Escrito por Carmen Ilizarbe Pizarro Revista Ideele N°233. Octubre 2013

La reconciliación fue uno de los propósitos de largo aliento de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), y quizá por ello uno de los más imprecisamente delineados en el Informe final (IF), en el que se enunciaba como un objetivo general que se proyectaba hacia un futuro lejano e incierto, que debía asentarse en acciones y decisiones colectivas en el presente, que a su vez atendieran los urgentes reclamos de nuestro pasado cercano.

A 10 años de presentado el IF de la CVR, y a más de 30 de iniciado el conflicto armado interno, pienso que el futuro que parecía lejano e incierto nos ha alcanzado, porque es evidente que aun si postergamos la toma de decisiones políticas que asuman con convicción el camino de la reconciliación, no por eso dejamos de hacer, de fabricar colectiva, aunque silenciosamente, nuevos pactos sobre la base de los cuales reconstruimos formas de relación social y política, nuevos vínculos. Quiero decir que también la inercia tiene consecuencias y que, en nuestro caso, un cierto piloto automático va delineando orientaciones sobre las que debemos pensar.

En este artículo quiero reflexionar sobre el concepto y el significado de la reconciliación en el Perú de la posguerra, en el marco más amplio del proceso de construcción de la memoria colectiva, para llamar la atención sobre algunos de los nudos y dificultades que enfrentamos en la actualidad.

Reconciliación, memoria colectiva y verdad

La CVR entendió la reconciliación como la reconstitución del pacto social y político, por la vía de la regeneración de los vínculos integradores de la sociedad y la comunidad política. Así, la reconciliación debía involucrar a la sociedad y al Estado en el objetivo de reconstruir los sentidos de identidad y solidaridad que darían sustento a una comunidad política integrada y a un Estado legítimo —o re-legitimado— como representante de esa comunidad política. Definida de ese modo, la reconciliación se planteaba como la reafirmación colectiva de una voluntad democrática desde la que se podría afirmar el nunca más (CVR 2003, IX: 13).

La reconciliación tendría que producirse en tres niveles distintos: político, social e interpersonal. En el primero, es “una reconciliación entre el Estado —incluyendo a las Fuerzas Armadas— y la sociedad, y lo es también entre los partidos políticos, la sociedad y el Estado” (CVR 2003, IX: 14). Esta definición invoca a una multiplicidad de actores en el terreno de las relaciones entre Estado y sociedad, aunque excluye a los grupos alzados en armas. Establecía por lo tanto como límite el de la comunidad política democrática que reconoce el Estado de derecho, planteando exclusiones que hoy es necesario discutir. ¿Habrá o no mecanismos de reincorporación a la comunidad política? ¿Qué requisitos y límites se deben plantear a quienes quieran reintegrarse? La emergencia pública de MOVADEF generó rechazo y temor, y una propuesta de Ley de Negacionismo que no permitió una discusión seria sobre el tema.

Identificando también límites y dificultades, la CVR delineaba un horizonte al cual aspirar proponiendo que la reconciliación debía producirse en el contexto de un proceso de democratización que se asentara en el reconocimiento de la diversidad, el desarrollo de la interculturalidad, y que incluso explorara la idea del Estado multinacional y unitario. En esta propuesta, que equivale prácticamente a la refundación del Estado, la construcción de la ciudadanía es fundamental (CVR 2003, IX: 102-103).

Asimismo, establecía que la verdad y la justicia son requisitos fundamentales de la reconciliación, afirmando una relación transitiva entre ellas al plantear que la verdad es condición sine qua non para la justicia, y la justicia para la reconciliación (CVR 2003, IX: 17). Creo que es importante reflexionar sobre el concepto de verdad y el proceso de construcción de una memoria histórica que ésta supone.

