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La propuesta de reforma constitucional para adelanto de elecciones adolece de problemas muy básicos y problemas de fondo. Sobre lo básico, esta es inconsecuente con el sistema penal peruano porque excluye de los procesos de elección popular a las personas condenadas por delitos dolosos en primera instancia aun “hayan sido rehabilitadas”, lo que implica un recorte irrazonable a derechos políticos (ser elegido) y civiles (presunción de inocencia) fundamentales. El principal objetivo del sistema penal es la resocialización y en nuestro sistema de justicia las personas que cumplen sus condenas deben dejar de ser castigadas. Si se pretende quebrar estos principios debería tratarse de supuestos absolutamente excepcionales, por ejemplo, para delitos de lesa humanidad o corrupción de altos funcionarios públicos. De lo contrario, y solo a modo de ejemplo, dirigentes sociales que son criminalizados en contextos de protesta social podrían ser excluidos del sistema político; periodistas acusados de difamar o mujeres denunciadas por abortar podrían perder sus derechos políticos.

Otro problema básico de “la Propuesta” es la falta de mirada integral sobre la reforma política y el predominio de un enfoque cortoplacista. Para la propuesta, el problema fundamental de la crisis política es que los políticos actuales son inmorales, delincuentes y poco preparados. Entonces la solución es que se vayan todos y que los condenados no postulen. Pero los problemas son más estructurales: los partidos son vientres de alquiler, el financiamiento es turbio, las entidades que deben fiscalizar el funcionamiento de los partidos y la justicia electoral no lo están haciendo bien. Y es que, si el problema es solo moral, no estructural, entonces la solución sería moralizar la política. Pero tenemos una larga historia de partidos moralizadores, de “gente decente”, que con su sabiduría entró a la política para aleccionar a las masas ignorantes. Y el resultado no ha sido alentador en la mayoría de casos. El problema más que de moral es de ciudadanía, de derechos y deberes, de legitimidad y representación. Nuevas elecciones sin cambiar sustancialmente las reglas de juego de la competencia política es solo cambiar de jugadores. El psicoanalista Jorge Bruce, quizá de forma involuntaria, lo ha dicho muy claro: “No es que las elecciones garanticen nada, pero por lo menos tiremos la baraja de nuevo”.  Si la propuesta es tirar las barajas, entonces no es una propuesta, es una apuesta. La política como juego de azar. Y claro, muchos tienen esa falsa expectativa de tener las de ganar porque los aplauden los poderes mediáticos. Pero lo real es que tienen un umbral electoral bien limitado.

Además, la premisa sobre la que se funda la propuesta, la falta de legitimidad política, es muy discutible. Esta falta de legitimidad se sustentaría en tres factores: escándalos de corrupción, encuestas que muestran el rechazo mayoritario al Ejecutivo y Congreso, y nombramientos cuestionables de funcionarios cuyo mayor mérito es el carnet partidario o ser parte de redes patrimonialistas. Dejando de lado la discusión sobre la robustez de estos factores (los medios que difunden entusiastas los escándalos del gobierno se desacreditan todos los días por sus propios errores; malas encuestas en un país en donde los presidentes sobreviven con números en rojo dice muy poco de la falta de legitimidad política); imaginemos que, en efecto, son factores plausibles para un cambio de régimen a un año del gobierno. Si ese es el caso ¿cómo sucede ese cambio?

El problema de fondo

Más allá de los problemas básicos de la propuesta, esta adolece de un problema más de fondo: se formula como una solución política cuando en realidad no lo es. Es un intento de formalizar un acuerdo político que hoy es inexistente y en el corto plazo muy improbable. Imaginemos las diferentes relaciones causales que requiere para concretarse: recolectar firmas con la esperanza de que el Congreso apruebe su auto disolución y convoque a elecciones, y que personas virtuosas y decentes ganen esas elecciones. No hay que ser muy perspicaz para comprender que el Congreso nunca aprobaría, por una toma de conciencia divina, una reforma constitucional que los invite a irse a su casa. Y en el supuesto que se llegue a convocar esas elecciones es realmente poco probable que “los virtuosos” ganen las elecciones si las reglas de juego actuales favorecen a los que conciben la política como un negocio.   

