Una niña venezolana es convencida por su padre y trasladada a  territorio colombiano para ser vendida a un burdel y explotada sexualmente. Captación, traslado, fin de explotación. Se trata de un caso de trata de personas. Sin embargo, este caso pasó por diversas instituciones de protección de la infancia, por la Defensoría, por los jueces de tutela y llegó a la Corte Constitucional de Colombia. Ninguna de las autoridades se dio cuenta de que estaba ante un caso de trata.

Suele ocurrir con mucha frecuencia que este delito se confunde con otros tipos de explotación. Hay problemas para detectarlo, la legislación es incompleta. Lo que está ocurriendo, además, es que algunas legislaciones han incorporado la trata dentro de la modalidad de peores formas de trabajo o de prostitución. Hay dificultades para acceder a la justicia y por eso la mayoría de casos quedan impunes.

Hay trata de niños y adultos con fines de explotación sexual, migración forzosa, desaparición, pornografía, prostitución, trabajos forzosos, minería ilegal, matrimonios forzados, reclutamiento en grupos armados, adopciones ilegales y hasta reclutamiento de niños en clubes deportivos. Se juega con las expectativas de los ingenuos que sueñan con ser futuros Ronaldos o Mezzis.

Los delitos están relacionados y eso complica la figura. La policía recibe la denuncia y la tipifica como explotación sexual. Ésta pasa a la fiscalía que argumenta que está mal tipificada y no la acepta. Se produce una disputa entre las autoridades, y en este ir y venir la víctima desiste y la retira.

¿Cuál es la relación entre el tránsito de personas que migran, el tráfico de personas y la trata? Álvaro Botero, el relator sobre derechos de los migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sostiene que los migrantes son posibles víctimas de trata, especialmente los niños.

Ese pase clandestino de un territorio a otro supone arreglos pagados con el fin de movilizar a las personas por canales irregulares. Se ha transformado en una industria. Antes en países como Ecuador existían los “coyoteros”, personajes locales que acompañaban en el camino; en cambio ahora han surgido los traficantes que pertenecen a redes organizadas, a un mundo ilícito con conexiones internacionales. El desierto se ha convertido en un enorme cementerio, y los pocos que se libran de desaparecer debajo de la arena caen en diferentes tipos de esclavitud.

“En Latinoamérica, las personas pueden ser ganadas por promesas de mejores formas de vida y en su desplazamiento puede haber coacción, violencia física o psíquica”, manifiesta el relator. Centroamérica y el Caribe ostentan el récord de ser la segunda región con más altos niveles de trata en el planeta.

En el año 2000 los Estados aprueban el Protocolo de Palermo, que da pautas para identificar a las víctimas de trata y define este delito como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otra coacción como el rapto, el fraude, el engaño con fines de explotación”. La identificación es el proceso mediante el cual se detectan indicios de que una persona se encuentra en esa situación. Cada país debe establecer sistemas eficientes para lograrla y para ello existen guías orientadoras que no imponen un sistema único y estandarizado.

Nayat Maalla, una abogada marroquí que es relatora de las Naciones Unidas en temas de venta de niños, prostitución infantil y pornografía afirma que el 64% de las víctimas de trata son niños: se calcula que hay unos 4 millones y, de ese total, las niñas son las más vulnerables. Entre niñas y mujeres suman un 70% de las víctimas. Por eso se dice que esta forma inhumana tiene rostro de mujer. Y la modalidad más común es la explotación sexual, que no solo ocurre en prostíbulos sino que puede darse cuando son reclutadas en los grupos armados para ser utilizadas como esclavas sexuales.

“Por eso es que se debe adoptar un enfoque que se base en la Convención sobre los derechos de los niños”, remarca. La especialista explica que la trata está relacionada al mercado del sexo facilitado por Internet y la telefonía móvil. La explotación sexual de niños en línea no es trata, pero se relaciona; y en ella participan niños de ocho años, bebés y lactantes.