La CVR produjo dos dimensiones de verdad que están interrelacionadas y son fundamentales para el proceso de la reconciliación en los términos en que se formuló. La primera, más bien descriptiva, corresponde a los hechos y circunstancias de cada uno de los crímenes cometidos durante la guerra y sus consecuencias en tanto daños individuales y colectivos. Este tipo de verdad se asocia claramente con la idea de la justicia retributiva y restaurativa que conllevan acciones en tribunales y en el ámbito de las políticas públicas.

La segunda, más bien explicativa, corresponde al análisis del proceso de la violencia como un hecho sociopolítico con causas y consecuencias en la propia sociedad peruana. Es esta dimensión explicativa de la verdad la que nos podría permitir elaborar una memoria colectiva, una narrativa que dé sentido y explique el proceso de la guerra y sus terribles consecuencias. En esa explicación, el pasado cobra un sentido (aunque no una justificación) que podría permitirnos una reflexión ética sobre el futuro.

Dice Alain Badiou que el carácter del sujeto político (entendido como sujeto colectivo) está dado por su capacidad de afirmar una verdad compartida, de la que se desprende un sentido también compartido sobre la justicia. Esa “verdad del colectivo como tal”, que es el significado que se le atribuye a la justicia, está a la base de sus orientaciones políticas y debe entenderse como una singularidad, pues responde a las características particulares del sujeto político y a su tiempo histórico. Así, el contenido de esa verdad varía, aunque su carácter fundamental no lo haga: el significado de la justicia es una verdad colectiva que se asienta en la capacidad humana de pensar intersubjetivamente (Badiou 2004: 70-71).

Esto quiere decir que nuestra lectura compartida del pasado nos permite afirmar un sentido compartido de justicia, un significado que no es general ni universal ni trascendente, sino que se refiere a una sociedad específica y a sus trances particulares. Esa verdad colectiva aún es objeto de pugna en el Perú, y su significado no ha sido todavía fijado, pues tanto los distintos actores participantes de la guerra como los herederos de ese tiempo reivindican sentidos distintos y confrontantes que no pueden hasta hoy desarrollar sentidos mínimos comunes. A esas discrepancias, muchas veces públicas, subyacen significados diferentes de justicia, y también visiones y recuentos distintos de lo que fue la guerra.

Sin embargo, el proceso de construcción de una memoria colectiva (o verdad colectiva) seguirá desarrollándose e instituirá nuevos relatos —quizá mitos— que no solo nos permitirán explicar el pasado sino que afirmarán las características del nuevo régimen en construcción y el proyecto colectivo. El proceso de construcción de la memoria histórica es por eso clave, y vale la pena señalar que es un proceso de larga duración en el que estamos ya inscritos quienes vivimos y sobrevivimos al tiempo de la guerra, pero que involucra progresivamente también a las generaciones que no hicieron ni vivieron la guerra pero que la heredan silenciosamente de nosotros, e incluso a otras más que estarán más distantes temporalmente pero que también tendrán algo que decir. En ellos y ellas radica en mucho la posibilidad de un nuevo inicio y de la renovación de la política a través de la recuperación de la pluralidad; pero, como bien señaló Hannah Arendt, esa posibilidad no puede afirmarse de antemano y requiere de un actuar consciente y concertado (Arendt 1998: 178).

Las dificultades de la verdad explicativa

Hoy tenemos que tanto la dimensión descriptiva como la explicativa de la verdad propuesta por la CVR no han logrado encarnarse en la sociedad, pues, desde su publicación, el IF fue cuestionado y rechazado por los distintos sectores señalados como responsables. Además, no tuvo la acogida social que hubiéramos esperado. Sea como fuere, lo más llamativo para mí es que en ese proceso conflictivo de recepción del IF la verdad explicativa ha tenido aun menos visibilidad que la verdad descriptiva. Y esto ha tenido y tiene un impacto en la forma en la que vamos procesando la memoria colectiva y reconstruyendo las relaciones sociales y la comunidad política. Vale la pena resumir muy brevemente los aspectos principales de esa verdad explicativa silenciada.

