Una vez terminada la fase oral del proceso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya entre Perú y Chile por el diferendo marítimo, es posible afirmar que se ha dado un importante paso en favor de nuestra relación bilateral y de la consolidación de ambos países como garantes de la paz en el mundo.

En primer lugar, es resaltable el papel que los equipos jurídicos de ambos Estados han tenido en La Haya. Han demostrado no solo seriedad ante la Corte, sino también moderación y defensa de su posición, sin necesidad de generar un ambiente hostil (más allá de algunos comentarios “picantes” propios de procesos de este estilo). Este aspecto es fundamental en tanto la población de nuestros países han podido advertir lo valioso del respeto a la legalidad internacional, en este caso puntual referido a uno de los principales mecanismos de solución de disputas como lo es la CIJ. Definitivamente constituye un avance en materia de “cultura democrática” en el ámbito internacional.

 En segundo término, también resultan relevantes las expresiones desde ambos países, al más alto nivel, de cumplimiento del fallo sea cual fuese el resultado. A pesar de una difícil historia común, la importancia de mantener y construir una relación entre dos vecinos en un mundo globalizado, ha logrado que Perú y Chile se hayan comprometido a respetar la referida sentencia.

Cierto es que el Derecho Internacional tiene dificultades para determinar el comportamiento de los Estados. En el supuesto que uno de los dos países no quiera cumplir un fallo contrario a sus intereses, en teoría, el Consejo de Seguridad debe ser el encargado de hacer respetar las sentencias de la CIJ; sin embargo, este órgano de las Naciones Unidas, es eminentemente político, de ahí que Estados Unidos, miembro permanente con derecho a veto, carezca de legitimidad al haber cumplido fallos previos; además de contar con otras prioridades (no parece probable que la guerra civil siria o el dilema nuclear iraní, permitan que nuestra problemática sea parte de la agenda). Pero, incumplir un fallo luego de las demostraciones llevadas a cabo por ambos países, más aun cuando constituye la última instancia, sería un atentado a la imagen internacional del Perú o Chile: teniendo en cuenta que tratan mostrarse como ejemplo de países “civilizados” y dignos de inversiones, sería contrario a sus intereses asumir este costo.

Esto último es muy importante, pues si bien el Derecho Internacional carece de sanciones efectivas, cuenta con altos costos, y una posible ruptura de la relación bilateral sería nefasta económicamente para ambos países. En este sentido, no puede compararse la estrecha y necesaria relación entre Perú y Chile, con la débil relación entre Colombia y Nicaragua. A pesar de todo, Colombia todavía no ha negado por completo el fallo de la CIJ, sino que, en virtud de un contexto interno muy difícil, se encuentra analizando otras opciones, las ya establecidas por la corte (aclaración y revisión) y el camino bilateral.

Asimismo, este alto grado de respeto a la CIJ, demuestra que nos encontramos superando “el orgullo herido” y el “trauma histórico”, en contrario sensu a lo señalado por Álvaro Vargas Llosa en su controvertida carta publicada inicialmente en medios chilenos. Aunque utiliza un tema también presente en el “Llamado a la Concordia”, a diferencia de su padre, no identifica el proceso ante la CIJ como una oportunidad histórica para terminar con esa “mentalidad del siglo XIX”, sino parece ver en nuestra demanda una demostración de dicho pensamiento.

En tercer lugar, debe señalarse la solidez de la posición peruana. Esto no significa que la victoria se encuentre asegurada, ni que la posición chilena carezca de lógica o fortaleza, simplemente que el Perú ha demostrado que ha podido construir una demanda muy bien estructurada, con argumentos jurídicos que pueden acercarnos a un fallo favorable. Con toda certeza, los tres puntos más importantes de la solicitud peruana han sido muy bien sustentados: la ausencia de un tratado de límites marítimos y ante la negativa de Chile de negociar un acuerdo en ese sentido, el pedido a la CIJ para que lleve a cabo la delimitación utilizando las herramientas existentes en el Derecho del Mar; el inicio de la frontera marítima en el Punto de la Concordia según el tratado de 1929 y no del Hito Nº 1 (si bien este aspecto no constituye parte del litigio, al momento de tener que delimitar la frontera, la CIJ debe establecer el inicio de la misma); y finalmente, que se considere como parte de nuestras 200 millas, un zona conocida como el “triangulo externo”, el cual Chile conoce como alta mar.

En relación al punto referido a la delimitación, el más difícil e importante a la vez, Chile ha centrado su defensa en el actuar del Perú las décadas siguientes a los acuerdos del 1952 y 1954, el mismo que confirmaría la existencia de un tratado de límites. Lamentablemente para los intereses chilenos, el fallo entre Colombia y Nicaragua no solo reconoció que los tratados de límites marítimos no se infieren, sino que además, el dominio efectivo no genera soberanía en materia marítima; de esta forma, la defensa chilena ha tenido que dejar de lado su tesis de la costumbre internacional, para referirse solamente a la práctica como indicios probatorios. En ese sentido, la posición peruana podría estar un par de pasos adelante tanto jurídicamente (las fuentes del Derecho Internacional nos respaldan) como moralmente (una frontera delimitada en forma injusta e irracional).

El presente artículo no busca llevar a cabo un análisis jurídico, pero parece increíble, como lo señaló uno de nuestros abogados, que el Perú haya intentado acordar en forma conjunta la defensa de las 200 millas (en contra de la costumbre de la época) y al mismo tiempo haya renunciado a sus 200 millas en gran parte de su costa (aproximadamente hasta el departamento de Ica).

Por último, el hecho que ambos presidentes también hayan manifestado su interés por trabajar una agenda en común post-CIJ es lo más valioso de cara  al futuro. Mientras que Ollanta Humala ha señalado que es sumamente importante “trabajar una agenda de integración en todos los ámbitos”, Sebastián Piñera ha manifestado que debemos seguir construyendo "una relación de amistad, colaboración y de futuro” y “no quedarnos atrapados en el pasado”.

Así como el acuerdo de 1998 con el Ecuador no solo puso fin al conflicto limítrofe sino también sentó las bases en materia de cooperación (la misma que ha permitido, entre otras cosas, el acuerdo de límites marítimos del 2011, fundamental en el diferendo con Chile), es necesario construir una agenda bilateral, más aun cuando es innegable que una vez que se conozca el fallo, se va a generar un ambiente negativo en cualquiera de los dos países (por lo menos en el caso chileno, el contexto electoral del próximo año no favorecería el acatamiento a un fallo adverso). Esta agenda, que ya viene siendo trabajada aun incipientemente por ambos gobiernos y la sociedad civil, es necesario profundizarla. Por lo pronto, los meses que faltan hasta el fallo y que ya no implican ningún tipo de acción por las partes en litigio ante la CIJ, deberían ser utilizados por Perú y Chile para desarrollar las principales líneas de cooperación para el corto y mediano plazo de la relación bilateral.