más complejos de derechos humanos. Está entre los más emblemáticos de los 16 mil casos de desaparición forzada en el Perú. Les quiero decir que para nosotros, los abogados, es casi sobrehumano pretender hacer justicia en casos del pasado”.

El sobreviviente

Es un milagro que Miguel Ángel Cieza esté relatando su historia en primera persona: “Mi padre era policía. Ingresé en los primeros puestos a la facultad de Ingeniería de Sistemas en el año 1987. Al siguiente año fui delegado del salón y luego estuve en el tercio de los tercios de la facultad, y al siguiente año en el tercio de los tercios de la federación estudiantil. Entré a la política universitaria. Era orador. Después fui delegado del comedor universitario… De pronto los senderistas llegaban y nos amenazaban, pero no los reconocíamos porque andaban con los rostros cubiertos por capuchas.  Recuerdo que en la universidad había violencia, enfrentamientos entre las facciones armadas. Era una zona de guerra. Conocí a todos los dirigentes que han matado… Me tendieron una trampa: fui invitado por el decanato para hacer una evaluación de docentes. Me pidieron que llevara mis documentos y que me acreditara; pero cuando llegué nadie me exigió nada, y cuando salí me empezaron a seguir. Me secuestraron civiles armados. Me llevaron al Cuartel 9 de Diciembre donde me torturaron. Había muchos muchachos y no sabían nuestros nombres. Vieron mis credenciales de dirigente estudiantil y me dijeron que era terruco y me comenzaron a llamar “dt” (delincuente terrorista).  Antes de eso había pensado en trasladarme de universidad. Mi padre era edecán del comandante general de la Policía y me dijo que saliera de ahí lo más pronto posible. Una semana antes de mi detención el ejército había intervenido la universidad. Hicieron un censo universitario. Me di cuenta de que me buscaban porque en el comedor preguntaron por mí…En el cuartel los turnos de control rotaban cada ocho días. Los torturadores eran  jóvenes especializados, como de 30 años y con acento limeño. Torturaban si piedad, golpeaban hasta matar. A algunos los colgaban. Todos los días mataban. Metían cadáveres en bolsas y decían que se los llevaban al procesador. Yo vi cómo mataban al hermano de Gaspar, un chico asustado. Me dijo que no dejara que nuestra muerte fuese en vano… Me preguntaban cuál era mi nombre de combate. Se enteraron de que mi papá era policía y que mi mamá manejaba el comedor de la institución. Pensaron: “Aquí hay plata. Cobramos 5 mil soles por soltarlo”. Me tomaron fotos y un general me pisó la cabeza y dijo. “¿Este es al que están buscando?” Al día siguiente me trataron un poco mejor… Pasaron 22 días. Yo entré con 67 kilos y llegue a pesar 40 kilos… Se pierde la noción del tiempo, pero yo luché para que eso no ocurriera. Había un huequito en el techo de calamina por el que veía la luz: sabía si era mediodía o la tarde. Recordaba todo el tiempo quién era, dónde estaba, y que iba a morir…Me sacaron afuera a las cuatro de la madrugada y me subieron en una camioneta. Estaba sin ropa. Me soltaron y  empezaron a disparar. Se reían. Dijeron. “Que se quede ahí”. Me levanté una hora más tarde en la Huaycha. Caminé cuatro kilómetros descalzo, sangrando, con tiros en el cuerpo. Llegué a la casa de mi tío. Parecía un muerto, igual que en la última foto del  Ché Guevara…Ya no pude retomar mi carrera de ingeniería; tuve un bloqueo fuerte… Me fui del país porque al no encontrar mi cuerpo me empezaron a buscar. A mi papá lo quisieron destituir como si fuera un ladrón, lo humillaron en frente de todos sus colegas para que reaccionara mal. ..Extraño a mis 54 amigos. Vivimos años juntos, compartimos muchas cosas”.

El caso

Es el más voluminoso del sistema penal de derechos humanos. Se han incorporado 68 expedientes individuales. Compite en complejidad con el de Los Cabitos, pero éste es más complejo porque abarca un mayor periodo de tiempo: desde 1989 hasta 1993. La CVR lo calificó como crimen de lesa humanidad.

Están involucrados cuatro generales de la 31 División de Infantería del Ejército. El general Manuel Jesús Delgado Rojas fue el jefe político- militar. Después de Cabitos y Colina, es el caso que comprende a más generales del ejército que tuvieron una posición de comando al momento en el que se cometieron los delitos.

