El 11 de abril de 2002, doña Hilda Morales Figueredo y don Juvenal Mansilla Guevara –esposos, de 74 y 78 años, víctimas de la violencia política– narraron el testimonio de sus sufrimientos ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), en la serie de audiencias públicas realizadas en la ciudad de Huamanga, en Ayacucho. Así, en su tercera sesión de audiencias, la pareja de esposos relató la historia trágica de la desaparición forzada de sus dos hijos, José Carlos y Alexander, a manos de las fuerzas combinadas del Ejército del Perú y la Policía Nacional.

Hoy, veintiséis años después, los esposos Mansilla-Morales afrontan juntos una demanda de amparo contra la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿La razón?: su negativa constante de indemnizarlos, como exige la justicia, por la desaparición de José Carlos, el menor de sus hijos violentados, pues ambas entidades estatales se niegan a entregar más de una reparación económica a víctimas (y familiares de víctimas) que hayan sufrido más de una afectación a sus derechos fundamentales.

La tragedia de la familia Mansilla-Morales
Alexander Mansilla Morales, de veintidós años, era estudiante de la Facultad de Educación de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga. Según relataron sus padres a la CVR, era una persona noble y un alumno aplicado, ejemplo entre sus hermanos, y un ferviente entusiasta de las festividades religiosas católicas. Por otro lado, José Carlos Mansilla Morales, a sus cortos veintidós años, era estudiante de la Facultad de Ingeniería de Minas en la misma universidad en que estudiaba su hermano, aunque eran bastante diferentes. Durante la audiencia, sus padres lo describieron como un joven alegre, atlético y deportista, que gustaba de la natación; era muy bien preparado y de ideas progresistas. Ambos, Alexander y José Carlos, fueron desaparecidos la mañana del veintiséis de julio de 1989. 

Como era usual, José Carlos limpiaba la tienda de su familia –en el bullicioso mercado de Huamanga– cuando fue atacado de improviso por efectivos militares y policiales. Durante el ataque, lo golpearon salvajemente y, casi inconsciente, se lo llevaron hacia la calle. Entonces, Alexander, quien tuvo la mala fortuna de ser testigo del ataque que sufría su hermano al volver de sus clases en la universidad, se acercó sorprendido a los efectivos, preguntándoles por la escena atroz que acababa de presenciar. En respuesta, los efectivos lo golpearon de inmediato, llevándoselo junto con José Carlos en un auto que tendría como destino una comisaría.

Doña Hilda, enterada de lo sucedido, corrió aterrada detrás del auto que se llevaba a sus dos hijos. Los alcanzó en medio del camino a la comisaría, sin saber que aquella sería la última vez que los vería. Allí, entre gritos, José Carlos le pidió que hablase con un comandante de policía. A continuación, uno de los efectivos la empujó al suelo y el auto continuó su recorrido a toda velocidad, casi atropellándola en aquel instante.

No obstante, al llegar a la comisaría, doña Hilda supo que el comandante con el que debía comunicarse se encontraba en Lima. Desesperada por la situación, reclamó a los efectivos por sus hijos sin lograr éxito alguno; en ese estado, buscó la compañía de su esposo, don Juvenal, profesor de Filosofía y Psicología en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, y acudieron juntos a la fiscalía –en Ayacucho y Lima– y a la prensa, recorrieron numerosas comisarías y cuarteles, todo sin lograr resultados positivos.

Las denuncias hechas por los esposos Mansilla-Morales les valieron el acoso constante de policías y militares. Incluso, estos allanaron su casa durante la madrugada del veintitrés de diciembre de 1991, en su búsqueda; felizmente, la pareja de esposos logró huir hacia la azotea de la casa vecina. No obstante, los atacantes amenazaron y maltrataron a sus hijos, que descansaban en sus dormitorios, destruyeron los muebles y robaron dinero, libros y artefactos electrónicos. Finalmente, mataron de un balazo a uno de los tres perros de familia, destripándolo antes de huir.

Alarmados por esta última amenaza, los esposos Mansilla-Morales decidieron abandonar Huamanga, junto con sus hijos, disfrazados y ocultos entre la mercancía de un camión con rumbo a San Clemente, en Pisco. La familia llegó a San Clemente ligeramente aliviada por la distancia que los apartaba del peligro que encerraba Ayacucho; entonces, tomaron juntos un bus hacia Lima, como muchos otros cientos de miles de desplazados por causa de la violencia política, en búsqueda de nuevas y renovadas esperanzas.