Una niña puneña recibe la visita de su madrina que vive en la ciudad. Ésta les ofrece a sus padres que se la va a llevar para que “le dé una ayudadita en la casa”. Les plantea un trueque: trabajo doméstico a cambio de estudios. Los padres se sienten felices, creen que a su hija se le abrirá un mundo de oportunidades. No saben que va a ser sometida a condiciones de servidumbre, y que lo más probable es que no termine la educación primaria y que sea abusada sexualmente.

El “padrinazgo” es una forma de captación muy arraigada y aceptada en países como el Perú. No se le ve como una forma de explotación sino como una mejora de vida. La naturalización de ciertas formas de trata es común: la explotación laboral de los niños es aceptada por los funcionarios públicos, y cuando la situación es escandalosa la encasillan dentro de la categoría de peores formas de trabajo. 

En Madre de Dios, el epicentro de la trata, las niñas y adolescentes son llevadas a los campamentos mineros por los llamados “captadores” o “enganchadores”. Las captan en mercados, estaciones de buses, paraderos y otros lugares de gran afluencia de público, y las trasladan a Mazuko a escondidas en camiones- cisterna para evadir los pocos controles policiales. Ahí las reúnen y luego las distribuyen como ganado en los campamentos mineros.

Las engañan con la promesa del empleo doméstico o en las tiendas comerciales, y les ofrecen remuneraciones de 350 soles mensuales, que para ellas es un buen sueldo. Este sistema de enganche -una rémora de la época de las haciendas y de los tiempos del caucho- las va envolviendo en una telaraña de deudas que las atrapa. La que se quiere librar tiene que devolver los costos del viaje, de la ropa, de los alimentos, y al no contar con el dinero no le queda otra que continuar en el círculo vicioso.  

En el campamento minero de Huepetue los bares se transforman en burdeles durante la noche. Los peones y mineros ilegales pagan 12 soles por una cerveza y 50 soles por los servicios sexuales de una menor. Se les llama “ojotitas” a las jóvenes que llegan de las comunidades andinas. Hay una zona VIP en la que trabajan las más bonitas y más jóvenes, de 12 y 14 años, por las que se paga más. Las de 18 años son consideradas viejas. Se calcula que hay un promedio de una o dos menores de edad en cada uno de los bares de este poblado. Las que regentan estos lugares, identificados por los focos rojos en la entrada, son por lo general las esposas de los mineros. Una tratante puede ganar 4200 soles por día. En cambio la explotada es mercancía barata. Una cosa.

Dejad que los casos vengan a mí

Álvaro Botero sostiene que seguramente ha habido muchos casos de trata que fueron armados como tortura, violencia sexual contra la mujer o desaparición forzada. Pero además de eso hay un filtro que no permite que lleguen a las instancias internacionales, siendo que el cuello de botella está en los sistemas de cada país.

“Desde el año 2013 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha incluido la problemática de la trata como uno de los delitos sobre los que puede dictaminar. Se le considera como una violación de derechos humanos de carácter continuado que se mantiene hasta que la persona recupere su libertad. Le da estándar análogo al de la desaparición de las personas”, afirma. La Convención en su artículo 6 establece que nadie puede ser sometido a servidumbre o esclavitud.

En un seminario internacional organizado en Lima por la ONG Capital Humano y Social, una madre argentina de una de las miles de víctimas de trata en ese país, preguntó: “¿Cuántos casos de trata han llegado a la Corte Interamericana? Nosotros no podemos llegar a primera instancia, menos a una corte internacional. Un expediente se demora cuatro años en primera instancia. No podemos hacer la denuncia porque no hay una resolución judicial. Por eso digo que la justicia para la trata no existe en Argentina”, exclama.