Se inició el 2010. Los abogados formalizaron la denuncia ante la Segunda Fiscalía Nacional. Ésta presentó la acusación escrita: un documento de 256 páginas elaborado por el fiscal Jesús Prado, que expuso el contexto de los hechos, precisó los crímenes y la responsabilidad individual de Delgado Rojas y los otros jefes militares de su estado mayor. Se les acusó por homicidio calificado, secuestro, delito contra la libertad individual. Todavía regía el Código Penal de 1924. No se trabajaba con el de 1991 que incorpora la figura de desaparición forzada.

El juez del Primer Juzgado Penal decidió abrir una investigación formal. No se incorporó la  denominación “delito por desaparición forzada”; tampoco se calificaron los hechos como de lesa humanidad. Solo se dijo que había un contexto de violación de derechos humanos.

Miguel Ángel Cieza presentó una solicitud para que el Estado fuera considerado tercero civil responsable para garantizar una posible reparación económica.

Fue recién en el año 2015 que el juzgado amplió la  investigación para que los delitos se tipifiquen como crímenes de lesa humanidad y desaparición forzada. Los abogados del IDL y CEAS decidieron trabajar los casos de manera colectiva. Así se demuestra que la desaparición forzada fue una práctica sistemática, y que solo bastaba la sospecha de que los estudiantes, profesores y personal administrativo de la universidad pertenecían a Sendero Luminoso para que los desaparecieran.

Hace un mes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó una sentencia sobre cinco víctimas desaparecidas en Junín. Es muy importante porque dice que el Estado tuvo responsabilidad y que fueron crímenes planeados de manera sistemática.

Carlos Rivera se reafirma en lo dicho: “El evento delictivo fue planificado y sistemático; por eso duró tanto tiempo. Por su magnitud y la cantidad de víctimas no fueron decisiones individuales, sino parte de una política institucional. No es casual que se asesine a tanta gente con el mismo modus operandi".

El jefe

Manuel Jesús Delgado Rojas está no habido. Ha escapado del penal en el que estaba recluido y en el que cumplía una pena por la desaparición de dos personas y por la matanza de Pucará. Su sentencia condenatoria fue de 20 años. Actualmente es un prófugo de la justicia. Él fue el encargado de instalar el comando político- militar, y fue el comandante general de la 31 División de Infantería en Junín. Fue el único jefe que se quedó en el cargo por dos años.

Lo seleccionaron por su experiencia en la Segunda División de Infantería de Ayacucho. Sabía qué hacer en una zona de emergencia. Fue el jefe político- militar de la Región Mantaro durante 1989 y 1990. Aprendió en Ayacucho a ejecutar operativos antisubversivos. En el Manual 418 de Operativos Antisubversivos se lee: “el  comandante tiene autoridad y la ejerce ante sus subordinados”. El abogado Rivera agrega: “Él era responsable de lo que su unidad hiciera o dejara de hacer. Cuando lo entrevistaron en la Comisión de la Verdad dijo que la Universidad Nacional del Centro era un foco senderista  y del MRTA”. Metió a todos los estudiantes en un mismo saco, y justificó las matanzas con ese argumento.

Cuando la señora Berta Rojas de Cerrón buscaba a su esposo en las bases militares de Comas y Jauja y en los cuarteles 9 de diciembre y 13 de diciembre, Delgado Rojas el negó que lo tuvieran detenido.

Elías Fernando Espinoza del Valle fue el segundo en el mando durante esos dos años. Elaboraba los planes de operaciones y daba órdenes. Informaba al Comandante General. Según la declaración del testigo Matallana Navarro, “se actuaba según los manuales secretos”.

El general Luis Pérez Documet fue el segundo jefe militar durante 1991.  La 31 División de Infantería del Ejército fue comandada, además, por  otros dos generales: Carlos Leonidas Torres Rodríguez (1992) y Roboan David Jaime Sobrevilla (1993), los que mantuvieron y desarrollaron el mismo tipo de acciones y mantuvieron la misma táctica de negar las detenciones.

La 31 División de Infantería del Ejército Peruano con su Comandante General, el jefe del Estado Mayor y el jefe de la Sección de Inteligencia - el G2 - fue la piedra angular de esa estructura militar, que por cuatro años seguidos utilizó la desaparición forzada de personas como uno de sus principales instrumentos de represión. Pusieron la puntería en los dirigentes estudiantiles de la Universidad Nacional del Centro.

Los manuales fueron las guías de su accionar. El Manual ME 41-8 Manual de Oficial del Estado Mayor en Operaciones Contrasubversivas, determina que “todos los planes de acciones contrasubversivas que se toman en la región del Mantaro son de conocimiento del Comandante Político Militar.” Con respecto al Jefe del Estado Mayor Operativo señala que “era el encargado de elaborar los planes de las operaciones y acciones contrasubversivas a seguir en el departamento de Junín.”

