La ejecución de proyectos extractivos mineros, petroleros, forestales, etc. y de proyectos de infraestructura pública en territorios de pueblos indígenas y en general en zonas andinas y amazónicas, genera un conjunto de violaciones y afectaciones a derechos fundamentales y bienes jurídicos constitucionales, que consideramos que no están debidamente reflexionados y analizados por la comunidad jurídica.

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