Escrito por Violeta Barrientos Revista Ideele N°302. Febrero – Marzo 2022

Cuando se produjo el resultado de la primera vuelta que situaba a Pedro Castillo frente a Keiko Fujimori -ambos con discursos a favor de la familia tradicional y contrarios al reconocimiento de derechos por el género- las colectivas y centros que componen el movimiento feminista se encontraron en un dilema. No fue fácil optar por el voto por Perú Libre, un partido que se contradecía en relación a lo que entendía como políticas de participación de las mujeres y enfoque de género.

Luego de muchas discusiones, la mayor parte del movimiento decidió apoyar a Castillo, al encontrar más puntos en común con sus ofrecimiento y significado: mayor representación regional e interés en cambios al modelo económico que pudieran devolver derechos a la ciudadanía así como el sentimiento de ser una comunidad libre de todo tipo de exclusiones, tal y cual se enumeran constantemente en los pronunciamientos feministas: por sexo, raza, orientación sexual, identidad de género, edad, capacitismo, entre otras.

La fisura entre la costa y el interior del país tras la cordillera, explicaba de algún modo el poco entendimiento entre movimiento feminista y voceros del partido ganador de la primera vuelta. Por feminismo parecían entender una postura frívola que solo aspiraba a tener mujeres en la representación política por el solo hecho de serlo. Por enfoque de género, una innecesaria discriminación positiva de las mujeres, más individualista que otra cosa. Por derechos sexuales y reproductivos, superficialidades en un país de grandes carencias económicas, donde lo esencial es sobrevivir.

Alexandra Kollontay, feminista comunista, decía que la familia patriarcal, presidida por un padre-amo cuya voluntad era ley para todos los demás miembros de la familia, todavía pervivía en la sociedad campesina, lo que no era ya posible en la familia obrera urbana. Si hoy existe una discriminación positiva en favor de la mujer como conquista del movimiento de mujeres, es porque ellas han denunciado a la familia como lugar de violencia física, sexual y económica, en la que a causa de la autoridad patriarcal, las relaciones son desiguales, perjudicando así el desarrollo vital de las mujeres, por lo general predestinadas a solo cumplir una función reproductiva; la de ser madres, a cualquier edad, con o sin su voluntad.

Históricamente, el feminismo ha buscado una reivindicación de la mujer como sujeto, con derechos políticos, civiles, económicos, sexuales y reproductivos, no solo individualmente sino en el marco de una sociedad con justicia social. Sin embargo, junto al feminismo que aspira a la justicia social a partir de una crítica al sistema económico -en particular, el capitalista neoliberal que necesita de la familia para suplir la ausencia del Estado- existe una falsa apelación de “feminismo” que se conforma con acomodar a mujeres en puestos de dirección económicos y políticos sin cuestionar en forma alguna al sistema socioeconómico que deja al resto de mujeres a la base de la pirámide social.

Otra forma de reproducir un “feminismo acotado”, es la de limitarlo al rol de denuncia de la violencia exigiendo castigo, creyendo que el punitivismo es una herramienta principal del cambio social. El rechazo a la violencia ha logrado hacerse de consenso social como signo de “modernidad”, de manera que es coreado por mujeres de distintos estratos sociales, nuevamente, separando la violencia del cuestionamiento de un orden social, económico, político o cultural. Sin embargo, el rechazo a la violencia también ha servido para instaurar un discurso de cancelación que puede ser incluso instrumentalizado contra cualquier rival político.

El primer día de febrero de 2022, al nombrarse el gabinete Valer, las denuncias en su contra por violencia contra la mujer, empezaron a remecer a varios ministros.  Al mismo tiempo, una ministra pro familia y contraria al enfoque de género ocupaba la cartera de la Mujer, presagiando lo que tendría que ser irremediablemente un revés para los avances en cuanto a derechos de la mujer. La conclusión de estos cambios en el gabinete era que, para el Gobierno, la violencia era parte del paisaje natural peruano, y que el sujeto mujer era irrelevante salvo en ser parte de la estructura familiar.

El rechazo al gabinete Valer mostró sin embargo, la instrumentalización de la no violencia contra la mujer de parte de los sectores políticos contrarios a Castillo. La condena a la violencia,  unida a la escasa estatura de su gabinete, tuvo un pronto impacto mediático. Poco o nada se oyó decir en relación a quien ocupaba el Ministerio de la Mujer y al riesgo que significaba retroceder en materia de las políticas públicas en curso a favor de un enfoque de género. El movimiento feminista sí se apresuró a realizar protestas en la calle para urgir al Gobierno detenerse en este giro aciago.

Castillo abdicó del gabinete y el 8 de febrero, nombró a su ministro de Justicia, Aníbal Torres, como Premier e intentó rápidamente rehacerlo deshaciéndose de la incómoda figura del premier Valer. El cambio de la Ministra de la Mujer, Kathy Ugarte, no se procesó sino a última hora. Fue así que el mismo día de la juramentación, mientras se realizaba un segundo plantón feminista en la puerta del MIMP  hasta las cinco de la tarde,  la posibilidad de que una figura feminista ocupara la cartera no se vislumbraba en el horizonte. Abruptamente, a dos horas de llevarse a cabo la juramentación del nuevo gabinete, el pedido de ocupar el MIMP llegó a tener la respuesta positiva de una de las compañeras feministas, Diana Miloslavich.

La aceptación de Miloslavich al cargo, generó por obvias razones, el furioso rechazo de quienes preferían aislar a Castillo bajo la acusación de la violencia de género y dañar aún más su credibilidad. En las filas feministas, la aceptación causó más bien desconcierto en un primer momento, pero luego se entendió que había que salvar al MIMP inmediatamente de la amenaza cernida desde el Ejecutivo y desde el Legislativo que ya cuenta con un proyecto de cambio de nombre a la par de otro que anularía el enfoque de género del currículo escolar. No ha significado una alianza o un respaldo al Gobierno del presidente Castillo. De ninguna manera se trató de un nombramiento concertado con un gobierno de ancha base, sino que dejó la impresión de que ciertos ministerios fueran intrascendentes en cuanto a proyección política, en un momento en que la informalidad política se hace del poder a fuerza de lograr con componendas los votos necesarios y se impone a figuras ministeriales no por el bien común del Estado sino por la búsqueda de un beneficio propio.

Esto último es lo que movilizaría al feminismo a futuro. Las demandas de las mujeres son aún un campo de disputa, estas se vinculan -por la problemática de la reproducción y los cuidados- al tema económico, a lo que habría que añadir la precariedad que viven las mujeres en el sistema productivo, en este país donde prevalecen las mismas formas y discursos desde 1990. El momento crítico en que se encuentra la política peruana, muy lejos de la búsqueda del bien común, llama a posicionamientos urgentes.  El movimiento feminista tendría que asegurar el salto cualitativo de la demanda social a la política, y encontrar aliados entre las fuerzas sociales y políticas para hacer frente a las exigencias que requiere la recuperación de lo político en el Perú.