La Sección de Inteligencia –denominada G2- fue otra pieza clave para la lucha contrasubversiva. Elías Fernando Espinoza tenía bajo su dirección una sección de inteligencia encargada de recabar y buscar información sobre la identificación de presuntos elementos subversivos, así como un departamento de inteligencia operativa, que luego de recibir la información diaria que les transmitía la sección G2, se encargaba de elaborar proyecto de acción de lucha. Ésta era remitida al jefe de Estado Mayor Operativo, quien luego de aprobarla se la entregaba al Comandante Político- Militar para su aprobación final.

A los jefes los alimentaban de información las redes de informantes. Según Miguel Ángel Cieza, éstos estaban infiltrados en todos los estamentos de la universidad. “Por ejemplo, Héctor Rivera, que ahora se hace pasar como víctima, delató a muchos dirigentes, a muchos de mis amigos que fueron asesinados. Yo tenía 54 amigos que tenían ideas izquierdistas y todos están muertos por eso”, sostiene.

Hay una lista larga de testigos que van a declarar en el juicio. Los familiares son testigos principales. También habrá testigos protegidos para los que la fiscalía solicitará seguridad.

Los familiares

El padre de Peter David Cosme Ureta relata: “Mi hijo falleció a los 22 años. Estaba en la universidad y estudiaba ingeniería química. Vivía a siete cuadras de la universidad. Estaba con su hermano mayor y yo le mandaba plata de Lima porque trabajaba en Gamarra. Según me dicen, mi hijo era presidente del tercio estudiantil. Era dirigente. Una noche el perro ladraba y en la cuadra habían cortado la luz. Él estaba estudiando con su vela. Eran las 11.30 de la noche. Se han metido por la pared que era de adobe. Subieron unos hombres con casaca y pantalón jean. Lo buscaron por todos lados. A los seis días lo encontramos en la morgue. Su buzo estaba roto. Era él porque su chompa estaba remallada con hilo rojo”.

El hermano de Javier Rojas Gaspar manifiesta: “Mi hermano desapareció en 1992. Estaba en la Facultad de Agronomía y tenía 20 años. Era cachimbo. Salió a las 11 de la mañana. No sabemos nada más. Miguel Ángel lo vio en el cuartel y se sorprendió porque lo conocía.  No sé por qué detuvieron a mi hermano. Nunca encontraron su cadáver. A mí también me detuvieron el año 1995. Creo que porque siempre indagaba sobre mi hermano. Me vendaron los ojos  y me llevaron al Cuartel Santa Rosa. Me di cuenta porque era el día de Santa Rosa y estaban celebrando en esa calle. Me llevaron a la cárcel y me soltaron porque no encontraron pruebas”.

Juan José Palomino Fuentes, hermano de Griselda Palomino Fuentes, recuerda: “En los años de la guerra interna, en las que nuestro país estaba agobiado por una gran crisis económica y social, terminar los estudios en una universidad estatal era un gran logro. Nosotros provenimos de una familia muy humilde, mi padre era constructor y mi madre ama de casa, pero también tenía  un negocio de venta de granos en la feria.  El único afán de ellos era que nos superemos con los estudios. Mi hermana Griselda era la mayor y cuando la mataron ella tenía 21 años y dictaba clases en el Colegio Politécnico. Griselda fue secuestrada torturada y desaparecida el 1 de abril de 1991  en la intersección de la avenida Paseo de la Breña con la calle Real. La última persona que la vio con vida fue mi madre. Las dos habían salido juntas al centro de Huancayo. Griselda iba al odontólogo y mi madre le dijo que la esperara un momento porque debía ir al Banco de la Nación. Cuando se separaron, ella vio cómo un portatropa se la llevaba. Desde entonces mi familia la ha estado buscando. Mi padre, Miguel Palomino, murió hace cuatro años sin ver que se haga justicia”.

Norma Tenicela, hermana de Cory Tenicela Tello, da su testimonio: “En octubre de 1992 recibí una llamada urgente de mi tío. Yo estaba en Lima haciendo prácticas como economista. Él me comentó que desde hace varios días mi hermana no llegaba a casa, y que todos estaban preocupados. Sin pensarlo dos veces regresé a Huancayo. Cory estudiaba el último ciclo de ingeniería química. Ella era muy católica, incluso integraba el coro de la iglesia. Mi hermana era bastante activa, pero no pertenecía a ningún grupo político: Yo creo que la confundieron, posiblemente hubo mala información. Lo único que pude recabar fue que un portatropa se la había llevado con el pretexto de que no tenía libreta electoral. De ahí nadie la volvió a ver. Recuerdo que por esa época fuimos a la morgue. Ahí encontramos un cuerpo igual al de mi hermana, pero no tenía su lunar en la pierna, aunque todas las otras características eran iguales”.