La CVR indicó con claridad que el conflicto armado interno fue resultado de la voluntad política del Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso (SL) de producir un cambio revolucionario a contracorriente de un proceso de democratización social y política que se iniciaba en el Perú a inicios de la década de 1980. SL desarrolló un discurso totalizador que exigía entrega y sumisión total a un proyecto autoritario y caudillista que hizo del terror su principal arma. En ese complejo contexto de sabotaje a una renaciente democracia por la que se había luchado en las calles y que había costado mucho reinstituir, SL logró avanzar y desencadenar un proceso de guerra y militarización social por más de una década gracias al proceso de “abdicación de la autoridad democrática” de las élites políticas y gobernantes que entregaron el manejo del conflicto a las Fuerzas Armadas, las que a menudo emplearon una lógica del terror similar a la desplegada por SL (Comisión de Entrega de la CVR 2008: 344). El tiempo de la guerra fue el del retroceso de la institucionalidad y la política democrática, hasta el punto en que al terminar con la captura de Abimael Guzmán en 1992 habíamos perdido también al Estado democrático.

La CVR señaló también otros factores que hicieron posible la extensión y duración del enfrentamiento: estructurales, como una “modernidad trabada”, que explican un desarrollo embrionario de la ciudadanía; institucionales, como la centralización y la debilidad del Estado, que explican los vacíos de poder y la pobre representación política, pero también la extensión de la pobreza en amplias zonas del Perú, particularmente en los Andes. Y vale la pena recordar que la CVR define la pobreza no solo monetariamente, sino también como carencia de recursos para acceder al poder político y simbólico que permite el estatus de interlocutor válido. Es fundamental, entonces, distinguir entre “quien tiene derecho a hablar, quien es escuchado, y a quien se le prestan oídos sordos” (CVR 2003, IX: 337). La CVR ratificaba así lo que sabemos hace tiempo: que la pobreza ha estado históricamente asociada a distintas formas de exclusión social, cultural y política que permiten su reproducción e impiden, en la práctica, el ejercicio ciudadano.

Un último ejemplo de las dificultades que tenemos para procesar la dimensión explicativa de la verdad propuesta por el IF de la CVR es el (no) reconocimiento del rol que jugó el racismo en la expansión y duración de la guerra. Como planteó claramente la Comisión, fue el perfil de las víctimas iniciales —y finalmente mayoritarias— de la guerra el que hizo posible que ésta se expandiera y durara tanto. Los asesinatos masivos y brutales de campesinos y campesinas quechuahablantes, pobres, habitantes de las zonas rurales andinas y amazónicas, fueron invisibles por años para la sociedad limeña, en la que se concentran las élites de poder y la clase política dirigente, que en conjunto fue incapaz de expresar solidaridad con las víctimas y más bien exhibió indiferencia o aceptación cínica de lo que consideraban un “costo social” inevitable (CVR 2003, IX: 344).

El racismo estuvo en la base de lo que la CVR denominó indolencia, y que constituye un factor fundamental en el proceso (CVR 2003, IX: 15). El racismo permitió también establecer un pacto implícito, silencioso, durante el tiempo de la dictadura que utilizó la política del miedo para legitimarse entre los sectores más poderosos y menos tocados por la violencia. Ese pacto fue el del intercambio de derechos por seguridad. Y fue más fácil porque se trataba de los derechos de otros, con lo que el pacto afirmaba la legitimidad de una ciudadanía diferencial según la cual algunos son más peruanos que otros, más ciudadanos que otros, más humanos que otros.

Como sabemos, la CVR señaló claramente que la guerra tuvo un factor étnico. Esto significa que las víctimas fueron predominantemente quechuahablantes, rurales y pobres, y que fueron víctimas tanto de SL como de las fuerzas del orden, y en ambos casos con un nivel de brutalidad y ensañamiento difícil de comprender y explicar. El factor étnico se expresó así en la deshumanización de estos peruanos a quienes no se podía imaginar dentro de la comunidad política, de la sociedad nacional y hasta del proyecto revolucionario. ¿Cómo describimos hoy el factor étnico en las relaciones entre Estado y sociedad? ¿Qué ha pasado con el pacto silencioso de la ciudadanía diferencial en el tiempo de la posguerra?