La Corte solo ha resuelto un caso de trata y eso ocurrió el año pasado.  Es el caso Hacienda Brasil Verde contra Brasil.  Se le considera una sentencia histórica. El grupo de trabajadores que logró escapar de ese lugar, ubicado en el norte del estado de Pará, declaró a las autoridades que eran decenas de miles de personas las que se encontraban sometidas a trabajo esclavo. Las amenazaban de muerte, no les pagaban salarios, no les daban vivienda ni comida. La Corte dictaminó que el Estado tenía responsabilidad porque conocía de esas prácticas desde el año 1989 y no adoptó las medidas para proteger a las víctimas ni sancionó a los responsables.

La Corte Interamericana ha establecido que una vez que las autoridades tengan conocimiento de la situación están en la obligación de investigar, sancionar y reparar. No son las víctimas las que deben sentar la denuncia, sino los funcionarios los que tienen que investigar.

Hay dos casos que han llegado recientemente al sistema interamericano de derechos humanos. El primero es el de los hermanos Ramírez y JR contra Guatemala. Dos niños de siete y dos años fueron entregados en adopción a una pareja estadounidense de manera ilegal. “Este es el caso que puede desarrollar estándares de trata con fines de adopción ilegal”,  afirma Álvaro Botero. El otro es el de Indaloayza Soto contra Venezuela. Esta mujer fue privada de su libertad durante cuatro meses y sometida a mutilaciones, lesiones físicas y afectación psicológica por sus captores.

Ninguno de los casos peruanos ha terminado en la Corte. Los procesos legales son pocos e interminables. Según los datos de la División de Investigación de Delitos contra la Trata de Personas de la Policía y del Ministerio del Interior, hasta el 2011 solo hubo 21 sentencias condenatorias y 17 absolutorias.

En Arequipa una mujer mayor de edad es obligada a dedicarse a la prostitución por su propia pareja, un proxeneta que la ubica en diferentes burdeles de la región. Cuando hace su denuncia, el fiscal archiva el caso “por tratarse de una mayor de edad y porque su pareja es quien la explota”.  En el Poder Judicial del Perú hay una comisión de justicia de género que se encarga de sensibilizar a los operadores de justicia. Las juezas manifiestan que la trata trae enormes dificultades en la interpretación del tipo penal porque se confunde con proxenetismo o explotación sexual.

El otro problema es que se les pide a las víctimas que declaren una y otra vez ante las diferentes instancias, atentando contra su dignidad y generando una revictimización. Y esa repetición inevitablemente produce contradicciones y retractaciones que invalidan su testimonio. Para evitar esto, la comisión de justicia de género ha determinado la valoración de la prueba en delitos sexuales y los motivos por los que no se debe aceptar la retractación.

Una joven rescatada de un prostibar en La Pampa, departamento Madre de Dios, declara: “Yo no quería denunciar a la dueña del local que ya me había amenazado con desaparecerme y hacerle daño a mi familia. Tenía mucho miedo, pero el fiscal me presionaba.” La realidad es que muchas no se atreven a hacerlo. El Juzgado de Trata de Madre de Dios fue convertido en uno mixto porque solo manejaba 50 expedientes, cuando la carga mínima requerida es de 400.

Los vecinos

Un joven rescatado de una plantación en Cúcuta, donde era obligado a trabajar en condiciones subhumanas y sin paga efectiva, fue trasladado a un albergue común ubicado en ese departamento colombiano. Estuvo una semana entre mujeres golpeadas y niños de la calle. En ese lapso los fiscales lo presionaron para que denuncie a su tratante. Como dudaba, no le otorgaron medidas de protección ni asistencia especializada. Luego de dos semanas, se escapó y se hizo humo. Nadie lo volvió a ver. Su familia lo declaró desaparecido.

“En Colombia el acceso a las medidas de seguridad y protección se realiza a través del ingreso de las víctimas al programa de protección de testigos de la Fiscalía de la Nación. Tanto el ingreso como la permanencia de las víctimas en dicho programa depende del avance del proceso penal en contra de los tratantes”, sostiene la abogada colombiana Cristina Rosel, quien ha realizado una investigación sobre la trata en América Latina.

