Bogotá, 23 de septiembre de 2015: estuve durante el día algo inquieta, desde la mañana los medios de comunicación especulaban sobre un anuncio trascendental en La Habana, tan transcendental que el presidente Juan Manuel Santos estaba de camino a la isla para comunicar personalmente, de viva voz, la gran noticia. Hice todas las conjeturas posibles: ¿Será que ya se va a firmar el acuerdo final? No, no puede ser posible, todavía es muy pronto, faltan temas por discutir y definir. Por otra parte, algunos decían que se iba a dar a conocer el acuerdo referente a justicia, pero ¿tanto misterio y alboroto para socializar un punto de la agenda, cuando los anteriores puntos acordados se han hecho públicos a través de comunicados y tímidas ruedas de prensa por parte de jefe negociador del Gobierno colombiano? No, no me parece lógico.

Recordemos que desde el mes de agosto de 2012, con la firma del “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, se están llevando a cabo en la capital cubana los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Hasta el momento, este espacio de negociación tiene como resultado tres puntos acordados: desarrollo agrario integral, participación política y drogas ilícitas, de los seis que plantea el acuerdo general. Los tres puntos restantes por concretar son: fin del conflicto, víctimas e implementación, verificación y refrendación.

Durante estos tres años y dos meses de conversaciones, el clima político en Colombia ha experimentado una suerte de polarización que ha llegado a su punto de ebullición en momentos críticos del proceso: los ataques perpetrados por las FARC contra soldados del ejército fuera de combate en los departamentos de Arauca y Cauca; el secuestro por parte de esta organización de un General de alto rango en noviembre de 2014; y el atentado de las FARC contra la infraestructura petrolera en el sur del país en junio del presente año (el cual provocó un derrame de 10.000 barriles de crudo en el océano pacífico, 110.000 personas afectadas y graves daños al medio ambiente). Sin duda, es comprensible que frente a este tipo de hechos, algunos sectores de la sociedad colombiana hayan puesto en duda la seriedad y voluntad de paz del grupo armado, y por ende, la justificación de la continuación del proceso. Estas poco afortunadas acciones, a lo que se suma la falta de unidad de criterio al interior del gobierno en algunos temas tan vitales como el de la justicia, se han convertido en el comodín de la oposición para reafirmar su campaña en contra del proceso de paz.

¿Quiénes son los opositores? Y ¿cuál es su argumento? El expresidente Álvaro Uribe encabeza la lista, de la mano del Procurador General de la Nación y otros personajes que toman ventaja de la fuerza política que aun tienen, y de un atractivo discurso militarista, efectivo, animoso, y con tintes hasta mesiánicos, que tiene como propósito fundamental evitar, a toda costa, “entregarle el país a los terroristas” y “no permitir que haya impunidad”. Es precisamente este discurso el que hace eco en la opinión de algunos colombianos que todavía piensan que después de cincuenta y tantos años de conflicto, a la fuerza las cosas se solucionan mejor. La verdad, no les reprocho nada, entiendo el agotamiento y el escepticismo que deja la violencia; pero la realidad es que cuando estás de pie frente a tu casa en ruinas, es mejor intentar reconstruirla que no hacerlo.

Bogotá, 23 de septiembre de 2015: ya se acercan las 4:30 de la tarde, todos los colegas de la oficina se congregan alrededor del televisor que compraron el año pasado para ver los partidos del mundial, y que ahora se utiliza para presenciar los sucesos especiales. Los medios no dejaban de proclamar lo histórico del hecho. La imagen del presidente Juan Manuel Santos y el máximo jefe de las FARC alias “Timochenko” estrechando las manos y un emocionado Raúl Castro que se unió al gran momento, dio la vuelta mundo. Y no es que yo no celebre una solución negociada (que en sí misma es una tarea titánica y un logro político muy significativo) y reconozca su valor; sin embargo, para un proceso de construcción de paz estable y sostenible, se necesita mucho más que eso; se necesita una definición clara de las implicaciones de lo acordado y una cuidadosa implementación.

