Secar ríos, modificar cuencas hidrográficas, crear un río artificial de relaves, hacerlo desembocar en el mar, desaparecer valles agrícolas, reducir áreas de pasturas; cambiar el color del océano, matar su flora y fauna, dejar sin agua a una ciudad, esparcir humos sulfurosos, multiplicar las enfermedades locales. Esta destrucción omnipotente ha sido perpetrada en 59 años y no en una semana, como el acto de creación del Universo que narra la Biblia. Con procedimientos  invasivos y agresivos, la naturaleza fue violentada ante la vista y paciencia de los sucesivos gobiernos. 

Lo que vivimos ahora – la oposición al proyecto Tía María – es producto de seis décadas de destrucción medioambiental. La “bronca” de los pobladores del valle del Tambo va a cumplir 60 años, y se inició cuando el viento hizo que los humos de la refinería de Ilo giraran de sur a norte, cubriendo sus cultivos con una capa amarillenta de polvo sulfuroso.

“El valle de Cinto, en Tacna, se secó. Era la zona de las uvas y de los ricos vinos y piscos. La Southern lo dejó como una pasa y se llevó el agua a Toquepala. Eso fue a fines de los años 50. Dicen que todo era verde, pero yo lo conocí cuando estaba seco y abandonado. Había casas medio derruidas; ya no estaban los grandes toneles en los que se procesaba la uva. Quedaba alguna gente mayor que hacía forrajes. No vi cultivos”, recuerda Jorge Quesada, uno de los legendarios dirigentes que fue secretario general del sindicato de esa empresa en los 80, años de efervescencia política y social. Él trabajó como obrero en la fundición y vivió en el campamento minero que era del tamaño de un distrito.

Solo queda la huella del río: un tajo polvoriento. La poca agricultura que se realiza actualmente en el Valle de Cinto depende de 17 pozos tubulares. En Tacna, la irrigación Pampa Sitana corrió la misma suerte, y hoy sufre un déficit de agua de 0.125 metros cúbicos por segundo. Candarave soportó una reducción de su área agrícola por el mismo motivo.

Es importante precisar que se trata de una región con una escasez de agua histórica. Allí, en la cuenca del río Moquegua y en la cuenca del río Locumba, se instalaron las minas de Cuajone y Toquepala, respectivamente. Para que ésta última pudiera funcionar, la empresa utilizó los riachuelos cristalinos de los acuíferos de las cabeceras de cuenca, y los depositó en sus dos reservorios. Construyeron pozos tubulares que chuparon el agua del subsuelo en las pampas de Huatire-Gentilar . Esto provocó que, desde el año 1970, disminuyera el caudal del río Callazas que, a su vez, se alimenta de la laguna Suches. Y como esto no fue suficiente, construyeron un dique que impidió el drenaje natural de la laguna hacia ese río.

Se trata de una sucesión de daños encadenados. La empresa consiguió autorización y licencias para desviar el río Torata y ampliar el tajo de la mina Cuajone. Por eso, en este momento, están en grave riesgo la zona de pasturas y la parte alta de los valles Tumilaca y Torata. Hasta el año 2005, había obtenido sin ningún problema diez autorizaciones para el uso de aguas subterráneas y superficiales, y logró renovar la licencia de uso de agua subterránea del acuífero de la laguna de Vizcachas y del agua superficial de la laguna de Suches, cuyas aguas fueron derivadas a la mina.

Esta disminución de la capa freática en la zona trajo consigo sequías que afectan el crecimiento de los pastos, la migración de la fauna silvestre y la desertificación de los valles.

Lo que ocurre en la cuenca del río Moquegua es similar. Solo que además de albergar a la mina de Cuajone, la parte baja del río ha tenido que soportar el peso de la fundición y de la refinería de Ilo.

“Cuando llegué a Ilo el problema principal era la falta de agua”, sostiene Quesada. El año 1975 ya no había agua en la ciudad de Ilo. Southern construyó una planta de desalinización en la ciudad para abastecer el campamento de Ciudad Nueva. “Era un agua salobre, de mala calidad. No se podían cocinar los frijoles porque salían duros”, recuerda. Como no había agua en el puerto de Ilo, los tricicleros la sacaban de los pilones del campamento que después vendían en el puerto. Hasta que la empresa un día les prohibió hacerlo.