En este continente hay un virtual empate entre los países: todavía están jalados si se ciñen a las demandas del Protocolo de Palermo, aunque es innegable que en estos 17 años se han implementado varias medidas. México es el único país que se considera proactivo a la hora de detectar la trata interna, a través de operativos en los que intervienen las fuerzas de seguridad. Sin embargo, la investigación ha revelado que las potenciales víctimas sufren vulneraciones a sus derechos humanos durante las intervenciones.

En Argentina, la misma madre que dijo que en su país no había justicia para las víctimas de trata añade: “Desde hace 25 años, cuando buscábamos a nuestras hijas, la policía no las encontraba, los jueces no las encontraban. El Estado no las encontraba, mientras sus caritas estaban en Internet. Esas páginas son supervisadas por la Cancillería argentina. Ellas están en los prostíbulos atendiendo a 30 hombres por día. Después, cuando se enferman y mueren los fiscales corruptos las entierran como NN en los cementerios sin avisar a las madres, igual que en la época de la dictadura. Mi hija estuvo secuestrada en el prostíbulo más caro de Argentina que se llama Cocodrilo, y el jefe de Inteligencia me dijo que ya no iba a encontrarla”.

Paraguay es el único país que cuenta con un protocolo para la atención de víctimas que las hace acreedoras de un certificado. “Desgraciadamente la investigación revela que éste no les garantiza el acceso a los servicios de asistencia”, precisa Cristina Rosel. En Colombia no hay protocolo, en el Perú solo el Ministerio Público cuenta con uno, y en Ecuador el que existe ha sido elaborado por instituciones civiles, y por lo tanto no tiene valor oficial.  

Otro punto que ha quedado al descubierto es que, si bien en todos los países se ha eliminado el requisito de la judicialización del caso para poder recibir asistencia, en la práctica en todos ellos se condiciona a la víctima para que denuncie y se abra un proceso, aún en contra de su voluntad. Se prioriza la investigación penal y no a la víctima.

El ejemplo más claro de lo dicho ocurre en Ecuador, donde funciona un programa de protección para las víctimas cuyos procesos están judicializados. Y en Paraguay el programa de protección es solo para los extranjeros. A este desamparo hay que sumarle el que en ni uno de estos países existen centros especializados para acoger a las personas que han sufrido este flagelo, ni siquiera en México que cuenta con más recursos estatales.  

En Paraguay sobrevive una forma muy parecida al “padrinazgo” peruano, solo que ahí le llaman “criadazgo”. Es una práctica absolutamente normal por la que los niños de zonas con menos recursos pasan a residir en hogares de terceros para prestar servicios domésticos a cambio de comida y vivienda. La diferencia con la práctica peruana es que no conocen a la familia, ni  existe algún lazo de amistad o de parentesco entre ellos.

“El estudio ha puesto de manifiesto que las niñas y niños víctimas de trata con fines tanto de explotación sexual, como de trabajos forzados en servicio doméstico fueron captados a través del “criadazgo”, enfatiza la abogada.

Otro resultado saltante de la investigación es que hay una tendencia común a todos los países latinoamericanos, pero que está enfatizada en el Perú: no se ha trabajado la evaluación del riesgo. Se procede al retorno de las víctimas a sus lugares de origen sin haber investigado si esa es la acción más conveniente y sin otorgarles las medidas de protección. Los dejan a su buena suerte, indefensos. No se sabe si caminan directamente a la boca del lobo.

