En el Perú existe una larga tradición de investigar a los gobernantes al culminar sus mandatos. Prueba de ello son las facultades constitucionales de “examinar” las acciones de gobierno en los primeros años de la República y el “juicio de residencia”, figura colonial que se recuperó por un corto periodo en el siglo XIX. Así como fue con Fujimori, Toledo y García, hoy Humala está bajo investigación desde diferentes frentes.

El Perú es fujimorista, aceptémoslo. Por fujimorista no me refiero necesariamente a militar o simpatizar con la familia Fujimori o Fuerza Popular. Creo que la voz “fujimorista” hoy refiere más cosas, específicamente la nueva cultura política-popular dominante que, a falta de mejores estudios, podemos definir con los siguientes conceptos: autoritaria, clientelista, asistencialista, conservadora, católica-cristiana, machista, homofóbica y achorada.

La inestabilidad como característica intrínseca que, de alguna manera, comparte con los anteriores gobiernos que surgieron luego del desmoronamiento del régimen fujimorista es lo que podría describir a la administración PPK, hasta el momento. Habría que agregar –ya como particularidad- la rapidez del desgaste.

El día 5 de junio 2017 se celebró el octavo aniversario de ese masacre entre policías y indígenas awajún y wampís que toma el nombre de Baguazo.

A casi un año de iniciado el gobierno de PPK, ninguna medida en materia laboral ha generado tantas reacciones y polémica como el Proyecto de Ley de Empleo Juvenil presentado por el Ejecutivo. Las medidas anunciadas por el ministro de Trabajo, en diversos momentos y medios de comunicación (un par de decretos legislativos y dos proyectos adicionales en el Congreso), han pasado desapercibidas para el gran público y no han merecido la atención que recibió esta iniciativa que marcó la agenda laboral de la actual gestión.

A partir del libro “Los Hombres me explican cosas” de Rebecca Solnit, reflexionaba sobre los recientes casos de violencia contra la mujer que se han presentado en el país. Situaciones que afectaron la integridad física, emocional y mental de las mujeres que fueron víctimas de graves agresiones por parte de sus parejas y, que en algunos casos llegaron hasta la muerte.

Aplicar o no la prisión preventiva (desde ahora se le llamará PP) significa decidir si una persona acusada de cometer un delito debe enfrentar el proceso judicial en libertad (aunque con obligaciones y restricciones) o desde la cárcel. La regla debe de ser en libertad, ya que, por la presunción de inocencia, solo los que están condenados deben ir a prisión. Sin embargo, hay excepciones a esta regla, como es el caso justamente de la PP.