En el pasado debate presidencial organizado por los colegios de Periodistas y Abogados fue notoria la desigualdad de condiciones en la que se encuentra el candidato de Democracia Directa, Gregorio Santos Guerrero, quien solo pudo participar mediante vía telefónica desde la cárcel. A pesar de ello, y sin presencia física, es posible que su discurso político interese a algunos sectores insatisfechos que aún esperan un cambio radical. Recientemente el INPE permitió que un equipo de campaña del candidato ingresara al penal de Piedras Gordas para filmar un spot y una entrevista.

Santos empezó a ser investigado entre 2011 y 2012, lleva veinte meses en prisión preventiva, no ha sido juzgado porque el fiscal aún no presenta acusación formal, o sea el juicio no empieza. Intente imaginar si esa fuese la condición de algún funcionario de La Confiep enfrentado a la justicia. ¡Imagine!

No sabemos si Gregorio Santos es inocente o culpable. Pero tenemos una teoría: si durante el conflicto Conga, el presidente regional de Cajamarca hubiese dado un sorpresivo giro para ponerse del lado del proyecto minero hoy llevaría su proceso en libertad, con acusaciones más leves y con la dulce promesa de ser un futuro empresario que contratase con proyectos estatales y privados.

Gregorio Santos fue acusado, entre otras cosas, de asociación ilícita para delinquir, cohecho y colusión agravada. La denuncia fiscal se sustenta en supuestas pruebas flagrantes de la relación de la autoridad regional con el empresario beneficiado Wilson Vallejos, confesiones de testigos y colaboradores eficaces, vouchers de depósitos bancarios y audios.

A pesar de que Santos se presentó a todos los llamados de la justicia y no hubo señales de que obstruyese la investigación o de peligro de fuga, ya que había confirmado su participación en la campaña electoral para su reelección, la jueza Mercedes Caballero acogió la acusación fiscal y dictó catorce meses de prisión preventiva para el funcionario regional a finales de junio de 2014. Goyo pasó de la carceleta del Poder Judicial al penal de máxima seguridad de Ancón - Piedras Gordas, en un régimen más que severo.

Santos asegura que los depósitos de dinero son aportes de empresarios a su campaña y que no dirigió licitaciones a favor de determinados postulantes. Sea así o no, el concepto de aportes de privados sería defendido a rabiar por los tutores del libre mercado como una conducta normal de la vida política. El sistema defendería esa práctica, siempre y cuando no viniese de alguien acusado de paralizar una de las más rentables actividades económicas de este país, la minería.

Desde el inicio de la prisión, la defensa de Santos se quejó de sus condiciones carcelarias, del pequeño habitáculo que lo acogía, de las pocas horas de aire libre y de las escasas visitas a las que podía acceder. Con todo eso, Goyo fue reelegido como gobernador regional de Cajamarca en octubre de 2014 con el 44%, y extrañamente no se le entregaron sus credenciales como autoridad a pesar de no tener sentencia alguna. ¿Ya reelegido existía riesgo de fuga?

En mayo de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre el caso Santos y le pidió al Estado peruano que velara por la seguridad y salud del preso, quien había denunciado amenazas y temores sobre su futuro inmediato. La tragicómica respuesta del Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, fue que: “Resulta absolutamente inoportuno que en momentos de convulsión social (…) la Comisión IDH admita una medida cautelar en favor de uno de los líderes del movimiento antiminero del país”. Por supuesto, para entidades extranjeras y nacionales esta torpe respuesta consolidó la idea de que sí existía una persecución política.

En agosto de 2015, en contestación al pedido del Ministerio Público, la jueza Zaida Pérez determinó ampliar la prisión preventiva de Santos, gobernador reelecto y suspendido, por dieciocho meses más por tratarse de un caso complejo. Extensión de tiempo que vencería en febrero de 2017. Pero la Sala Penal de Apelaciones modificó esa ampliación a once meses, hasta el 24 de julio de 2016; a tiempo para escuchar el mensaje presidencial del nuevo o la nueva mandataria.

En octubre de 2015, en una inspección sorpresa, el INPE halló siete mil soles en la celda de Santos. El mensaje parecía ir dirigido más a los socios políticos de Goyo que a sus electores. Sus partidarios aseguraron que el monto era un aporte de los comités regionales para los gastos internos que pudieran darse, como comprar y preparar comida propia, comprar diarios u obtener seguridad al interior del penal lleno de delincuentes de alto rango. El “hallazgo” no trascendió y el dinero tuvo que ser devuelto al entorno familiar del recluso.

De mal en peor. El partido comunista Patria Roja decidió romper relaciones con Santos acusándolo de desobediencia por su cercanía electoral con el movimiento Avanza País. Acción parecida ha hecho el MAS (Movimiento de Afirmación Social) de Lima –no el de Cajamarca- en su plenario nacional, donde ha vacado a Santos de su dirección y decidido el apoyo a la candidatura de Verónika Mendoza del Frente Amplio.

Si en el Perú la prisión preventiva se aplicara siempre con la misma rigurosidad y sospecha con que se aplica a Santos, lo más probable es que pocos candidatos ahora gozarían de libertad. Pedir el cese de la prisión preventiva de Gregorio Santos para que enfrente su proceso en libertad no es una adherencia política, o la convicción de su inocencia, es una defensa de los derechos básicos de cualquier ciudadano.