La impunidad es la regla en todos los países latinoamericanos. En Colombia, la Fiscalía General de la Nación reportó que, entre enero de 2011 y abril de 2016, se iniciaron un total de 908 investigaciones por el delito de trata y se obtuvieron 52 sentencias condenatorias. En Ecuador, la Fiscalía reportó un total de 742 denuncias entre 2006 y 2001 y se registraron 26 sentencias condenatorias. En Paraguay, entre el 2010 y 2013, el Ministerio Público reportó 145 casos y solo 19 sentencias condenatorias. En Perú, según la División de Investigaciones de Delitos contra la Trata de Personas de la Policía y del Ministerio del Interior, entre 2014 y 2012 ha habido un incremento de las denuncias: se reportaron 630, pero solo hubo 21 sentencias condenatorias, frente a  17 absolutorias. Las cifras hablan por sí mismas.

Las reparaciones son un sueño imposible hasta el momento. No se han otorgado en ninguno de los países estudiados. Solo algunas fuentes de la Defensoría del Pueblo del Perú ha señalado que “en algunos casos se contemplaron medidas indemnizatorias en favor de las víctimas.

No sorprende que el estudio realizado por la abogada Rosel lleve por nombre: “Víctimas de trata en América Latina. Entre la desprotección y la indiferencia”.

En casa de herrero

La cifra oficial habla de 10 mil casos de trata registrados en el país. Esa es la punta de iceberg. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, este año se han interpuesto 302 denuncias, se han realizado 102 intervenciones y se han detenido a 107 tratantes. Una mejora con respecto a las cifras del estudio de la abogada Rosel.

El mes pasado la policía desarticuló una red de trata que operaba en Lima, Arequipa, Cusco, Ica y Puno llamada “Las mamis de Ceres”. Lo alarmante es que estaba comandada por el suboficial Víctor Manuel Mauricio, un suboficial de la policía que trabajaba en el Departamento de Emergencia de Huaycán y por su esposa. Con ellos cayeron 10 sujetos más. Sus víctimas eran mujeres menores a las que convencían con engaños, para luego someterlas a explotación sexual en varias zonas del país. Las captaban a través de falsas agencias de empleo, creadas en el distrito de Ate. En esos locales les ofrecían trabajo como niñeras o meseras en Lima y en otras ciudades del sur del país.

Alexandra Cáceres es una bachiller de la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco que decidió emprender una investigación sobre acceso a la justicia de las víctimas de trata en el Cusco.  Sangre, sudor y lágrimas le costó conseguir algunos datos sistematizados. En el Poder Judicial solo existe una plataforma de las sentencias de la Corte Suprema, pero no de las cortes de Lima y menos de provincias. No hay bases de datos unificados y digitalizados. Y esto coincide con el informe de la abogada Rosel que sostiene que en el Perú hay disparidad de datos y que los registros de las diferentes instituciones públicas no se han unificado.

Definitivamente la región de donde sale la mayor cantidad de sobrevivientes de la explotación es la selva de Madre de Dios y, sin embargo, en ese departamento solo hay una persona condenada por dicho delito.

Pamela Robles trabaja en la vicaría y es miembro de la Veeduría sobre Trata de Madre de Dios. Ella manifiesta: “Hay 177 personas que han desaparecido en La Pampa. La mayoría son traídas de la sierra por los enganchadores. La indiferencia de las autoridades es descarada. El actual gobernador de Madre de Dios es minero informal. La trata no es una prioridad para él. El gobierno regional tiene un presupuesto de 12 mil soles anuales para impulsar la comisión regional multisectorial de trata, un monto realmente mínimo”.

La pampa es una pampa. La ONG Promsex ha realizado un estudio en ese foco de trata, en el que nadie sabe cuántos pobladores se han instalado ahí, menos aún el Estado. La persecución de la minería ilegal trae como consecuencia intervenciones policiales y detenciones arbitrarias de cientos de trabajadores sexuales que son recogidas en los “prostibares” y llevadas a la comisaría. No hay que ser muy perspicaz para deducir que apenas son liberadas regresan voluntariamente a esos antros porque no tienen otro lugar adónde ir.