El caso llegó al Tribunal del Agua en Holanda. La presión social fue muy fuerte. En esa época el sindicato tenía la fuerza para hacer huelgas de 45 días, la Izquierda Unida era fuerte en la zona y los municipios eran piezas clave de este movimiento. La batalla por el agua y en contra de la contaminación duró casi 20 años. Finalmente, el gobierno decide construir una represa en Tacna y otra en Moquegua que soluciona la escasez.

Qué verde era mi valle, la película de John Ford, ganadora del Oscar el año 1941, dejó de ser ficción cinematográfica.

Los vientos que Southern sembró
El viento era travieso y le jugaba malas pasadas a la empresa. “El otro problema grave en Ilo era la contaminación ambiental, producida por los humos tóxicos. Cuando el viento soplaba en dirección contraria, llenaba de humo la ciudad, y si giraba de sur a norte, los humos llegaban hasta el valle del Tambo, en la provincia arequipeña de Islay”, agrega Quesada. Las cuatro chimeneas de la fundición, ubicada al oeste de las minas, a unos metros del océano Pacífico, parecen dragones que no paran de inundar el cielo con sus bocanadas de humo espeso.

El exdirigente sostiene que durante el gobierno de Velasco, el Estado obligó a la Southern a indemnizar a los agricultores del valle de Ilo, que eran productores de aceitunas, porque el humo estaba matando los frutos de los olivos. Hubo una protesta de los agricultores porque la empresa no quería pagarles lo que la ley establecía. Ante esto, los agricultores del valle de Tambo también reclamaron por los daños que les ocasionaban los humos. El dirigente añade: “La empresa les dijo que a ellos no les tocaba nada porque estaban fuera del área de influencia de la empresa. Por eso, el conflicto por Tía María tiene una indignación acumulada desde entonces”.

En el año 1985, Southern firma un acuerdo con el gobierno peruano para renovar su fundición. Los equipos son modernos, las plantas de ácido sulfúrico y de oxígeno también. La renovación concluyó el año 2007. Colocaron medidores con alarmas que sonaban cada vez que los indicadores de humos sobrepasaban los límites permisibles. Cuando eso ocurría paraban los hornos. Eso aminoró la contaminación, pero no acabó con ella. Un año después, un informe publicado por el Observatorio de las Empresas Transnacionales (OET), ennumera una serie de daños causados por las emisiones de dióxido de azufre que emite la fundición. Uno de ellos es el deterioro de la calidad de aire que produce una alta tasa de problemas respiratorios y cancerígenos. Otro es la sulfatación de los suelos que produce bajo rendimiento de los cultivos. Y finalmente, la presencia de la lluvia ácida que se esparce hasta 300 kilómetros a la redonda.

Un caudaloso y hediondo río
Los relaves de la actividad minera - estas mezclas de rocas, tierra, ácidos y venenos - siempre son difíciles de esconder. Si hubiera una alfombra, los ocultarían debajo; pero como la naturaleza no se los permite, los transportan por canales de conducción a través de las quebradas. El peligro de un derrame siempre está latente. Ya una vez este líquido pestilente se filtró en el suelo de la quebrada de Cocotea y contaminó las acequias, campos de cultivo y reservorios de Villa Verde.

Estos desechos tóxicos se producen luego de que se tritura el mineral en una chancadora y se les pulveriza en unos molinos. Para hacerlo se necesita mucha agua. El mineral que se consigue contiene partículas de cobre, molibdeno y otros minerales que no tienen valor económico. Para ello se utilizan reactivos químicos como cianuro y arsénico. El concentrado de cobre se transporta a la fundición de Ilo por tren. El 30% del agua es recuperada en tanques y se vuelve a utilizar; el otro 70% debe ser escondida, camuflada o eliminada de alguna manera. Los relaves de Toqepala y Cuajone debieron ser almacenados, como ocurre en la mayoría de minas de tajo abierto; pero en este caso, a la empresa Southern no se le ocurrió mejor idea que tirarlos al mar.

