Lo sucedido en las últimas semanas con las evaluaciones de los candidatos a la Junta Nacional de Justicia nos lleva a preguntarnos acerca de los estándares de conocimiento y probidad que debemos exigir en los futuros miembros de una institución crucial para el desarrollo del país. Este organismo autónomo cumple una función decisiva en una genuina democracia; elegir, ratificar y destituir a los jueces y fiscales del Perú. Por diversos motivos, ningún candidato ha logrado ganar una plaza. Necesitamos funcionarios públicos honestos, juiciosos y con una incuestionable vocación de independencia en el ejercicio de su labor.