En septiembre del año pasado, Hilda, acompañada de su hija Liliana, reconoció algunas de las prendas de vestir, exhibidas por el Ministerio Público en San Juan de Lurigancho, que sus hermanos llevaban puestas el día en que fueron desaparecidos: shorts verdes y jeans celestes –desteñidos por el paso luctuoso de los años–; ambas prendas fueron encontradas en las fosas junto al cuartel militar de Los Cabitos, en la golpeada región de Ayacucho.

La promesa e ilusión rota de reparaciones justas
Alejandro Toledo, en el año 2005, promulgó la Ley N.° 28592: Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones. Este hecho significó un paso histórico e importante en la lucha por el reconocimiento de las violaciones de derechos humanos cometidas contra gran parte de la población peruana. En efecto, la ley tiene como objeto la atención primordial a las víctimas de la violencia política (y sus familiares en los casos de asesinato y desaparición forzada) a través de programas estatales de apoyo.

En julio del año 2006, durante los últimos días del gobierno de Perú Posible, se promulgó un decreto supremo que reglamentó la ley de reparaciones. Este creó el Programa de Reparaciones Económicas (PRE), cuyo objeto fue el otorgamiento de reparaciones económicas –entiéndase indemnizaciones– a víctimas de la violencia política y sus familiares, a quienes se les llamó beneficiarios. No obstante, la falta de determinación del monto de dinero a otorgársele a cada uno, así como la falta de designación de la entidad responsable de hacerlo, llevó a que el PRE durmiese el sueño adolorido de los justos por un largo tiempo.

No fue sino hasta el año 2011, durante el gobierno aprista, en que se promulgó un nuevo decreto supremo que permitió destrabar la entrega de reparaciones económicas a quienes correspondía indemnizar por causa de la violencia política. No obstante, el gobierno fijó arbitrariamente el monto de cada reparación económica en diez mil soles. Aún así, pese a este y otros problemas derivados de la última promulgación, empezó finalmente la entrega periódica de reparaciones económicas a los beneficiarios del PRE.

Es en este contexto en que los esposos Mansilla-Morales, junto con Alexander y José Carlos, fueron inscritos en el Registro Único de Víctimas (RUV) en noviembre del año 2008. Allí se dejó constancia escrita de las afectaciones a derechos fundamentales que sufrieron por causa de la violencia política. Aunque, aún con todo esto, tuvieron que esperar cuatro años más para que el Estado les otorgue una reparación económica, en diciembre del año 2012. Entonces, se les indemnizó con diez mil soles por la desaparición de Alexander: cinco mil para cada uno de los esposos. Sin embargo, el Estado guardó silencio frente a lo ocurrido con José Carlos.

Este silencio no fue gratuito. El Estado, a través de la CMAN y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se rehusaba a indemnizar en forma integral a aquellos beneficiarios que registren más de una afectación a sus derechos fundamentales, amparándose para ello en una interpretación arbitraria y equivocada de algunos artículos de la ley de reparaciones y su reglamento.

En efecto, mediante un informe elaborado por el Ministerio de Justicia, sostuvieron que en estos casos la reparación no es un derecho, sino un beneficio y que, por tanto, no es posible exigir el cumplimiento de un derecho que no se desprendiese del texto literal de la ley. Igualmente, señalaron que los beneficiarios no pueden exigir que se les otorgue más de una reparación económica, por lo que, de tener el derecho de recibir más de una, deberán recibir únicamente la más ventajosa.

Como señalamos, esta es una interpretación arbitraria y equivocada de las normas legales. La reparación no tiene su origen en una ley, sino en el texto de la Constitución Política, que es la norma de mayor valor en nuestro ordenamiento jurídico. Solo entonces será la ley la que desarrolle su contenido. De igual forma, el Ministerio de Justicia se equivoca en señalar que los beneficiarios que sufrieron más de una afectación a sus derechos fundamentales no puedan recibir más de una reparación económica, puesto que la prohibición hecha por el reglamento de la ley está pensada para quienes han sido indemnizados por un mismo hecho, en virtud de sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdos amistosos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de leyes especiales que otorguen indemnización a víctimas de la violencia política (como en los casos de militares, policías y ronderos).

Esta misma situación ha sido advertida oportunamente por la Defensoría del Pueblo, la que, mediante un informe elaborado en el año 2012, señaló que existen 5,324 beneficiarios del PRE que registran más de una afectación a sus derechos fundamentales y que no han sido indemnizados correctamente. De ellos, indicaron hace dos años, 443 tienen más de 70 años y otros 258 tienen más de 80. Así, la Defensoría del Pueblo exhortó al Estado a que cumpla con la normatividad vigente e indemnicen como es debido a los beneficiarios del PRE que tienen derecho a que se les dé más de una reparación económica.

