Parecía lo único bueno que había hecho  Alan García en su gobierno: objetar la ley Procine presentada por los congresistas Carlos Raffo y Luciana León. ¿Era uno de sus acostumbrados exabruptos? ¿Cómo de  acérrimo defensor de las inversiones privadas, de las grandes empresas en desmedro de los recursos naturales y de las poblaciones rurales, de pronto podía mostrarse preocupado por el destino de una industria nacional?  Pero poco dura la sorpresa. Al leer las observaciones del Ejecutivo al proyecto de ley vemos que la preocupación de García se dirige a proteger los bolsillos de los Mayors de la industria cinematográfica y no del cine peruano.

Pero rebobinemos la cinta y empecemos por el comienzo.   

Nadie entendía nada. Dos gremios de cine divididos. ¿Cuatro gatos peleándose por quítame esta paja? ¿Lombardi y Durant aliados de Raffo contra Wiener y los invisibles cineastas regionales? ¿Moderados contra radicales ? ¿Cineastas mediáticos contra desconocidos trabajadores de la industria?

La verdad sea dicha: Si no hubiera sido por ese grupo de anónimos trabajadores cinematográficos de perfil bajo, agrupados en la Unión de Cineastas Peruanos (UCP), se hubiera aprobado una ley que eliminaba  el monto obligatorio que el Estado otorga al CONACINE para los concursos de cortos y largometrajes. Una ley que creaba el fondo Procine con el aporte privado de carácter voluntario y temporal de distribuidores y exhibidores. (Sería el 3.3 por ciento del total del valor de las entradas al cine). En otras palabras: CONACINE dependería del fondo. ¡ La promoción del cine peruano estaría en manos privadas sujeta a un contrato y a los vaivenes del mercado! Christian Wiener, presidente de la UCP, señala: “Era una ley que se centraba en lo económico, no abordaba otros aspectos. La Asociación de Productores Cinematográficos del Perú (APCP) ya tenía un acuerdo con los distribuidores”.  

Justamente, otro argumento contra la ley Raffo era que favorecía  a los distribuidores, al eliminar el impuesto municipal del 10% . “Ellos recuperaban ese monto y de ahí iba a salir el aporte voluntario y temporal que le darían a CONACINE”, agrega Wiener. (El negocio cinematográfico en manos de las transnacionales de Hollywood  cuyo único evangelio es la rentabilidad).           

Mientras Raffo actuaba como Batman al rescate del cine peruano, el movimiento de cineastas y trabajadores de la incipiente industria aparecía dividido y enfrentado. El congresista fujimorista pregonaba que “los que hacen cine de verdad  son los que apoyan esta ley”, levantando a la APCP y descalificando al otro gremio, la UCP que la objetó desde el inicio .     

 Apareció en los noticieros la imagen en primer plano de Lombardi, Tamayo y Gustavo Bueno, aplaudiendo la aprobación de la ley en el Congreso. Lombardi declaró: “Realmente se sacará adelante la industria nacional”. Tamayo sostuvo: “De esta forma se duplicarán los premios de CONACINE”.  Frank Pérez Garland agregó: “Este mecanismo legal objetivamente va a producir un beneficio enorme para la producción”. ¿Qué pasó, es que no se dieron cuenta de las consecuencias que traería su aprobación?

No queda claro a qué se debió el repentino cambio de posición de la APCP . Pudo tratarse de la influencia de los críticos de cine a los que sí respetan y escuchan como Ricardo Bedoya , Isaac león Frías o Emilio Bustamante, quienes se pronunciaron abiertamente en contra de la ley Raffo  en el blog Páginas del diario de Satán. El hecho es que el 4 de enero de este año, la APCP y la UCP enviaron una carta conjunta al Presidente García, exigiendo la observación de la ley Pro Cine porque “no garantiza íntegramente las partidas presupuestales para el CONACINE, no impulsa de manera efectiva la descentralización cinematográfica y establece un régimen laboral especial que atenta contra la normatividad vigente en el sector trabajo”.    

La respuesta del Ejecutivo no se hizo esperar. García objetó la ley. ¿Su preocupación por el desarrollo de la industria cinematográfica nacional de pronto estaba por encima de sus compromisos con el capital extranjero? ¿Su discurso se extraviaba en los linderos de la esquizofrenia?  Cualquier especulación se aclara leyendo la observación presidencial a la ley Procine que llega al Congreso diez días después: Era amor al chicharrón. ¡Las preocupaciones de García se centraban en la repercusión negativa que la ley pudiera tener  en la rentabilidad de los inversionistas!  Las obligaciones que la ley les imponía a las distribuidoras eran: colocar más copias en el mercado, hacer algunas proyecciones gratuitas, distribuir al menos dos películas peruanas al año. Ninguna vería afectadas sus ganancias por eso, pero el Presidente creyó que sí.

¿Cuál hubiera sido el futuro del cine peruano si esta ley se aprobaba? Para Wiener, “ algunos solucionarían su problema de liquidez  rápidamente con una visión cortoplacista. Unos cuantos cineastas tienen resuelto el problema del subsidio y comercialización de sus películas. No es el caso del cine regional”.   

En otros tiempos se habría catalogado a los de la APCP como reformistas y de radicales a los de la UCP. Los primeros plantean modificar algunos puntos de la ley Procine. Pérez Garland dice que ellos necesitan una alternativa en el corto plazo: “Plantearse en este momento una Ley General de Cinematografía, que es lo que todos desearíamos, es postergar indefinidamente  la posibilidad de generar un fondo financiero para producir películas. Por eso, hacer un esfuerzo por encontrar un apoyo conjunto al fondo Procine es una obligación de todo cineasta que pretenda hacer cine en el corto y mediano plazo”.  

Mientras que Wiener, de la UCP, está por esa ley integral y general: “Nosotros creemos  que sí hay tiempo para repensar una mejor ley. Después de haber sido observada por el Ejecutivo, la ley Raffo está dando coletazos de muerta, pero hay un intento del Ministerio de Cultura de resucitarla.”   Ante esto, Pérez Garland manifiesta que la UCP no tiene interés en que el cine peruano consiga más fondos .

La tregua se ha terminado y la división prevalece. La esperanza es que de tanto darle vueltas, de expulgarla y desmenuzarla se llegue a tener una nueva ley que beneficie a realizadores limeños y de provincias, productores, técnicos, docentes, teóricos: a todos los trabajadores de la industria, para que se fortalezca y que no siga siendo la misma enclenque de siempre.