Armengol Vilchez, padre de Janet Marilú Vilchez Gutarra, declara: "El 18 de octubre de 1992 mi hija salió temprano para sus clases en la Facultad de Química en la que cursaba el segundo año y nunca regresó. Mi hija era la más cariñosa, la más amable, muy dedicada a sus hermanas menores, y muy estudiosa. Ella siempre estuvo con nosotros, nunca se ausentó. En esa época yo formaba parte de la directiva de los trabajadores del Ministerio de Agricultura, e inicie una búsqueda incesante. Pero fue en vano. Los únicos indicios que pude obtener fue lo que me comentaron unos vecinos: una camioneta de doble cabina con unos jóvenes de porte militar adentro estuvo dando vueltas por mi casa preguntando por ella. Janet tenía un programa en Sonorama Radio, una emisora del distrito El Tambo,  en el que se difundía música latinoamericana. El martes 21 de octubre es un día que jamás olvidaré. Me encontraba en una reunión del sindicato y uno de mis amigos me comentó que en la parte baja de Sicaya  había una señorita que estaba siendo devorada por perros. Luego de llamar a la comisaría, salí disparado al lugar. Mi hija estaba desfigurada, al parecer la habían amordazado con cable eléctrico y le habían quemado los senos. La reconocimos solo por la cabellera y la vestimenta. Decidí no denunciar porque en eso días recibimos muchas amenazas y tenía tres hijos más a quienes cuidar. Los policías, el ejército y la fiscalía recogieron el cuerpo y recién hace ocho meses que me he enterado que murió por tres disparos".

Vladimir Cerrón, hijo de Jaime Cerrón Palomino, exvicerrector de la Universidad Nacional del Centro, relata su desaparición: “A mi padre lo mataron cuando tenía 19 años. En 1991 era vicerrector de la universidad. Hacía solo tres meses que había asumido el cargo. Creo que él dictaba el curso equivocado en el lugar equivocado y en el tiempo equivocado. Ser profesor de materialismo dialectico en Huancayo en esa época era ponerse en la mira de los militares. El afán de mi padre era sacar lo más pronto posible a sus alumnos de ahí, agilizar sus trámites para evitar las masacres, porque la universidad no era un lugar seguro. Durante esos años fue testigo de la muerte de muchos de ellos. No sé si él recibió amenazas. En todo caso, no compartió eso con la familia por no creerlas reales o por no preocuparnos. Mi mamá le sugirió muchas veces que abandone el país, o al menos Huancayo. Aunque recuerdo que tomaba algunas precauciones. Solía dormir con ropa, listo para salir en el caso que viniesen por él. En una oportunidad mandó a mi hermano a enterrar unos libros sobre marxismo. Para mala suerte la policía lo detuvo y le encontraron los libros. Allanaron la casa y detuvieron a mi papá en la Dircote por cuatro días. El miércoles 6 de junio, a las 7:30 de la mañana, a cuatro días de las elecciones presidenciales de 1990, el chofer de la universidad Armando Tapia fue a recogerlo como todos los días. Solo avanzaron media cuadra y el automóvil fue interceptado por hombres armados que atacaron desde dos flancos: a pie y en camioneta.  Los secuestradores lo encañonaron, lo subieron a la camioneta y partieron con rumbo desconocido. Recuerdo que el 17 de junio, los medios informaron  que los restos de mi papá se habían encontrado  en un paraje en la localidad de Sincos, en Jauja. El cadáver estaba envuelto en una banderola del MRTA que decía “así mueren los saco largos”, en alusión a Sendero Luminoso. De esa manera se quería desviar la atención sobre los verdaderos responsables del crimen. El servicio de inteligencia, con este tipo de acciones, pretendía alentar el enfrentamiento entre los dos grupos subversivos”.

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Había un batallón a cuyos integrantes les ponían pasamontañas y los mandaban a matar gente. ¿Que muchos  alumnos simpatizaran con Sendero Luminoso y el MRTA justifica los crímenes? ¿Tan ineficiente era la G2 que no pudo identificar a los subversivos, capturarlos y entregarlos a la justicia? Por el contrario, los señores que no querían a los estudiantes convirtieron el campus en tierra arrasada.