Cuando se inició el actual gobierno, la entonces ministra de Educación Patricia Salas propuso una recuperación del Proyecto Educativo Nacional (PEN), para implementar su ejecución, dando prioridad a las políticas sobre el aprendizaje (recordemos el lema “que nadie se quede atrás”), la normatividad acerca del personal docente, unificando la legislación del profesorado – pues existían dos normas – y la gestión en los centros educativos, proponiendo que la misma sea descentralizada, participativa e intersectorial.

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