Vivimos una de las crisis sociales y políticas más profundas de nuestra historia republicana. Nuestro país ha sufrido los embates de una pandemia que ha cobrado miles de vidas humanas, enlutando a las familias peruanas.
A punto de cumplirse dos años de la gestión del presidente Humala, uno se pregunta seriamente por la dirección que ha tomado o habría de tomar su Gobierno.
La aprobación del Gobierno del presidente Humala desciende en las encuestas, y esta noticia se convierte en el titular del fin de semana. El oficialismo, nervioso, se entrampa en una serie de escaramuzas con los líderes principales de los partidos políticos con representación en el Congreso. Cada semana aparecen nuevos sondeos de opinión, y la tendencia es la misma: las autoridades pierden popularidad.
Causa curiosidad las similitudes existentes entre los presidentes Valentín Paniagua y Martín Vizcarra. Ni Vizcarra ni Paniagua eran limeños. Ninguno de los dos formaba parte del stablishment político de la élite limeña, en un país centralista y discriminador del “provinciano”. A la vez, ambos llegaron a la presidencia no por haber sido elegidos, ni tampoco por haberlo querido en primera instancia sino porque las circunstancias los colocaron en esa posición.
Ninguna persona que tenga convicciones democráticas podría celebrar la disolución del Congreso. Una medida como esa por principio debilita las instituciones y resiente el equilibrio de poderes. Sin embargo, tomando en cuenta la grave situación que enfrentamos hoy, se trata de una decisión necesaria, que ha sido llevada a cabo respetando las reglas de la democracia y las exigencias de la ley. La tesis de que este acto se asemeja al autogolpe de Fujimori no se sostiene en absoluto.
Vivimos en medio de una crisis política. El presidente de la República ha propuesto al Congreso adelantar las elecciones generales al 2020, interpretando acertadamente las circunstancias actuales, como la razonable indignación ciudadana frente al vergonzoso espectáculo de grupos políticos protegiendo sin pudor alguno a personajes involucrados en casos de corrupción. “Que se vayan todos” se ha convertido en un mensaje claro de la ciudadanía de desaprobación a nuestra decrépita “clase política”.
Gonzalo Portocarrero nos ha dejado y esa ausencia deja un vacío que se siente muy hondo. Era un intelectual honesto y riguroso, preocupado permanentemente por pensar y comprender el Perú en condiciones de libertad y creatividad. Siempre dispuesto a empezar de nuevo, Portocarrero estaba convencido de que los más acuciantes problemas de la vida en común requerían el trabajo articulado de diversas disciplinas, él se propuso ir más allá de la matriz epistémica de su disciplina –era sociólogo de formación– para entablar un fructífero diálogo con las Humanidades y las artes con el fin de examinar fenómenos tan complejos como la idea de cultura, el integrismo, el mal, la etnicidad o la consistencia de nuestras visiones del mundo.
Lo sucedido en las últimas semanas con las evaluaciones de los candidatos a la Junta Nacional de Justicia nos lleva a preguntarnos acerca de los estándares de conocimiento y probidad que debemos exigir en los futuros miembros de una institución crucial para el desarrollo del país. Este organismo autónomo cumple una función decisiva en una genuina democracia; elegir, ratificar y destituir a los jueces y fiscales del Perú. Por diversos motivos, ningún candidato ha logrado ganar una plaza. Necesitamos funcionarios públicos honestos, juiciosos y con una incuestionable vocación de independencia en el ejercicio de su labor.
Cada vez que vuelvo a las primeras páginas de Conversación en La Catedral – una novela crucial para pensar el país – me provoca un cierto desconcierto la decisiva pregunta de Zavalita: “¿En qué momento se había jodido el Perú?” [1]. Se formula la pregunta en medio del caos de la avenida Tacna en los años cincuenta. Se trata de una cuestión temporal (“¿Cuándo?”), que invita a revisar la historia de la sociedad para identificar algún evento, alguna etapa, alguna situación crítica en la que todo empezó a descomponerse.
En nuestros días se viene librando una genuina lucha cívica para consolidar el imperio de la justicia en el país. Personajes públicos como el juez Concepción Carhuancho y el fiscal Pérez han demostrado que en el Perú ya no hay intocables cuando se trata de políticos sobre los cuales pesa alguna sospecha en materia de corrupción.