Así, 21 kilómetros antes de su desembocadura, el río Locumba soportaba un torrente contaminante y se volvía un basurero donde echaban los relaves que llegaban de Toquepala y Cuajone. Ese río tóxico llegaba a la bahía de Ite, ubicada en la provincia de Jorge Basadre. Durante 35 años, diariamente, se arrojaron 119.000 toneladas de estos desechos. Según un documento elaborado por el proyecto ERMISA ( Environmental Regulation of Mine Waters in South America), se trata de un importarte caso de contaminación por incremento de sólidos en suspensión, disminución de oxígeno y presencia de metales pesados.

Se formó una playa fangosa y verde que crecía cada año. Aproximadamente 300 kilómetros cuadrados quedaron contaminados. Según el mismo estudio, los relaves de menor granulometría terminaban en el fondo marino y sepultaban los sedimentos marinos ricos en materia orgánica. Pero esto no era todo: Un promedio de 2,000 toneladas métricas al día de escoria proveniente de la fundición, fueron arrojados al mar durante 22 años, lo que causó el deterioro de cinco kilómetros de litoral marino. Desaparecieron los peces y los crustáceos, que no resistieron la vida en aguas con altas concentraciones de arsénico, cadmio, plomo, cobre y cianuro. 

Algo más que la fundición de Ilo desechaba era el mate, una costra negra que quedaba cuando se extraía el cobre, en el camino al valle del Tambo. Lo acumulaban y lo metían en un tren que iba dejando esta huella pegajosa a lo largo del litoral. Ésta es otra molestia de larga data que estos agricultores de Tambo han tenido guardada.

La recuperación de la bahía fue una bandera de la lucha social que recién vio resultados en el año 1985, cuando la empresa detuvo la descarga de escorias y, en 1995, cuando los relaves se empezaron a almacenar en el dique de contención de Quebrada Honda. 

Un poco tarde, ¿no? Las zonas impactadas han quedado destruidas. No sirven para la pesca; ni siquiera para que la población disfrute de la playa. Por otro lado, un informe técnico del año 2004 reveló que se estaban generando líquidos en el depósito de relaves. La política del parche que cubre el chupo siguió reinando.

Ollanta, ¿te acuerdas de Locumba?
Contrario a lo que pueda pensarse, por la suerte que está corriendo su proyecto Tía María, Southern es una empresa afortunada: tuvo el extraño privilegio de ser la única en su rubro en no ser estatizada por Velasco. A pesar de todas las denuncias, sanciones y conflictos con la población se ha mantenido vigente por más de medio siglo.

Una de las víctimas de esta explotación minera es la provincia de Candarave, en Tacna. Sus pobladores se quejan de la paulatina ruina de sus fuentes de agua, la pérdida de su producción y de haber recibido una compensación insignificante. No se encuentran considerados en el área de influencia de la mina a pesar de ser los proveedores de agua.

Candarave se encuentra en la cuenca Locumba, que es una de las más afectadas. Se le ha otorgado a Southern la licencia para utilizar 1,950 litros de agua por segundo ( 510 de aguas superficiales y 1,400 litros de agua subterránea.) “¡Imagínense tanta agua! Esto ha afectado especialmente al río Callazas que abastecía nuestra irrigación de 8,800 hectáreas”, refiere Félix Laura, presidente de la comisión de regantes del distrito de Quilaguani, en dicha provincia. Desde hace muchos años su comunidad viene luchando porque se haga una revisión de la licencia, ya que- de acuerdo a su demanda- no es posible que la empresa se lleve agua dulce para su explotación y que a ellos los vayan dejando paulatinamente sin agua.

Laura dice que ellos no están en contra de la minería, ni tampoco piden que se vaya Southern. Total, ya hace mucho que están en la zona y no pretenden entablar una lucha estéril. Lo que piden es que no les malogren sus actividades básicas: la agricultura y la ganadería, sobre todo ahora que el Estado ha aprobado el proyecto de la ampliación de Toquepala.