Reconciliación y posguerra

Después de los horrores de la guerra, ¿cómo se recompone una sociedad fracturada? ¿Cómo se pasa de la guerra a la paz? El concepto de reconciliación como pacto social y político puede ser engañoso, porque nos remite a la imagen de la teoría liberal contractual que “ficcionaliza” la fundación de la comunidad política y el Estado, y nos remite a ciertos presupuestos que no pueden ser garantizados, como la igualdad de los interlocutores, marcos significativos comunes a través de los cuales se concibe la justicia, así como una comunidad de intereses que articulan a la propia comunidad. Más bien, nosotros construimos todos los días las condiciones del nuevo sistema político, las formas de relacionarnos social y políticamente, y los términos de nuestro pacto en un contexto de relaciones de poder y sistemas de sentido que inciden en la orientación del pacto.

Foucault invierte el aforismo de Clausewitz —quien decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios— para plantear que en las sociedades contemporáneas la política es la continuación de la guerra por otros medios (Foucault 2008: 28). Es una afirmación muy fuerte, que a quienes hemos vivido una guerra hace tan poco tiempo tiene que llamarnos a la reflexión. ¿De qué manera ella marca nuestras formas de actuar, de relacionarnos, de vivir? ¿De qué manera transforma la guerra la política, o se prolonga en ella? ¿Qué marcas y aprendizajes le deja la guerra a la política?

Consideremos que antes que de la ficción contractual, la historia nos habla de las guerras fratricidas en la formación de los estados nacionales, que han sido luego mitificadas en largos procesos de transformación de la memoria colectiva en historia oficial, que a su vez articula una narrativa que informa la identidad nacional, la identidad integradora, y los términos en los que se establecen los vínculos solidarios, pero también los límites de la comunidad política.

Entonces, en vez de afirmar, corresponde preguntarnos por el proceso en el que estamos inscritos, y en el que se hacen visibles las marcas de la guerra en la reconstrucción de nuestras relaciones sociales y políticas. Estas preguntas deben responderse desde el contexto específico y desde los sentidos y marcos de sentido que se van generando en el proceso de reconstitución de la sociedad atendiendo a —y discutiendo también— la verdad explicativa planteada por la CVR.

Nuestro presente está tensionado entre los reclamos del pasado y la promesa de un futuro diferente. Pero la promesa del progreso parece exigir distintas formas de negacionismo, que en el caso de la verdad explicativa se traduce en negar las causas y consecuencias del conflicto armado interno. Cerrar los ojos para creer que podemos avanzar sin mirar atrás.

Pero eso es avanzar a ciegas, y también incompletos, no comunitariamente sino excluyentemente, lo que no ocurre sin conflictos porque se violentan voluntades y derechos y se ahondan las brechas que forman parte del origen de la guerra. Este complejo proceso de larga duración, de recomposición social y política, avanza de todas maneras, y debemos entender que la inacción es también una forma de acción.

Nuestras acciones cotidianas, sociales e institucionales, van recomponiendo una comunidad política y un pacto que excluye y segrega, y reproduce violencia. Por eso es fundamental pensar lo que hacemos y actuar y decidir responsablemente, como reclamaba Hannah Arendt, atendiendo a las marcas de la guerra en nuestra sociedad, reconociendo la legitimidad de las luchas por ampliar los márgenes de la comunidad política y cambiar los términos del pacto social, junto con quienes van transformándola también desde dentro, trayendo nuevos vientos.

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Referencias bibliográficas

Arendt, Hannah (1998). The Human Condition. Chicago: The University of Chicago Press.

Badiou, Alain (2004). Infinite Thought: Truth and the Return to Philosophy. New York – London: Continuum.

Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003). Informe Final. Disponible en: <http://www.cverdad.org.pe/ifinal/>.

Comisión de Entrega de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2008). Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú. Lima: CVR.

Foucault, Michel (2008). Defender la sociedad. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.