Son las salidas políticas, no las institucionales, las que pueden superar una crisis generalizada en donde ni el Congreso ni el Ejecutivo tienen los incentivos para dar un paso al costado. Es decir, una vez que la movilización social, los acuerdos políticos, la capitulación de un bloque y la victoria de otro en la arena social y política obligan a aceptar el cambio de todos los jugadores del sistema político, solo a partir de ese momento las salidas institucionales sirven para dar viabilidad al surgimiento de una nueva hegemonía. Entre la crisis final de un gobierno y la salida institucional suele haber un largo camino de movilización social y represión estatal, de relaciones políticas antagonistas y agonistas. Entonces una salida institucional que obvia la etapa de disrupción política no solo es irreal, es conceptualmente vacía o incluso una contradicción en sí misma. Decimos que es conceptualmente vacía porque es una supuesta solución a la crisis política, pero, de antemano, renuncia a la política. Al ser una propuesta inviable en términos prácticos y obviar el proceso de politización de la sociedad más allá de los canales formales, no comprende que los cambios radicales de regímenes – y eso implica un adelanto de elecciones – requiere de movilización social disruptiva, persistente, dolorosa. Y quienes propugnan un adelanto de elecciones no muestran intención alguna de ensuciarse los zapatos. La propuesta es solo otro intento más de presión mediática, en última instancia, una moneda al aire a la espera de un escándalo que movilice a la gente. Para usar una metáfora, es poner la carreta delante de los caballos.

¿Qué hacer frente a la crisis política?

La incapacidad moral de Pedro Castillo, en los términos de lo prescrito en la Constitución Política, es un tema muy discutible y, aun así, hoy no se tienen los votos para aplicarla.  La incapacidad técnica tantas veces endilgada al mandatario por su “falta de preparación” no es un tema relevante en cargos de representación. De lo que no hay duda es de su incapacidad política para nombrar ministros idóneos, comunicar y responder a la sociedad, formar alianzas que sumen, tener una visión de país, en fin, hacer gobierno. Esta falta de capacidad política le va a pasar factura judicial en algún momento (ya sea por dolo o negligencia) y hoy está profundizando la crisis social y política. Los más afectados son, en última instancia, ese pueblo que dice representar y que no puede acceder a servicios básicos porque estos son gestionados por funcionarios más preocupados en sus redes patrimonialistas que en servir a la gente.

Sobre la mesa los diferentes bloques políticos formulan dos caminos, uno radical y otro institucional. El camino radical es el cambio de régimen. Esto puede darse a través de medios ilegítimos, desde golpe de estado abierto (como lo auspician militares en retiro) hasta vacancia basada en arreglos bajo la mesa para que bloques congresales asuman el poder tal como lo hicieron con Merino de Lama. Pero el cambio de régimen también podría darse con legitimidad social, por ejemplo, a través de movilizaciones nacionales que obliguen a los políticos a adelantar las elecciones generales. Esto requiere un profundo trabajo político. Articular las demandas ciudadanas de organizaciones sindicales, campesinas, usuarios de transporte público y otros sectores golpeados en su economía.

Por otro lado, el camino institucional implica usar los mecanismos vigentes de control ciudadano y político para hacer frente a los abusos y negligencias del gobierno. Interpelación de ministros, demandas de cumplimiento, entre otros. Aquí no se puede descartar la vacancia si es que esta tiene sustento ético antes que componendas políticas, es decir, si surgen situaciones de corrupción irrefutable que vinculen absolutamente al Presidente. En cualquier caso, el camino institucional ya sea por vacancia o renuncia debe derivar en la sucesión presidencial.

Lo paradójico es que los autoproclamados institucionalistas buscan el cambio radical sin hacer política desde abajo, sino desde su asumida erudición técnica. Y la izquierda progresista que promueve un proceso constituyente parece preferir el camino más institucional, es decir, mantener el periodo de gobierno ya sea mediante la sucesión presidencial o el “relanzamiento” del gobierno (que se refunda el gobierno con personas idóneas). Quizá sea momento de que ambos bloques, liberales de derecha y de izquierda, puedan comenzar una conversación seria sobre estos caminos y no afincarse en sus trincheras. Porque si no lo hacen habrá un recambio – ilegítimo- de gobierno, y se tratará de un recambio de conservadurismos, de uno racializado a uno racista y represor.[1] Y sabemos por la historia reciente que con ello no se termina la crisis política, sino que se pasa a una etapa más violenta y autoritaria.

[1] Roger Merino, “El (des)gobierno de Pedro Castillo: un conservadurismo racializado”:  https://www.patamarilla.com/2022/07/el-desgobierno-de-pedro-castillo-un-conservadurismo-racializado/