Despúes de que el río Locumba sufriera los embates descritos anteriormente, y la agricultura se fuera a pique, los productores de la cuenca se concentraron en la ganadería. Esta región se convirtió en la tierra del famoso cordero candavereño, que tanto se ha celebrado en las últimas ediciones de Mistura. Pero ahora su crianza ha disminuido de manera considerable. “Teníamos miles de cabezas de ganado vacuno, entre ellos nuestro cordero de Candarave. Antes, el que menos tenía de 100 a 200 cabezas, ahora máximo tiene entre cuatro y cinco. Las tierras las tenemos aquí, pero no hay agua para regarlas. Los jóvenes han emigrado a Tacna”, se queja un poblador.

Lo mismo ocurre con la agricultura. Sus tierras antes producían maíz, papa, y habas para la venta. Ahora solo alcanza para el consumo. La producción de maíz ha sido la que más se ha afectado. Ha disminuido en 70%. De las 8,800 hectáreas solo pueden regar el 50%.

Félix Laura sostiene: “La Southern es la responsable de haber disminuido considerablemente el agua en las lagunas Aricota y Suches y de haber secado la laguna de Vizcachas”.

En la laguna de Aricota funciona una hidroeléctrica que provee de energía a la mina de Toquepala. Hasta hace algunos años, esa laguna tenía capacidad para 800 millones de metros cúbicos de agua: ahora no llega ni a 120. En el nuevo proyecto se ha previsto que se extraerá 1,950 litros por segundo de la languideciente laguna Suches y sus pozos perforados. “Nosotros hemos tenido una licencia para hacer irrigación de 3,000 litros por segundo del rio Callazas. El 2002 llegamos a tener licencia de 2,346 litros por segundo. En estos momentos no contamos ni con mil. El rio disminuye porque Southern tiene 12 pozos perforados y de ahí bombea para Toquepala y Cuajone. Lógicamente tiene que disminuir, la afectación es directa” señala el presidente de la comisión de regantes.

Los pobladores de Quilaguani quieren que les devuelvan sus aguas y se cumpla con la ley, para que la ampliación de Toquepala pueda desarrollarse.

Una de las alternativas para que el proyecto funcione con agua de mar desalinizada. La misma solución que está planteando Southern en Tía María, luego de tres muertos y a seis años de su primer Estudio de Impacto Ambiental. Otra posibilidad es captar el agua azufrada que les malogra sus sembríos. Podrían captar 2,000 litros por segundo. O hacer el trasvase del río Desaguadero. Todas estas alternativas presentan un gran problema para la empresa: suponen una mayor inversión.

Siendo Candarave la provincia que provee de agua a Southern para su explotación, no está considerada en el área de influencia de la mina. Por eso lo que reciben como parte de la repartición conjunta es una cantidad irrisoria en comparación de lo que dan, del perjuicio y del beneficio que reciben otras comunidades. Mientras que sus vecinos de Ilavalla reciben 40% de canon ( 27 millones de soles el año pasado), Candarave solo recibió dos millones.

La multas de Southern
No siempre esta empresa ha actuado con impunidad, sino más bien con cinismo, y ello se refleja en la cantidad de sanciones de las que ha sido objeto: doce multas desde que se creó la OEFA, en el año 2008. Cinco de ellas por procesos administrativos debido al incumplimiento de normas de protección ambiental, tres por incumplimiento del instrumento de gestión ambiental, dos por incumplimiento de las disposiciones administrativas y otras dos por incumplimiento de normas referidas a los residuos sólidos.

En total, la suma asciende a 530, 745 dólares, que termina siendo una bicoca en relación al perjuicio causado y, sobre todo, a la inversión que supondría evitar estas irregularidades. La vulneración de la normatividad ambiental termina siendo una opción muy rentable. Mucho más cuando se tiene un Estado que se pone del mismo lado del mostrador y ha reducido las multas de la OEFA en un 50%.