En busca del acuerdo perfecto
El documento conjunto de 10 puntos sintetiza el modelo de justicia que se aplicará en el país después de la firma del acuerdo final. El comunicado # 60 refiere la creación de una jurisdicción especial para la paz, en el marco de un proceso de justicia transicional, que: “satisfaga los derechos de las víctimas y contribuya a la construcción de una paz estable y duradera”. En términos generales, la jurisdicción especial estará conformada por salas de justicia y un tribunal para la paz que tendrán como función “acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición”. Adicionalmente, las sanciones que imponga el tribunal tendrán como finalidad “satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz y deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado”.

Sobre el acuerdo de justicia me permitiré hacer solo dos precisiones: una de fondo y una de forma. La primera, lo esencial de un acuerdo sobre la administración de justicia por hechos cometidos en el marco de un conflicto armado, debe ser garantizar esa medida mínima de justicia que signifique para las víctimas el restablecimiento de su dignidad y de su ciudadanía. Y en cuanto a la segunda, con el permiso de los juristas quienes representan el 70 % de mi círculo social y de mis afectos, la sofisticación de los instrumentos jurídicos no garantiza per se una implementación efectiva. No comprendo el deseo de crear mecanismos complejísimos y de vanguardia que en la realidad no llegan a cumplir gran parte de su objetivo, generalmente, por la limitada capacidad institucional, la falta de planeación y la inmensidad de la tarea por hacer.

Y ¿Después de la firma qué?
En los últimos tres años, Colombia se ha convertido en la gran plataforma para cualquier persona que tenga que decir algo sobre la paz. Los más importantes académicos en temas de paz como Galtung y Lederach ya nos han visitado; las premio nobel de la paz Rigoberta Menchú y Jody Williams también; grandes personalidades políticas, religiosas y artísticas de diferentes lugares del mundo han hecho presencia y han dado su apoyo al proceso.

Como es ya conocido, uno de los mayores fundamentos de los estudios de paz es que la paz puede y debe incluir no solo la ausencia de la guerra (paz negativa) sino también el establecimiento de valores y estructuras que afirmen y mejoren la vida (paz positiva). Así, un concepto importante en este ámbito es que, como la lógica puede manifestarlo, la paz negativa es necesaria pero no una condición suficiente para la paz positiva.

Siempre he expresado mi enorme preocupación por lo que sucederá después de la firma del acuerdo final, y no me refiero al momento inmediatamente posterior al acto protocolario, sino a lo que desde diferentes aristas se define como reconstrucción, estabilización o desarrollo posconflicto. El reto del posconflicto es ir más allá de la “reconstrucción”, es garantizar que la desigualdad y discriminación estructural que dio origen a la confrontación armada no se repita.

No se puede pensar en una fórmula única, el contexto y las necesidades de cada país son distintos, así como las capacidades y el potencial que tiene para enfrentar estas circunstancias. No obstante, hay unos objetivos que no pueden perderse de vista: garantizar un entorno seguro a sus ciudadanos, el Estado de derecho, una gobernabilidad estable, una economía sostenible y el bienestar social. Debido a la complejidad de esta misión, el compromiso de todos los actores involucrados debe ser a largo plazo y siempre tener en cuenta el principio de legitimidad del proceso. Al respecto, en Colombia no se ha presentado, hasta el momento, un debate racional y riguroso que permita realizar proyecciones en esta materia.

Es cierto, que la de La Habana ha sido la negociación más seria y con mayores resultados de la historia del conflicto colombiano. El gran costo político y social para el gobierno de Santos y las FARC en este proceso, hace casi impensable la posibilidad de que no se finalice y el acuerdo final se perfila como una realidad incontrovertible. Asimismo, el apoyo por parte de la sociedad ha ido aumentando progresivamente y al final, seremos los colombianos quienes tendremos la labor de refrendar este pacto.

Finalmente, no se puede perder de vista que este acuerdo político tendrá unas consecuencias jurídicas, sociales, económicas y culturales. Muy recientemente tuve la oportunidad de escuchar a Vera Grabe (constructora de paz, política y antigua líder del movimiento guerrillero del M-19), quien manifestó que algo indispensable para una Colombia en paz era un “desarme cultural”. Con esto se refería a la tolerancia, a que todos los sectores políticos (los de izquierda, los de centro y los de derecha), dialoguen y sean capaces de llegar a acuerdos. Que en la sociedad se pueda reivindicar la diferencia y, al mismo tiempo, trabajar por la reconciliación.