Gabriel Arriarán es el investigador que estuvo en la zona y resume las conclusiones a las que llegó: “Hay distintos tipos de mujeres, no todas son explotadas o son damas de compañía. Encontramos 45 mujeres que se definen así y que son explotadas laboralmente, al igual que otras mujeres que trabajan en las cocinas y en ventas. Hay mujeres en trabajos forzosos que reciben castigos y hemos encontrado 11 mujeres en esclavitud”. Algo que le llamó la atención es el alarmante consumo de alcohol por parte de estas mujeres. El promedio general es de seis botellas diarias, pero el consumo sube entre las que son explotadas a 12 botellas diarias.

En el departamento contiguo del Cusco lo más resaltante es la falta de albergues – está demás decir que no hay uno especializado -  y casas de acogida temporal. Se ratifica que los operadores de justicia optan por enviar a las víctimas de regreso a sus pueblos sin hacer una evaluación del riesgo. Hay poco personal especializado: en Urcos, por ejemplo, no hay una asistente social que vea los casos de trata. La policía especializada cuenta con pocos efectivos para hacer operativos en los 13 distritos.

En Arequipa no funciona una fiscalía especializada en el delito de trata de personas. Lo que ocurre cuando llega uno de estos casos a una fiscalía de prevención del delito es que el operador no sabe cómo actuar. Ésta es una de las conclusiones del análisis que la abogada Zoraida Sonco ha hecho de la aplicación del Protocolo de Palermo en los casos investigados por el Ministerio Público de Arequipa entre el 2011 y el 2015.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha puesto a funcionar una Unidad de Víctimas y Testigos a cargo del INABIF, pero la coordinación entre esta institución y la fiscalía no es la ideal: el INABIF tiene horario de oficina y los operativos se realizan en la madrugada. Existen protocolos para la atención a las víctimas. A los menores de edad se les debe filmar con cámaras Gesell y en una sala de entrevistas únicas, y como, según el Ministerio Público, en la ciudad de Arequipa no hay suficientes, se demoran dos meses en tomarle la declaración a una niña víctima de trata.

El protocolo establece que la investigación se debe iniciar a las 24 horas. “No podemos hacer nada si no se pueden grabar las declaraciones que deben servir de pruebas en el juicio. Solo así no es necesario escuchar la declaración de la víctima una y otra vez, y se libra de ser atacada por el abogado del tratante”, sostiene Zoraida Sonco.

En solo dos de los casos que estudió, las víctimas tuvieron defensa privada; pero en ambos los que contrataron a los abogados fueron los propios tratantes. Sabe de 27 víctimas que no tuvieron abogado. Recuerda que una niña encontrada en un bar afirmó que un señor de 60 años era su enamorado, que ella iba ahí por amistad y que no trabajaba en el lugar. Esto fue negado por los testigos que declararon que era explotada y ultrajada.

En el caso de los niños, éstos deben estar acompañados por un adulto al momento de dar su testimonio, y deben ser revisados por un médico legista. Normalmente este proceso no se cumple porque lo que hacen los funcionarios de la unidad tutelar es apresurarse a buscar a sus familiares y devolvérselos; todo lo contrario de lo que establece el protocolo. 

El soporte emocional y psicológico es otro aspecto muy descuidado. Los expertos sostienen que una víctima debería estar en tratamiento por lo menos durante cuatro años seguidos. En Arequipa eso es mucho pedir ya que ni siquiera se cumple con lo básico. “La víctima debería tener un acompañante durante toda la investigación y el proceso penal. Debería permanecer protegida en un albergue. Pero eso tampoco sucede”, añade la abogada. Ella sabe de cuatro casos en el que el tratante y la víctima fueron trasladados juntos a la fiscalía.

Hasta la pederastia podría tener atenuantes si su origen está en los trastornos de la personalidad. Pero la motivación de la trata es el lucro a secas y afecta a los más vulnerables.  Estamos ante el más vil de los delitos.