En el año 2010 el alcalde de Candarave, Mario Copa Conde, denunció que su provincia se encontraba al borde de la desertificación (pérdida de la capacidad de producción de un suelo), y pedía que los doce pozos que extraen agua del subsuelo dejaran de bombear. Dieciséis años después, los pozos siguen intactos. El Estado, lejos de tomar medidas para revertir esta catástrofe ambiental, insiste en hacer oídos sordos a los cuestionamientos de la población respecto a la ampliación del proyecto de Toquepala.

Un pasado que no pasa
Con Southern no es suficiente la frase “su pasado lo condena”. Los hechos relatados vienen a ser una suerte de madre del cordero que explican el resentimiento y la desconfianza de la población que se rebela al proyecto Tía María. No son un mal recuerdo sino, más bien, expresión muy actual de cómo se relacionan con la población.

En Tía María, el primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue declarado inadmisible por el Estado, debido a su inconsistencia advertida y rechazada por la población. Tuvieron más de cinco años para estructurarlo bien, pero nada. No es solo que la población ya no les crea, sino que el propio documento dejaba muchas dudas.

El Observatorio de Conflictos Mineros de Cooperacción encontró una serie de incongruencias en un estudio que estuvo oleado y sacramentado. Pero no fueron los únicos. El propio Ministerio de Energía y Minas realizó 138 observaciones cuyas respuestas no dejaron satisfechos a los pobladores.

Según Ana Leyva, de Cooperacción, hay tres deficiencias graves: que no se brinda mayor información sobre la presencia de oro en el yacimiento; que no existe garantía de que la cantidad y calidad del agua alrededor del proyecto no serán afectados negativamente; y que no existe garantía de que habrá un adecuado plan de manejo ambiental de la planta de desalinización de agua de mar.
El caso de la salmuera es especial porque tiene que ver con uno de los principales ofrecimientos de la empresa: la desalinización. En el proyecto se contempla devolver la salmuera al mar, lo cual puede tener consecuencias funestas para la ecología. El ministerio, preocupado por ello, recomendó que se hiciera un ensayo de ecotoxicidad con bioindicadores como la artemia franciscana. La empresa le tiró arroz a la sugerencia: “ En lugar de realizar un ensayo de ecotoxicidad, se implementará un programa de monitoreo ambiental participativo. ¿Por qué insistir en echar la salmuera al mar? ¿Por qué mejor no hacen sal para almacenarla y venderla?”, se pregunta la especialista.

Hay observaciones hechas por el Ministerio de Energía y Minas que parecen las correcciones de un examen escolar. En la número 21, por ejemplo, solicitan precisiones sobre la ubicación de los componentes del proyecto y que se adjunte un mapa sobre la ubicación. “La ubicación de lugares como la cancha chancadora deben ir en el resumen ejecutivo. ¿Cómo generas una relación de confianza si levanta suspicacias con este tipo de cosas? ”, concluye Leyva.

Por su parte, José de Echave, exviceministro de Ambiente, considera que el Estado debe ser más riguroso en las evaluaciones de los EIA y muy drástico cuando el propio estudio tiene falencias. “El Estado podría haber declarado inadmisible el EIA de Tía María porque faltaba tal o cual información; no digo desaprobar, pero si declararlo inadmisible para darle un mensaje a una empresa que sabemos no tiene los mejores antecedentes en el país”, manifiesta.

A esto hay que añadir que los funcionarios encargados de ver los EIA están muy presionados por aprobarlos. Ahora solo tienen 45 días para dar un veredicto. Y, por lo general, siempre es favorable a la empresa. Se trata de documentos de miles de páginas. Los funcionarios no se dan abasto, y si se demoran deben afrontar sanciones muy duras. En el anterior gobierno se llegó a aprobar un promedio de 265 informes al año.

“Uno se da cuenta que muchos EIA son unos mamarrachos porque se hacen bajo la hipótesis de que nadie los va a revisar. Son un copy- paste. Algunos están escritos por partes en castellano e inglés. Jalan información de otros documentos porque nadie los revisa con rigurosidad”, advierte José De Echave.
Lo que está ocurriendo en Islay estaba cantado. Uno tras otro, los gobiernos se fueron pasando esta papa caliente hasta que llegó al rebelde de Locumba. Ahora el levantamiento es contra él.