Recientemente uno de los exministros de Justicia del gobierno de Alan García (2006-2011), Aurelio Pastor, fue condenado judicialmente por el delito de tráfico de influencias a cuatro años de cárcel efectiva, por haber ofrecido a una alcaldesa de entonces influir sobre algunas altas autoridades para que la beneficien con sus decisiones, a cambio del pago de una suma de dinero.
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Desde que la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente la existencia de una pandemia ocasionada por el Covid-19, los Estados de la región han venido tomando una serie de medidas de distinta índole para afrontarla, incluyendo algunas que limitan expresamente derechos fundamentales. Cuarentenas obligatorias, restricciones a la libertad de circulación y de reunión, cierre de fronteras, suspensión de labores en el sector público -incluyendo el poder judicial-, postergación de elecciones, son solo algunas de las medidas tomadas para responder a la crisis.