La lucha judicial por la visualización de las víctimas de la violencia política
La familia Mansilla-Morales no pasa por su mejor momento. A sus edades avanzadas, doña Hilda y don Juvenal, residentes en una modesta casa en el distrito limeño de San Martín de Porres, tienen problemas para enfrentar sus obligaciones económicas mes tras mes. La pensión que recibe don Juvenal, gracias a décadas de trabajo en la docencia universitaria, no es suficiente ni le permite alcanzar una vida digna. Por esta razón, los esposos Mansilla-Morales decidieron demandar al Estado para que se les dé un dinero al que evidentemente tienen derecho.

En un primer momento, en octubre del año pasado, los esposos pidieron a la misma CMAN que, en estricta aplicación del Derecho, se les indemnice por la desaparición de José Carlos. Esto hubiera permitido que se le visualice como víctima de la violencia política; sin embargo, el Estado –celoso de su presupuesto e indiferente a las exigencias de quienes sufrieron el periodo de violencia más sangriento de nuestra historia republicana– prefirió, por supuesto, no dar respuesta a la petición.

Es entonces cuando los esposos Mansilla-Morales decidieron demandar al Estado, con el respaldo jurídico del Instituto de Defensa Legal. La demanda de amparo fue presentada ante la Corte Superior de Justicia de Lima el 24 del marzo pasado y tiene como objeto, en primer lugar, exigir al Estado (por medio de la CMAN y el Ministerio de Justicia) cumplir con sus obligaciones –derivadas de la Constitución Política y las leyes– y, en consecuencia, indemnizar a los padres de Alexander Mansilla Morales por su desaparición, ocurrida hace ya veintiséis años y causada por el ataque feroz de efectivos policiales y militares.

Pero esta no es una lucha solitaria. Junto a los esposos Mansilla-Morales, existen muchos otros peruanos y peruanas, víctimas de la violencia política, quienes exigen que el Estado cumplir con su deber de indemnizarlos correctamente por los episodios de violencia atroz ocurridos entre los años 1980 y 2000. Entre ellos, está presente Carlos Ruiz Huayllaccahua –ayacuchano, de 54 años– quien también decidió demandar al Estado en busca de lo considera justo y necesario.

En el año 1989, Carlos Ruiz fue presidente de la ronda campesina de la comunidad de Llamanniyuq, en Ayacucho. Como rondero, combatió directamente y en distintas ocasiones contra miembros de Sendero Luminoso, siendo herido de bala en el pie izquierdo. A partir de entonces, Carlos sufre de artrosis postraumática, una discapacidad física permanente. Sin embargo, esto no fue suficiente para los delincuentes terroristas, pues, al ser considerado enemigo de la revolución, continuó siendo acosado, razón por la que se vio forzado a huir a Huancavelica.

Años después, en 1999, Carlos Ruiz decidió volver a Ayacucho en compañía de su familia. Al poco tiempo de haber llegado, mientras Carlos cazaba venados en el campo abierto, terroristas entraron en su casa buscándolo; al no encontrarlo, interrogaron y torturaron a su madre, doña Constantina Huayllajahua Vilchez, para que delatase su posición, pero ella no se las reveló, por lo que, a causa de su amor y coraje, fue asesinada. Ante el horror de esta situación, Carlos Ruiz abandonó su comunidad e inmigró a Lima, como lo hicieron también los esposos Mansilla-Morales ocho años antes.

En mayo del año 2014, la CMAN otorgó reparación económica a su favor, reconociendo su la afectación a sus derechos fundamentales que representa la artrosis postraumática que padece; no obstante, se rehusó a otorgársela por el asesinato de su madre, pese a que sí se indemnizó a sus tres hermanas por el mismo hecho e, inclusive, se le consideró para realizar el cálculo del monto correspondiente a cada uno de ellos, pese a no otorgárselo.

Ambas historias, de lucha valerosa contra la impunidad y el olvido, reposan hoy en expedientes judiciales encarpetados en algún estante de las muchas que existen en el Poder Judicial, esperando que la acción judicial reivindique el dolor de quienes respiraron muerte y cenizas en el momento más difícil de nuestra historia. En este contexto, las reparaciones contra la impunidad permitirán que demos un paso más en la escalera agreste de la paz y la reconciliación nacional.